Opinión
Supuestas propuestas, son en realidad medidas en proceso de ejecución e incluso en pleno funcionamiento; otras nos alejan de estándares de países internacionales y favorecen al 1% más rico del país; y todas se justifican con una muy dudosa propuesta de financiamiento que consiste en recortes de programas que no ha querido explicitar y un supuesto crecimiento económico que se generaría como consecuencia directa de que Piñera esté sentado en una oficina del Palacio de La Moneda.
Luego de que Piñera hiciera público su programa de Gobierno –presentado con bombos y platillos con la parafernalia acorde a una serie de Netflix–, y especialmente tras el debate de Anatel donde no fue capaz de aclarar sus puntos más conflictivos, se han escuchado duros cuestionamientos a la propuesta programática del candidato por parte de periodistas y diversos actores del mundo de la política y la economía.
Ha destacado que, supuestas propuestas, son en realidad medidas en proceso de ejecución e incluso en pleno funcionamiento; otras nos alejan de estándares de países internacionales y favorecen al 1% más rico del país; y todas se justifican con una muy dudosa propuesta de financiamiento que consiste en recortes de programas que no ha querido explicitar y un supuesto crecimiento económico que se generaría como consecuencia directa de que Piñera esté sentado en una oficina del Palacio de La Moneda.
Más allá de las evidentes ausencias del programa del candidato de derecha, como matrimonio igualitario, adopción homoparental o política nacional del litio, en esta columna destacaremos las que, a nuestro juicio, constituyen las 5 peores medidas que se proponen en el documento. Cabe señalar que dichas propuestas fueron seleccionadas como una muestra, las cuales tratan de atacar temáticas que consideramos relevantes a la hora de hablar de un país más desarrollado, justo y equitativo.
5. Extender la jornada laboral permitiendo distribuir las 45 horas en 4 días de la semana
Piñera propone “modernizar la legislación en materia de jornada laboral, redefiniéndola en base a hora y permitiendo que el máximo semanal de 45 horas pueda ser distribuido en 4 días por acuerdo individual o colectivo”. En otras palabras, se crea la posibilidad de pasar de trabajar 9 horas diarias a 11 horas y cuarto.
Esta propuesta va en contra de lo señalado por organismos internacionales como la OCDE, que en su último informe de calidad de vida nos advierte que largas jornadas laborales causan diversas enfermedades mentales y aumentan la probabilidad de accidentes cerebrovasculares o enfermedades al corazón. De esta forma, la propuesta se contradice con la teoría de rendimientos marginales decrecientes de los factores, afectando negativamente en la productividad. Esto es preocupante si consideramos que la jornada de trabajo en Chile está muy por sobre países de la OCDE, con un promedio de horas anuales por trabajador de 1988, versus 1766 horas que es el promedio OCDE, lo cual contrasta con el bajo valor del PIB por hora trabajada que reporta Chile, igual a 23.5 versus el promedio OCDE de 46.5.
Sumado a lo anterior, en un país con enormes asimetrías de poder entre empresarios y trabajadores –estos últimos, cuya capacidad de negociación real se ve aminorada por la debilidad de los sindicatos–, un mecanismo como este permite el aumento de la jornada de trabajo, con consecuencias eventuales como el aumento de la precariedad laboral y un nuevo golpe a los salarios: total, de los tres días libres, ¿cómo no va a dedicar al menos uno a un trabajo remunerado complementario? Así, mientras la opinión pública y los expertos señalan que una menor carga laboral iría acompañada de ganancias de productividad, por medio de una menor carga fisiológica (física o psicológica) y por mejoras en la gestión del tiempo (Golden, 2011), el candidato de Chile Vamos busca alternativas para aumentar las horas trabajadas efectivas por los chilenos.
4. Restablecer la posibilidad de copago en la educación escolar
El programa del ex dueño de LAN establece la siguiente propuesta en materia de educación general: “Devolver a los padres su derecho a elegir la educación de sus hijos y aportar voluntariamente a mejorar la calidad”. En la práctica, esto consiste en restablecer el copago en las instituciones, si consideramos que la actual Ley 20.845 de inclusión ya permite que “los padres y apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares”.
Restablecer el copago implica permitir la selección por criterios socioeconómicos de nuestros estudiantes, unificando la capacidad de pago de los padres de cada establecimiento: los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. En este sentido, hay evidencia que muestra que el copago aumenta de manera significativa la segregación escolar, teniendo un impacto incluso superior al de la segregación residencial (Valenzuela et al., 2008).
Sin embargo, estudios internacionales muestran que, además de que en términos culturales y sociales es deseable combatir la segregación, la menor segregación mejora resultados futuros tanto de acceso como permanencia en la educación superior (Orfield, 2001), junto con el desarrollo de habilidades no cognitivas y en el rendimiento académico (Sass y Burke, 2008). A conclusiones similares llegan en Chile los economistas Emilia Brito, Dante Contreras y Daniel Hojman (2017).
3. Aumentar en 4 puntos la cotización obligatoria a las AFP
A pesar de reconocer el fuerte descontento con el desempeño del sistema e incluso el “amplio consenso sobre la necesidad de reformarlo”, la propuesta de Piñera para mejorar las pensiones es básicamente seguir con más de lo mismo: incrementar en 4 puntos la cotización que mes a mes los trabajadores se ven forzados a entregar a las AFP, para de esta forma aumentar, en régimen, en un 40% las cotizaciones de los actuales cotizantes. Lo que olvida mencionar Sebastián Piñera es que “en régimen” significa de aquí a 45 años, y que el aumento en 40% es solo respecto a los nuevos fondos acumulados.
