Opinión
La coyuntura no da el espacio, aquí y ahora, para implementar reformas estructurales más radicales, por deseables que sean. Pese a estas barreras, creo que sí se puede avanzar en la dirección de mejorar las pensiones, dar más relevancia al sector estatal, generar cambios que introduzcan elementos de solidaridad y que permitan hacerse cargo, en parte, de la vergonzosa precariedad laboral que se ve reflejada en las actuales pensiones.
Circunstancias simultáneas ya conocidas, dieron paso a un escenario más propicio de lo previsto para realizar cambios al sistema privado de pensiones. El Gobierno, que había pospuesto en numerosas oportunidades los resultados de la Comisión Bravo, se ha visto en la necesidad de anunciar algunos cambios que ponen en la agenda el tema y la discusión sobre el alcance de la reforma.
Como marco general, creo que la definición de fondo de toda reforma al actual sistema es si el sistema de pensiones debe ser administrado por el sector privado o por el Estado. En esa definición, nuestra posición es que, como todo lo atingente a los derechos sociales, las pensiones deben ser de responsabilidad y administración estatal, lo cual es coincidente con la voluntad de la ciudadanía que desea que los derechos sociales estén a cargo del Estado, como la salud, la educación, las pensiones, etc. (80% de apoyo, en el caso de las pensiones versus un 3% preferencia de la elite económica, según se afirma en el Informe de Desarrollo Humano en Chile, Tiempos de politización, 2015, de la ONU).
Definido esto, debiéramos debatir la estructura más conveniente que debiera tener tal sistema de pensiones administrado por el Estado: si es uno de reparto, de capitalización individual, combinaciones de ambos, etc. Concordemos que, en cualquier modalidad, su financiamiento debe considerar que, en un plazo razonable, las cotizaciones deben superar con holgura el 20% de las remuneraciones.
El actual sistema privado de pensiones, tiene en las AFP su cara más visible, pero hay otros actores que participan en él, siendo el más relevante el de las compañías de seguros de vida, las que están presentes vía control de las mayores administradoras y, de forma directa, por la administración de las pensiones en la modalidad de rentas vitalicias y en el seguro de invalidez y sobrevivencia.
Dicho lo anterior, y pese al mencionado nuevo escenario favorable a cambios en el sistema, es evidente que no es viable cambiarlo radicalmente con un Gobierno debilitado y a la defensiva, con un Parlamento en el que hay mucho fuego amigo, una influyente bancada empresarial y con las limitaciones que impone la actual Constitución, barreras que frenan cualquier reforma que tienda a cambiar radicalmente el actual sistema. La coyuntura no da el espacio, aquí y ahora, para implementar reformas estructurales más radicales, por deseables que sean. Pese a estas barreras, creo que sí se puede avanzar en la dirección de mejorar las pensiones, dar más relevancia al sector estatal, generar cambios que introduzcan elementos de solidaridad y que permitan hacerse cargo, en parte, de la vergonzosa precariedad laboral que se ve reflejada en las actuales pensiones.
La organización que presido presentó en su oportunidad, vía Internet, un conjunto de propuestas a la Comisión Bravo. Ya sabemos lo que pasó con las conclusiones de esta Comisión. Pese a ello, queremos insistir en una propuesta específica, que ha sido ignorada y que, de aplicarse, generaría un cambio significativo en transitar hacia un sistema de pensiones estatal. En nuestra organización le llamamos la “propuesta invisible”, pues es una propuesta incómoda, tanto para los que quieren acabar con el sistema privado de una vez como para los partidarios de este.
La propuesta es la siguiente: crear una única modalidad de pensión.
Se eliminan las actuales opciones de renta vitalicia y de retiro programado y sus combinaciones, generando en su reemplazo una pensión vitalicia de un monto fijo en UF.
La pensión fija y vitalicia tendrá las mismas características de la actual renta vitalicia, en cuanto a que su pago será en UF y de por vida, pero sin el costo asociado a esa modalidad, lo que se traducirá en mejores pensiones, pues su cálculo sería similar al del actual retiro programado, pero eliminando los efectos bruscos de las fluctuaciones de los fondos de pensiones.
Para lograr lo anterior, se generaría un Fondo Único de Jubilaciones para pago de pensiones, de carácter solidario, formado por las sumas de los fondos individuales de los afiliados que se vayan pensionando.
El riesgo de sobrevida que es individual pasa a ser colectivo, lo que implica que este riesgo se diluye si se considera una cantidad significativa de pensionados, como es el caso. En resumen, será un autoseguro y los pagos de estas pensiones estarán perfectamente cubiertos. Desde luego, se elimina la herencia, de forma similar a lo que ocurre actualmente con la renta vitalicia de las compañías de seguro.
