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De Gregorio afirma que deterioro fiscal comenzó durante Gobierno de Piñera: viene «sin parar desde 2011» y «mayor deterioro ocurre en los años 2013 y 2014» Dice que el déficit actual es «históricamente elevado y preocupante»

De Gregorio afirma que deterioro fiscal comenzó durante Gobierno de Piñera: viene «sin parar desde 2011» y «mayor deterioro ocurre en los años 2013 y 2014»

Ex presidente del Banco Central señaló en una presentación que, durante el actual Gobierno, parte del deterioro fiscal ha sido compensado con un aumento de la carga tributaria, pero no ha sido suficiente para reducir el déficit. Destaca que el recorte en la calificación soberana de Chile realizada por S&P «no debiera ser una sorpresa, era una crónica de un downgrade anunciado», pero añade que, con todo, nuestro país sigue con una clasificación de riesgo «muy buena». Alerta que el Ejecutivo no podrá cumplir con el objetivo de su programa de volver al balance estructural en 2018, que era lo que se contemplaba como un objetivo razonable para el largo plazo y apunta a que «el problema fiscal de Chile no es de capacidad de pago sino que de disciplina fiscal».


Con solo 7 meses restantes del Gobierno de Michelle Bachelet a cuestas, comienzan los tiempos de balances y José De Gregorio, ex presidente del Banco Central, ya tiene sus primeras conclusiones en materia fiscal.

En una presentación realizada por el economista, indicó que «Chile ahorró mucho durante el boom del cobre, parte de lo cual se usó para una inédita expansión fiscal en 2009, durante la crisis financiera internacional», pero añade que, desde ese tiempo, el balance fiscal «se ha venido deteriorando sin parar desde 2011, cuando el superávit era de 1.3 puntos del PIB. El mayor deterioro ocurre en los años 2013 y 2014 con una caída en torno a un punto del PIB por año», refiriéndose a los últimos 2 años de Gobierno de Sebastián Piñera.

«En lo más reciente se espera que el déficit llegue a un 3 por ciento del PIB. Esto es históricamente elevado y preocupante», apunta frente a este escenario.

Describe que, durante el actual Gobierno, «el gasto corriente (y total) sobre PIB ha aumentado en 1.8 por ciento del PIB, mostrando una tendencia de mayor crecimiento que la del PIB. Esto era esperable, pues se proponía subir la carga tributaria para esta expansión. Sin embargo, el deterioro fiscal ha ocurrido incluso con los impuestos subiendo».

Recalca que desde el 2011 «el gasto corriente ha venido aumentado como proporción del PIB, es decir, todos los años ha crecido, en términos nominales, más rápido que el PIB. Por su parte, el gasto total como proporción del PIB ha venido creciendo desde 2013».

Destaca, asimismo, que el deterioro del balance fiscal a partir de 2010 se explica en parte por la fuerte caída de los ingresos mineros, compensado solo en parte por la reforma tributaria a partir de 2015, pero que «no ha sido suficiente para reducir el déficit».

«Esta habría rendido entre 1.5 y 2 puntos del PIB desde 2015», precisa, pero aún así apunta a que «parte importante del deterioro fiscal, en particular en los años 2012-2013 y 2016, se debe a la caída de ingresos de la minería».

Dice que, de seguir con déficit fiscales de la magnitud de los registrados recientemente, la deuda bruta se espera que continúe subiendo.

Pese a esto, destaca que Chile sigue siendo un país de deuda muy baja, solo superado por Estonia en la OECD. Aún así, el ex presidente del emisor alerta respecto a que «el problema fiscal de Chile no es de capacidad de pago sino que de disciplina fiscal».

Su conclusión es que la caída del precio del cobre y la desaceleración económica, que afectaron los ingresos del Ejecutivo, tienen más que ver con que «nos acostumbramos a gastar pensando en un precio del cobre más alto».

Crónica de un downgrade anunciado

Frente a la reciente baja en la calificación soberana realizada por S&P, que rebajó la nota de Chile desde AA- hasta A+, De Gregorio señala que «la rebaja de clasificación de riesgo no es riesgo de no pago, pero un llamado de atención a menor rigor fiscal».

«El downgrade de S&P no debiera ser una sorpresa, era una crónica de un downgrade anunciado. Con todo, Chile sigue con una clasificación de riesgo muy buena», sentencia, agregando que la clasificación de riesgo no tuvo efectos perceptibles, porque «ya estaba internalizada».

En el marco de mayor austeridad planteado por el Ejecutivo, luego de este llamado de atención por parte de la agencia calificadora, en especial por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, De Gregorio añade que «el Gobierno no podrá cumplir con el objetivo de su programa de volver al balance estructural en 2018, que era lo que se contemplaba como un objetivo razonable para el largo plazo».

Explica que «el impacto de cambios en la clasificación son difíciles de medir, ya que interactúan con otros determinantes del riesgo país, como, por ejemplo, el apetito por riesgo».

El ex BC afirma que «la regla del balance estructural no es suficiente y puede inducir a un espejismo de estabilidad. Esto ha sido particularmente importante en el cálculo del precio del cobre de largo plazo».

Puntualiza que la política fiscal tiene inercia y que el estímulo aplicado durante la crisis no se devolvió por completo: «La política fiscal tiene poco espacio contracíclico, dada esta inercia. Si no existen más estabilizadores automáticos, la política monetaria es la que debe llevar el peso de la estabilización, y las metas de inflación flexible han demostrado ser una buena estrategia, aunque no es infalible».

Sugiere que es tiempo de redefinir la forma de calcular el precio del cobre a largo plazo, señalando que «al tomar el promedio de los próximos 10 años está muy influenciada por el precio del cobre de corto plazo. Se podría considerar una estimación del precio del cobre de los próximos 15 años y usar como precio de largo plazo el promedio de los últimos 10».

Propone que, adicionalmente, «se podría combinar con datos de costos de producción de cobre para tener una mejor medida de su rentabilidad y por lo tanto de sus aportes al fisco».

Cree, además, que se debería fortalecer la institucionalidad fiscal, con la creación de una oficina independiente que evalúe los programas, el funcionamiento de la regla y proyecte la situación de mediano plazo de las finanzas públicas.

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