MERCADOS
La caída de la infraestructura, el fin de semana en Osorno, dejó seis personas heridas y una fallecida, todo en medio de un fuerte ajuste de personal en el ministerio que lidera Fontaine. Las desvinculaciones comenzaron a cuentagotas, pero se prevé que todas las direcciones de esta cartera sufran una reducción de funcionarios equivalente a $3.500 millones. Las áreas de Vialidad y Concesiones son las más afectadas, pese a que son de las más activas en cuanto a fiscalización de obras se refiere.
Es lunes 25 en la mañana, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) liderado por Juan Andrés Fontaine, una asamblea de 70 funcionarios abordó una cuestión que ya superó el umbral del secreto a voces: se viene un ajuste de personal en la cartera, que partió a cuentagotas, pero cuya magnitud bordearía los $3.500 millones.
Los recursos aprobados en diciembre son cosa del pasado. A fines de mayo, el Ministerio de Hacienda ajustó la billetera modificando el presupuesto para el sector público, documento que ya se despachó a Contraloría y que se retiró para ajustes en algunos títulos, por lo que todavía no toma razón el MOP. En él se da cuenta de que todas las direcciones verán una reducción en gastos de personal de $3.461 millones, algunas con ajustes más importantes que otras.
Una cuestión que despierta un desconcierto mayor al interior de esta repartición pública. El fin de semana colapsó el puente Cancura y la tragedia en Osorno fue evidente: seis heridos y una persona fallecida fue el resultado del desplome de una obra cuya administración y fiscalización recaía en el propio MOP. Su monitoreo era sostén de la Dirección de Vialidad, la misma que, tras sostener con convicción que el puente Cau Cau debía ser desarmado –porque no era utilizable para aquello que fue construido–, ahora sí podía ser usado parcialmente. Un cambio de criterio que vino de la mano del actual Gobierno.
Para algunos funcionarios del MOP –agrupados bajo distintos gremios pero sin fuero laboral, lo que los inhibe para explicar los entretelones con nombre y apellido–, lo que ocurrió en Osorno se da precisamente por problemas en la fiscalización de estas obras, los cual se explica por falta de personal o lentitud en los distintos procesos de monitoreo. Así, este apretón presupuestario –según explican– iría en una dirección contraria a la que requieren muchas obras del país, precisamente para evitar lo ocurrido en el sur.
Por eso, lo más relevante son los ajustes que se prevén precisamente en el área de fiscalizaciones, donde ya se han ido varios inspectores. En la lista se cuentan los profesionales a cargo de la revisión y supervisión fiscal de los aeropuertos de Pudahuel, Chacalluta (Arica), Antofagasta e Iquique, quienes fueron desvinculados en las últimas semanas, al igual que el jefe de proyectos de hospitales concesionados, quien salió de su cargo apenas ocurrido el cambio de mando el 11 de marzo.
[cita tipo=»destaque»]Hasta ahora las desvinculaciones de varios inspectores fiscales del MOP se han hecho sin expresión de causas. En el caso del Aeropuerto de Pudahuel, desde el interior de la cartera sostienen que habría sido presionado a renunciar, luego que la concesionaria Nuevo Pudahuel –de capitales franceses e italianos– manifestara su molestia por los retrasos en la aprobación de proyectos, cuestión que el propio ministro Fontaine ha reconocido. Según explicó un funcionario, cuando se construye una obra, la concesionaria muestra avances mientras el inspector hace observaciones de acuerdo al contrato y «no siempre al concesionario le gustan las observaciones que se le van haciendo».[/cita]
Cada una de las direcciones del MOP tiene su propio cuerpo de fiscalizadores. Los ajustes más relevantes se dan precisamente en la Dirección de Vialidad y la de Administración de Sistema de Concesiones. Mientras en la primera habrá un ajuste de personal de $2.192 millones, en la segunda será de $434 millones. Sin considerar el área de Secretaría y Administración General, todas las otras direcciones (Arquitectura, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias, Aeropuertos, General de Aguas, entre otras) sufrirán contracciones económicas.
El tema resulta controvertido. En el caso de la Dirección de Concesiones –según explica un funcionario–, esta se autofinancia: el fisco percibe al año alrededor de UF 450 mil ingresos por administración y control, recursos que se obtienen por parte de las propias concesionarias, siendo esto parte del modelo económico para sostener el sistema. Es decir, la concesionaria paga para que el Estado efectúe su propia fiscalización, por lo que un ajuste en un área clave, precisamente para esos fines, al menos en la interna del MOP no se entiende.
«La fiscalización se complejiza. Esta es un área pequeña y especializada. Circulan rumores de 40 a 30 personas, pero cualquiera de estos números, para esta unidad, es mucho, lo cual dificulta la fiscalización», apuntó un funcionario.
«Estamos enfrentando un proceso de desvinculaciones y analizando sus implicancias. Los casos hasta la fecha son muy puntuales, por lo que no es posible sostener si hay una política en tal sentido», advirtió una fuente del MOP. Mientras otro profesional afirmó que en diez años nunca había visto un ajuste de tal envergadura y apunta a la caída del puente Cancura como un ejemplo de la poca supervisión que se está realizando.
Consultado el MOP, no hubo respuestas a las dudas planteadas por este medio.
Hasta ahora las desvinculaciones de varios inspectores fiscales del MOP se han hecho sin expresión de causas. En el caso del Aeropuerto de Pudahuel, desde el interior de la cartera sostienen que habría sido presionado a renunciar, luego que la concesionaria Nuevo Pudahuel –de capitales franceses e italianos– manifestara su molestia por los retrasos en la aprobación de proyectos, cuestión que el propio ministro Fontaine ha reconocido. Según explicó un funcionario, cuando se construye una obra, la concesionaria muestra avances mientras el inspector hace observaciones de acuerdo al contrato y «no siempre al concesionario le gustan las observaciones que se le van haciendo».
El inspector de los aeropuertos de Arica, Antofagasta y Calama fue desvinculado tras cursar una multa a la concesionaria del primero de estos terminales, la firma Azvi, la misma compañía a cargo del puente Cau Cau. A esta empresa se le hicieron observaciones de mantenimiento, en particular el techo, afectado por plagas de termitas, y luego sufrió un proceso sancionatorio de UTM 1.000 diarias por no cubrir boletas de garantía a tiempo.
Para algunos, estas medidas ocurren en un contexto de una política «pro empresa» por parte de la administración de Fontaine. Ello explicaría, por ejemplo, el cambio de criterio que hubo respecto de Cau Cau.
Asimismo, fuentes conocedoras agregaron que uno de los focos del MOP era recuperar los plazos iniciales de apertura del Aeropuerto de Santiago, algo para lo cual habían mantenido constantes conversaciones con Nuevo Pudahuel, una preocupación que Fontaine dejó de manifiesto. «Es muy lamentable que se haya generado atrasos, cualquiera haya sido la responsabilidad. Lo que nosotros hicimos, apenas asumimos, fue reforzar los equipos del Ministerio de Obras Públicas para precisamente acelerar los procesos de aquí hacia adelante y así lo ha reconocido el concesionario, que estamos trabajando a otra velocidad en esta materia de la que trabajaban el año pasado”, sentenció el ministro a principios de junio.
Algunas fuentes cercanas a la actual administración puntualizan que tampoco sería propio, por los casos antes mencionados, generalizar.
Con todo, sí existe cierto consenso en que, para evitar la tragedia de Osorno, se necesitaba una mayor dotación de inspectores fiscalizadores y no menos gente en la cartera, algo que por estos días parece ya estar zanjado.