El riesgo de rentabilidad se cubre también colectivamente, aliviando a los pensionados otorgándoles una pensión fija en UF. Al mantenerse un fondo colectivo para las pensiones, que por definición es permanente, las fluctuaciones del mercado se compensan en el tiempo y debieran mantener una tendencia muy similar, en el largo plazo, con las proyecciones calculadas para las pensiones. Agreguemos que este Fondo Único de Jubilaciones sería de largo plazo, en al menos un 90%, lo que también podría generar mayores rentabilidades que la modalidad actual.
En noviembre de 1990, Pluma y Pincel publicó un artículo sobre las AFP en el cual se incluía nuestra propuesta como sigue: «… Traspasados desde las cuentas individuales a un Fondo Único de Jubilaciones. La ley de los grandes números garantiza que no se producirán desfinanciamientos ni excedentes de importancia…”.
Esta propuesta necesariamente debe ser complementada con la adecuación de las tablas de mortalidad y expectativas de vida usadas actualmente, en los siguientes aspectos: además de eliminar la diferenciación de tablas de expectativas de vida entre hombres y mujeres, se debiera crear tablas diferenciadas de acuerdo con los ingresos. En este sentido hay cierto grado de consenso, ya que está comprobado, según datos del INE, que los niveles de ingreso están directamente relacionados con la esperanza de vida. Resultados similares arrojó estudio encargado por la Comisión Bravo: propuesta A 52, “Evaluar el uso de tablas de expectativas de vida diferenciadas por nivel educacional o ingreso promedio”. Incluso Ricardo Lagos señaló que hay que “introducir el cálculo actuarial, que significa considerar la real esperanza de vida que tienen las personas según su situación socioeconómica y así mejorar las pensiones”.
Una forma de implementar esto último sería asignar, de acuerdo a sus ingresos, una menor sobrevida a los cuatro primeros deciles, los cinco siguientes mantenerlos con la actual tabla y compensar la diferencia con el último. Es decir, aplicaríamos el índice Palma (de nuestro compatriota José Gabriel, y que utiliza la OCDE, entre otras instituciones). Este cambio mejoraría notoriamente las pensiones más bajas.
Dicho lo anterior, si se aprobara esta modificación, propuesta por nuestra organización, tendría los siguientes efectos:
1. Aumentaría las nuevas pensiones entre un 15 y un 20 por ciento, sin costo adicional (entrevista a Juan Benavides, presidente de la AFP Hábitat. Agosto 7 de 2016, EM).
2. Introduciría cuotas de solidaridad en el sistema, mediante la creación de un Fondo Único de Jubilaciones.
3. La pensión, que no sería pagada a través de las compañías de seguros, sería única, vitalicia y reajustable, evitando la incertidumbre que se genera al momento de optar por el tipo de pensión a elegir. El consejero del Banco Central, Joaquín Vial, en su presentación a la Comisión Bravo, detalló 13 complejas variables que debiera considerar el futuro pensionado.
4. Eliminaría la enorme contingencia que actualmente tiene el Estado, al ser garante de las pensiones pagadas por las compañías de seguro, en caso de que se produzca la quiebra de alguna de ellas. Garantía que se ha debido activar como consecuencia de las 3 quiebras ya producidas: Compañía de Seguros BHC S.A (1984), Compañía de Seguros Centenario (1991) y Compañía de Seguros de Vida Le Mans Desarrollo (2003).
5. Deja de existir el “problema de la cuarta edad”, cuya solución involucra costos adicionales importantes. Una renta vitalicia, por definición, incluye a la llamada cuarta edad.
6. Producto de su implementación dejaría al margen a las compañías de seguros, las que actualmente lo que hacen es asegurar el riesgo de longevidad, cuya característica es ser individual, riesgo que se diluye al considerar una cantidad significativa de pensionados. La eliminación de este costo es el que se traduce en el incremento de las pensiones que se menciona en el punto 1.
7. Debería entregar al sector estatal la administración de la nueva modalidad única de pago de pensiones, junto con el nuevo fondo colectivo que se generaría con la propuesta de Gobierno.
8. No hay excusa para que el Gobierno no la considere, pues fue presentada a la Comisión Bravo por un sector empresarial, aunque como modalidad optativa. En efecto, las propuestas de Icare y AFP Hábitat, la consideraron.
Recordemos que la Comisión Bravo se hace cargo de algunos problemas que hemos mencionado, pero dándoles una solución que profundiza la participación de las compañías de seguros, entregándoles las pensiones de rentas vitalicias mediante licitaciones grupales, eliminando el retiro programado. Es decir, estas compañías tendrían un flujo permanente de los recursos ahorrados por los cotizantes. Además, le generaría al Estado una contingencia enorme por la garantía estatal por quiebra de alguna compañía de seguros.
En resumen, la “propuesta invisible”, además de aumentar las pensiones, eliminar la incertidumbre al momento de jubilar y los otros beneficios ya señalados, incrementaría la presencia estatal con la administración de este Fondo Único de Jubilaciones.
Andrés Bustos González
Presidente Anadeus
