En el año 2016 se promulgó la Ley 20.936, llamada –en la jerga del sector eléctrico– Ley de Transmisión. ¿Por qué es relevante discutir acerca de esto ahora? Porque la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó recientemente el plan preliminar de transmisión con inversiones millonarias (US$ 3.170 millones), el cual, aunque puede estar bien justificado, encontró una oposición no menor en el sector privado, no sorprendentemente, entre los (grandes) consumidores.
En el año 2016 se promulgó la Ley 20.936, llamada –en la jerga del sector eléctrico– Ley de Transmisión, la cual presenta un conjunto de mejoras, pero también desaciertos. Entre otras cosas, este nuevo cuerpo legal le entrega al consumidor la responsabilidad de remunerar la totalidad de los costos de la transmisión eléctrica (generados por las inversiones y mantenciones necesarias para contar con una red eficiente y segura). Aunque esto se implementará a futuro de manera gradual al año 2034, la idea principal es que sea el consumidor quien remunere directamente este segmento por completo.
Según el antiguo marco regulatorio, tanto generadores como consumidores debían compartidamente remunerar los costos de la transmisión mediante el pago de peajes por el transporte de energía. Uno de los problemas de estos peajes era su volatilidad, variando de manera importante el valor a pagar por los usuarios de la red año a año. Así, el nuevo esquema surgió como el remedio que encontró la autoridad para combatir esta volatilidad que debían enfrentar principalmente los inversionistas en generación, la cual –según expertos– representaba una barrera importante al desarrollo eficiente de las inversiones en el sector.
A pesar que esto puede parecer (a simple vista) como un cambio positivo, los resultados de nuestra investigación demuestran que el nuevo esquema implementado es un mal remedio. En principio, si el problema original era la presencia de incertidumbre en el pago de los peajes, lo razonable hubiese sido eliminar (o más bien reducir) dicha incertidumbre del peaje para los generadores y no el peaje en sí.
¿Por qué es relevante discutir acerca de esto ahora? Porque la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó recientemente el plan preliminar de transmisión con inversiones millonarias (US$ 3.170 millones), el cual, aunque puede estar bien justificado, encontró una oposición no menor en el sector privado, no sorprendentemente, entre los (grandes) consumidores.
Este cambio en la manera de remunerar la transmisión (mediante peajes exclusivos para la demanda, excluyendo a los generadores de la remuneración de la transmisión) trae consigo una variedad de problemas. Elaboro, a continuación, los dos que me parecen más relevantes:
Una nota final que me gustaría recalcar es que, en un estudio elaborado por nuestro grupo de investigación, se concluyó que la ausencia de peajes no trae consigo beneficios medioambientales en la forma de una mayor proporción del consumo suplido desde generadores renovables. Esto, debido a que es la localización de los nuevos equipos de generación la que se ve principalmente alterada (de manera más ineficiente en el caso de ausencia de peajes para los generadores, aumentando los costos de transmisión, las pérdidas térmicas asociadas y aumentando las tarifas para los consumidores) y no el mix de tecnologías.
Como tarea pendiente para el nuevo Gobierno y el sector, queda revisitar este tema y darle la importancia que se merece debido a las consecuencias que conlleva para todos los consumidores, incluyendo a la ciudadanía, el comercio y la industria.
Rodrigo Moreno
Investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile