MERCADOS
Con fecha 30 de agosto se ingresó una petición de Inversiones Santa Filomena para llamar a una nueva junta de accionistas, donde se pide la revocación total del directorio de la clínica. El accionista justifica la solicitud en una serie de asuntos. Entre ellos, insiste en la necesidad de autorizar la realización de una auditoría forense para revisar las causas de la disminución de capital de los resultados a partir del año 2014. Justifican lo anterior en que acceder a esa y otra información es clave, pues la propiedad de la clínica la componen (cerca de 17%) distintos fondos de inversión Small Cap, cuyos aportantes provienen en un 90% de fondos de pensiones.
Dejar atrás un largo historial de desencuentros, tensos directorios, malos negocios, juicios laborales y apariciones en prensa que demuestran que, en el caso de la Clínica Las Condes (CLC), los trapos sucios no se lavan en casa. Esto, pues desde que la clínica revelara una serie de ajustes contables que tuvieron que ser revisados por Price y que le implicaron un ajuste de caja que recayó en pérdidas históricas para la institución, los dolores de cabeza no han cesado.
Los problemas en sus estados financieros implicaron la salida de su gerente general, Gonzalo Grebe, a lo que se sumó un cambio de directorio previo que trajo de regreso a Andrés Navarro a la presidencia del recinto de salud y al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, para conformar la dupla a cargo de la gestión en pos de llevar a punto cero las pérdidas, que en 2017 alcanzaron los $ 10 mil millones.
No ha sido fácil, la clínica, frente a la abierta competencia en el sector oriente de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo y la de la Universidad de los Andes, ha perdido el lugar de privilegio que por años ostentó, disminuyendo la ocupación de algunos de sus servicios y obligando a la administración a poner sobre la mesa el modelo de negocios de CLC, donde sus doctores son, además, accionistas. Una propiedad altamente atomizada, que ha enfrentado a las diferentes fracciones del directorio por años, compuestas por representantes de los médicos y también accionistas particulares.
Precisamente, uno de ellos ha sido el más insistente en cuanto a que en la clínica –de donde además fue accionista el mismo Navarro y el actual Presidente Sebastián Piñera– transparente una serie de situaciones. Se trata de Cecilia Karlezi, quien a través de Inversiones Santa Filomena tiene el 10% de los papeles del conglomerado, siendo la accionista personal con mayor cantidad de títulos. Desde que entró a CLC, Karlezi, sus directores y abogados han cuestionado los beneficios a los médicos, pero también se han visto enfrentados a la administración y han pedido información adicional.
A inicios de mes –y lo que ya venía tensando la relación desde diciembre del año pasado–, Karlezi solicitó una junta extraordinaria de accionistas por dos razones: el juicio laboral que la clínica perdió por el despido del doctor Manuel Álvarez, que implica a la empresa un fuerte gasto de caja, pero, además, no poder contratar servicios con el Estado por dos años. Este último punto complicaría las proyecciones de CLC en torno a participar de la licitación de estos servicios. El caso fue abordado por El Mostrador Mercados.
Pero la junta de ese entonces, si bien explicó el contexto del despido, dejó fuera de la discusión un punto clave para Karlezi y sus representantes: solicitar una auditoría forense, con el fin de «dar claridad a sus accionistas respecto a las verdaderas causas, responsabilidades, y efectos derivados de dicha situación (ajuste contable)».
Molestos por la situación, los accionistas han insistido. Esta semana ingresaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dos trámites, una presentación explicando una serie de reparos con la administración de CLC encabezada por Mañalich, donde además se solicita la intervención de la CMF y una serie de sanciones, y, a la par, con fecha 30 de agosto, se ingresó una petición de Inversiones Santa Filomena para conseguir una nueva junta de accionistas, donde se pide la revocación total del directorio de CLC.
El accionista justifica la petición con una serie de asuntos. Entre ellos, insiste en la necesidad de autorizar la realización de una auditoría forense para revisar las causas de la disminución de capital de los resultados a partir del año 2014. El estado de la recuperación de IVA por $ 13 mil millones por falta de respaldo contable; el estado de recuperación de los pagos provisionales por utilidades absorbidas (PPUA) y de los pagos provisionales mensuales (PM), de los años 2015, 2016 y 2017, por $ 8 mil millones; fallas y costos de implementación del sistema SAP; la explicación por pérdidas patrimoniales, dentro de las cuales se cargaron $ 13 mil millones por incobrables a noviembre de 2017, que implican fondos pagados y anticipados a médicos, no recuperados por CLC.
Asimismo, se insiste en la relevancia de profundizar las consecuencias económicas del juicio con Manuel Álvarez, incluyendo en este aspecto los efectos reputacionales que eso implica para la clínica. Se suma el punto de dar explicación a la razón de la relación comercial con las Isapres, las pérdidas de pacientes de este segmento y la no renovación de convenios.
La solicitud se funda en que no es posible acceder a la información completa de estos puntos por parte de los accionistas, lo que califican como particularmente grave, pues la propiedad de la clínica la componen (cerca de 17%) distintos fondos de inversión Small Cap, cuyos aportantes provienen en un 90% de fondos de pensiones.
El documento ingresado a la CMF detalla que, en el anterior directorio, se solicitó dicha junta, la que se llevó a cabo sin haber publicado los avisos correspondientes. Y que, en dicha instancia, además, no se debatió el asunto pedido.
A la par de la petición de Inversiones Santa Filomena, la CMF ha solicitado de oficio a la clínica informes en algunas materias. Uno de los documentos hace referencia a la necesidad de ampliar los efectos por la imposibilidad, tras fallo laboral, de contratar servicios con el Estado. CLC respondió explicando que los convenios o contratos con Fonasa son principalmente los de modalidad libre elección, la Ley de Urgencia y la compra de prestaciones por parte del señalado Fondo Nacional de Salud.
Respecto a cómo el último ítem podría afectar sus operaciones, explicaron que el alcance está limitado en la participación en nuevas licitaciones, las que tienen fecha de junio de 2019. La inhabilidad de la clínica se daría si se confirma la sentencia laboral en instancias judiciales superiores. CLC dijo que, en 2017, ese contrato le supuso ingresos por $ 2.878 millones, equivalentes al 1,5% de los ingresos.
Otro oficio de la CMF, con fecha 27 de agosto de 2017 y que al cierre de esta edición aún no tenía respuesta, pide aclarar a la entidad las transacciones en bolsa de accionistas, gerentes y directores que no serían consistentes en cuanto a las cifras informadas.