Para todo el resto –por ejemplo, un trabajador o una trabajadora a pocos años de pensionarse– y que haya cotizado de forma más o menos estable, la mejora en su pensión será totalmente marginal.
La verdad es que poco o nada sorprende la postura de Piñera en este ámbito, que no hace más que mantener la lógica del ahorro individual creada por su hermano José, cerrando cualquier posibilidad de solidaridad, y de paso fortaleciendo el ya tan cuestionado negocio de las AFP. Peor aún, la otra propuesta estrella de Piñera en materia de pensiones, el complemento en pensiones para la clase media, exige a las mujeres un mínimo de 16 años de cotización para poder acceder al “beneficio”, lo que encierra una doble desigualdad: de clase y de género, puesto que las mujeres y las personas de los quintiles más bajos no logran cotizar por esa cantidad de años, sea porque trabajan en el sector informal, sea porque le han dedicado su vida al trabajo no remunerado –como labores de cuidado y quehaceres del hogar–.
2. Financiamiento del programa: ¿recorte de programas sociales y crecimiento esperado?
Uno de los aspectos que más sorprende es la propuesta de financiamiento del programa, el cual destaca por su débil sustento económico y la poca claridad en la forma concreta en que se llevaría a cabo. La mitad del financiamiento vendría de reasignar los recursos de programas mal evaluados y de “estrictas medidas de austeridad”, las que incluirían, cómo no, despidos de funcionarios públicos contrarios a su sector y que agrupa en el saco de “operadores políticos” (recordemos que durante su primer Gobierno despidió a cerca de 11 mil funcionarios del Estado).
Lo más impresentable es que –aunque se le consultó reiteradas veces en el debate del lunes en la noche– no ha sido capaz de aclarar cuáles serán los programas mal evaluados que optaría por recortar, dejando en la incertidumbre a cientos de miles de beneficiarios de los programas sociales del Estado. Si consideramos aquellos mal evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) durante 2017, el financiamiento de su programa vendría de la posible eliminación de programas sociales tan relevantes como la Beca Presidente de la República, el Programa de Mejoramiento de Barrios y el Programa de Prevención Integral de la Violencia Contra las Mujeres.
La otra mitad vendría del supuesto mayor crecimiento tendencial que generaría el propio programa económico, que pasaría de 2,6% proyectado en el Presupuesto 2018 a 3,5% hacia el final del periodo de Gobierno, proyección que tiene más de especulación y autobombo que de una propuesta seria y robusta de financiamiento, en cuanto no es el Presidente el que determina el crecimiento del PIB tendencial, sino que un comité independiente de expertos.
1. Bajar los impuestos a las empresas y reintegrar el sistema tributario
En la línea de la propuesta de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de fines del año pasado, el candidato de Chile Vamos propone bajar el impuesto corporativo, que alcanzará un 27% el próximo año, hasta converger al 25% promedio de los países de la OCDE. Esto constituye un retroceso respecto a lo alcanzado por la reforma de 2014, y sobre todo una tremenda irresponsabilidad cuando, a la vez de bajar impuestos, propone medidas de alto costo fiscal. Más aún, y como refutó el economista Eduardo Engel cuando Piñera presentó esta idea a principios de mayo, la “comparación OCDE” es engañosa, ya que gran parte de sus países tiene sistemas tributarios desintegrados. Esto quiere decir que lo que tributan las empresas es independiente de lo que pagan sus dueños, de tal forma que la carga tributaria efectiva en Chile (lo que tributan las empresas más lo que tributan las personas) se encuentra bastante por debajo de los países OCDE: 18,3% del PIB vs. 25% en 2014, excluyendo seguridad social (Centro de Estudios Públicos, enero de 2017).
Es bastante paradójico además que, en un programa de Gobierno que plantea “hacer retroceder las desigualdades”, se proponga bajar los impuestos a las empresas, lo cual beneficiará directamente al quintil más rico de nuestro país que concentra el 72% de la riqueza (Banco Central, julio de 2017), además de “reintegrar gradualmente el impuesto a nivel de empresas con los impuestos pagados por las personas”, lo que no es más que una forma elegante de proponer la vuelta en gloria y majestad del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT). Al volver a pagar según utilidades retiradas, los grandes empresarios podrán postergar indefinidamente el pago de impuestos, generando una compleja ingeniería tributaria, cuyo objetivo es aparentar que las utilidades se quedan en la empresa mientras ya han sido retiradas hace rato por sus propietarios.
En síntesis, excluyendo las medidas que ya están en ejecución y las evidentes omisiones en el documento presentado por el candidato de Chile Vamos, nos encontramos con un programa que en sus ejes prioritarios no propone avances reales en equidad y justicia social y, peor aún, retrocede en temas de derechos sociales, incrementa la desigualdad existente e ignora la urgente necesidad de reformas profundas que realmente cambien nuestro país. Sumado a eso, Piñera toma distancia de las indicaciones realizadas por organismo internacionales como la OCDE y la OIT, y nos plantea una vía al desarrollo sin argumentos ni coherencia en sus mismas propuestas. De esta manera, el programa de Gobierno del candidato Piñera se encuentra bastante lejos de ser una herramienta efectiva para “construir tiempos mejores para Chile”.
Vicente Lastra y Diego Vidal
Economistas Universidad de Chile
Investigadores Observatorio de Políticas Económicas (OPES)
