Opinión
Tras la demorada renuncia del general Bruno Villalobos, hoy el desafío de recomponer las cosas recae en el nuevo jefe policial, Hermes Soto, quien, desde la perspectiva de un buen gobierno corporativo, tiene una tarea titánica.
Ya está en plena marcha una profunda modernización en Carabineros de Chile, una de las instituciones que, hasta hace solo un par de años, seguía corriendo prácticamente sin competencias como una de las más confiables para la opinión pública. Liderazgo que perdió sostenidamente desde el megafraude, que hasta hoy involucra más de $26 mil millones, y la inédita pugna entre la policía uniformada y el Ministerio Público, en el marco de la llamada Operación Huracán.
Tras la demorada renuncia del general Bruno Villalobos, hoy el desafío de recomponer las cosas recae en el nuevo jefe policial, Hermes Soto, quien, desde la perspectiva de un buen gobierno corporativo, tiene una tarea titánica.
Un primer esbozo de lo que pretende lo indica su decisión de pasar a retiro a 16 antigüedades del generalato, como una manera de renovar los rostros institucionales y de dar tiraje a la chimenea del Alto Mando con figuras alejadas de las malas prácticas que todos hemos conocido. Ese, desde dentro, aparece como un paso acertado, pero ciertamente insuficiente: cambiar a las personas no garantiza renovar las prácticas.
Y es que hay otro aspecto esencial en la dinámica que hasta hoy ha marcado a Carabineros de Chile, sobre la que el general Soto debe poner especial atención. Estamos ante una institución históricamente cerrada, compuesta por cerca de 60 mil personas, distribuidas en todo Chile, tanto uniformados como civiles, cuyos recursos se asignan por Ley de Presupuesto, y cuya dotación es, también por ley, secreto de Estado.
Así, por ejemplo, en Chile hoy no es posible siquiera saber cuántos efectivos policiales se asignan a comunas más ricas, como Vitacura, versus aquellas con mayor vulnerabilidad, como La Pintana. ¿Por qué? Porque esa información es considerada confidencial y ni siquiera podemos conocerla a través de consultas vía Transparencia Pública. Hasta hoy nos hemos conformado con los estudios de organismos como Fundación Paz Ciudadana para informarnos un poco mejor de cómo se distribuyen esos recursos humanos.
El asunto no es trivial: necesitamos una policía eficaz y efectiva en su hacer, que garantice la estabilidad y seguridad de cada ciudadano, pero al mismo tiempo que sea capaz de rendir cuentas y mostrar de manera transparente su forma de gestión, cómo administra sus recursos y dónde están sus prioridades operativas. La lógica imperante ha sido la de sistemas cerrados en donde la centralización, jerarquía y restricción informativa se han concebido como una necesaria y mal entendida fórmula de autonomía.
Por contraparte, el Estado, en su rol fiscalizador, ha sido inoperante. Los gobiernos de turno han mantenido el statu quo, donde la relación de supuesto mando entre un ministro del Interior y la policía uniformada aparece como una relación mucho más formal, protocolar, si se quiere hasta republicana desde el regreso de la democracia, pero muy poco operativa. Ya es hora de que las autoridades comiencen a ejercer un rol activo en el control del quehacer institucional.
La receta no parece única, pero si algo podemos sugerir al nuevo general director desde la governance generativa es que comience a imprimir un sello más democrático en el ejercicio institucional, que abra a Carabineros al control del Estado, con un “Directorio” que vele por el buen ejercicio y donde no baste con lo que parece estar bien institucionalmente. De manera adicional, esa apertura también debe involucrar a organismos que pueden ser coadyuvantes, aportando su experticia en el proceso, como la Contraloría General de la República o el Consejo para la Transparencia, en condición de consultores externos que puedan guiar a los altos mandos institucionales para ir incorporando prácticas más modernas, propias de estados desarrollados.
El general Soto ha dicho que quiere devolver a Carabineros al sitial que solía ocupar en materia de confianza ciudadana. Para ello, cortar cabezas no es suficiente; tampoco anunciar proyectos ni ideas de cambio, sin antes ordenar y rendir cuentas. Volver a ponerse de pie para recuperar el cariño y la confianza del público exige una transformación que debe partir por hacerse las preguntas correctas, que permitan preservar la esencia de Carabineros, pero en un sistema con una lógica de sistema abierta, dinámica y acorde con las necesidades de resguardo, protección y prevención que hoy necesita nuestra sociedad. Como indica la governance generativa, se requiere una gestión intuitiva y reflexiva, que exige liderazgo y discernimiento y con cabezas que sean capaces de interpretar el propósito institucional y conceptualizar el sentido del deber, buscando convertirse en el compás que le dé orientación y le devuelva el sentido del honor, del servicio y la protección, que nunca debió perder.
Gonzalo Jiménez
Director Centro de Familias Empresarias & Empresas Familiares
Universidad del Desarrollo
