Opinión
Es de esperar que las autoridades corrijan este rumbo e impulsen una iniciativa legal que aplace por al menos seis años esta medida, dando tiempo para trabajar en una solución real y de fondo a la precariedad laboral.
Nuevamente se ha puesto en la palestra el tema de la obligatoriedad de cotizar para todas y todos quienes trabajan bajo la modalidad de honorarios en Chile, mal llamados “independientes”. Una medida que viene siendo impulsada desde hace años por los sucesivos gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría y de la Derecha, y que ha encontrado férrea resistencia entre quienes trabajamos “boleteando”.
El origen de este problema se remonta a la reforma previsional impulsada e implementada entre el primer gobierno de Michelle Bachelet y el primero de Piñera, y que tuvo como base a la Ley 20.255 del año 2008, en la cual, entre otras cosas, se establecía la obligación de cotizar para AFP, Salud y seguros para las y los trabajadores a honorarios a partir del año 2016. Esta cotización se podría hacer mensualmente de forma voluntaria o entregando la devolución de impuestos del año siguiente.
En ese momento, las organizaciones de honorarios del sector público nos opusimos y movilizamos a lo largo de todo el país, logrando la aprobación de la Ley 20.894, que estableció una prórroga de dos años y un compromiso de las autoridades para iniciar una mesa de trabajo con el fin de dar una solución de fondo (contractual) a la situación de precariedad laboral de las y los honorarios del Estado. Este compromiso nunca se cumplió.
Pasados ya los dos años de prórroga, las y los honorarios nos volvemos a encontrar con la misma situación de incertidumbre ante un problema crucial del Estado, que mantiene a alrededor de 320 mil trabajadores bajo la modalidad de honorarios, sin derechos laborales ni estabilidad en su empleo. Estas miles de personas, sometidas a cumplir labores habituales que, en la mayoría de los casos, son las mismas que cumplen nuestros colegas contratados pero sin los derechos que cualquier trabajador público tiene por ley, ahora nos vemos ante la posibilidad cierta de perder alrededor de un 25% de nuestros sueldos por la obligación de cotizar.
¿Por qué sucede esto? Porque el sueldo bruto de quienes trabajamos a honorarios, además de no responder a ninguna escala formal y no estar afecto al reajuste anual, no será aumentado para cubrir los costos de la cotización. Entonces, una persona que tiene un sueldo bruto de 500 mil pesos, a quien hoy se le retiene el 10%, quedando en un líquido de 450 mil, tendrá que cotizar por el 80% de su renta imponible. Si descontamos AFP (12,75%), Salud (7%), seguro de accidentes (0,95%) y además el 5% de “Ahorro Colectivo” que propone la nueva Ley actualmente en trámite; el sueldo líquido pasará de 450 mil a 321 mil automáticamente. No es necesario decir lo que esto significa para las personas y sus familias.
Tenemos entonces a trabajadores y trabajadoras sin derechos, expuestos a una precariedad e inestabilidad constante, y a quienes el Estado además obligará a reducir sus ingresos de forma drástica. ¿Para qué? Si seguimos el argumento de los defensores del actual sistema de pensiones, así como la explicación detrás de la obligación de cotizar, nos encontraremos con la misma premisa: las bajas pensiones son culpa de las personas que no cotizan. Esta falacia ha sido derribada una y otra vez por distintos centros de estudio, así como por el movimiento NO+AFP, demostrando que el actual sistema no está hecho para entregar pensiones, sino para generar ganancias a sus dueños, y que la mayoría de las personas, incluso cotizando religiosamente todos los meses de su vida laboral, están igualmente condenadas a una pensión miserable.
Pero aún hay más. Como ya se dijo anteriormente, el pago de cotizaciones puede hacerse de forma mensual o descontada de la devolución de impuestos. La segunda opción, que será seguramente la más utilizada por las personas, conlleva otros problemas. ¿Qué pasa con quienes están pagando deudas universitarias o de otro tipo a quienes ya se les descuenta su devolución? La Ley indica que la cotización es la que manda, por lo que tendrán que buscar dinero en otra parte para seguir pagando la carga que nos dejó la educación de mercado.
Y además, el 10% de retención no alcanza a cubrir el 25,7% total de descuentos sin contamos el Ahorro Colectivo. ¿Qué pasa entonces con el restante 15,7%? Se genera una deuda que aumentará exponencialmente con el correr de los años. La Ley establece que esta deuda es incobrable y no puede conllevar paso a Dicom ni embargos, por lo que se irá acumulando a costa del mismo Estado, haciendo que las y los honorarios coticen menos y afectando severamente los ingresos de Fonasa, por ejemplo.
Con toda esta información sobre la mesa podemos decir con toda propiedad que la cotización obligatoria no beneficia ni a los trabajadores ni al Estado, solamente genera recursos frescos para las AFP. ¿Por qué entonces el gobierno insiste en impulsarla? ¿Tan fuertes son los intereses que hay detrás? Es de esperar que las autoridades corrijan este rumbo e impulsen una iniciativa legal que aplace por al menos seis años esta medida, dando tiempo para trabajar en una solución real y de fondo a la precariedad laboral.
Las y los honorarios sí queremos cotizar y aportar para nuestra vejez y salud, pero en un sistema justo y solidario que otorgue pensiones de verdad. No nos prestaremos para seguir fortaleciendo a las AFP.
Mario Arredondo
Dirigente Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios del Estado
