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MERCADOS

La dupla Moreno-Matte en el Plan Araucanía: las dudas sobre quiénes serán los que hagan negocios con las tierras

por 27 septiembre, 2018

La dupla Moreno-Matte en el Plan Araucanía: las dudas sobre quiénes serán los que hagan negocios con las tierras
El ministro de Desarrollo Social ha sido el encargado de abrir caminos al entendimiento entre el mundo privado y la comunidad mapuche –una relación que siempre ha estado en tensión–, tarea en la que ha visto frutos. Hoy la CMPC dio un giro respecto a su postura del año 2015 y los Matte cambiaron su visión. Literalmente, se pusieron en la primera fila de la foto. "Una de las cosas que hemos hecho mal en el pasado, como Chile, es que toda la tendencia fue chilenizar al pueblo mapuche y eso es un error; lo que hay que hacer es lo inverso, es mapuchizarnos más los chilenos, así es como los pueblos se unen y las culturas se unen, no imponer una sobre otra, sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios", dijo Bernardo Matte.
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Entre tanto anuncio y bombo que se hizo esta semana con el lanzamiento del Plan Araucanía por la batería de medidas para reactivar la actividad social y económica de la zona en conflicto, de fondo se abrió un flanco de debate entre el Gobierno, las comunidades mapuches y el mundo empresarial con la Ley Indígena y la opción de celebrar distintos contratos, como mediería, arriendo, cesión de derechos en tierra individual o comunitaria hasta por 25 años. El nudo está en la idea de reformar los artículos 20a y 20b de dicha norma –como el Fondo de Tierras y Aguas–, que en palabras sencillas permiten la restitución o adquisición de tierras mapuches reclamadas por comunidades o personas de pueblos originarios.

Pese a que el Plan Araucanía –elaborado y liderado por el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno– no modifica los criterios de adquisición de tierras ni establece cambios en el plan de compras, que a través de diversos gobiernos se ha mantenido más o menos estable, interviene un aspecto que inquieta a los líderes mapuches: que la propuesta de arrendar las tierras se convierta en un incentivo negativo a la hora de conservar la identidad y que implique una ocupación de la zona por parte de empresas privadas, sobre todo por la duración que propone el Gobierno, de 25 años.

Para ponerlo en contexto, el Estado –de acuerdo a lo señalado a El Mostrador por el ministro Moreno– ha comprado de forma histórica cerca de 200 mil hectáreas al pueblo mapuche. Ha sido una política reparatoria ampliamente usada por años, pero que no ha tenido el efecto esperado de detener la violencia en la zona y apuntar al fomento económico.

De acuerdo a una investigación presentada a través del CEP por el abogado Sebastián Donoso, entre los años 1994 y 2017 el presupuesto para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas se multiplicó casi cuarenta veces, lo que corregido por IPC arroja un crecimiento real de 16,5 veces. Solo en dos ocasiones –2004 y 2017– el presupuesto de este fondo disminuyó, mientras que en 2016 los recursos aprobados por el Congreso ($83 mil millones) casi doblaron el autorizado dos años antes ($44 mil millones). Ese mismo informe señaló que la restitución de tierras es la medida que apoya el 52% de los mapuche urbanos y el 64% de los mapuche rurales considera que no debieran venderse a personas no mapuche.

La Papelera es la firma que tiene mayor injerencia en la zona de conflicto, a través de Forestal Mininco, y en Chile administra aproximadamente 750 mil hectáreas de territorio entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, atravesando 103 comunas y 358 comunidades mapuches, según datos de la propia empresa al cierre de 2017.

Las compras de tierra durante la última administración de Michelle Bachelet sumaron del orden de $ 253 mil millones de pesos, la cifra más alta que un Gobierno haya gastado. "De acuerdo a cifras entregadas por la Conadi y por Transparencia, el gasto durante estos cuatro últimos años tuvo su peak en 2015, cuando el Estado desembolsó un total 70.420 millones de pesos en la compra de 11.500 hectáreas, la mayoría de ellas en La Araucanía. En total, durante los cuatro años de su mandato, Michelle Bachelet habrá gastado 253 mil millones de pesos, es decir, unos US$ 390 millones", explicó El Mostrador en un reportaje de diciembre del año pasado.

Para el presidente del Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, Diego Ancalao, la política no es comparable con la propiedad de tierras de las empresas forestales en la zona. Asimismo, aseguró que las cifras de restablecimiento de tierras no es tanta, si se considera que al momento de la firma del Tratado de Trapihue, el año 1852, con el Gobierno de Chile, 10 millones de hectáreas quedaron reducidas a 500 mil.

Debates con CMPC

El ministro Moreno ha sido el encargado de explicar lo avances del Plan Araucanía y también de dirigirlo, particularmente en lo que respecta a abrir caminos al entendimiento entre en mundo privado y la comunidad mapuche, una relación que ha estado siempre en permanente tensión.

Alejado de otras instancias empresariales, Bernardo Matte acompañó a Moreno en el lanzamiento del Plan en el sur del país, una imagen  que contrasta con la del año 2015 en La Moneda, cuando ejecutivos de CMPC se reunieron con el entonces subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para plantearle "el grave problema mapuche de La Araucanía que afecta el destino de esta compañía”. Ahí apuntaron a que varios de los problemas en la región se explicaban por falta de voluntad política: "Nosotros hemos estado disponibles siempre a buscar soluciones, pero creemos que pasa por una decidida acción del Estado de promover un acuerdo político amplio, cosa que, hasta ahora, no hemos visto que sea impulsada con fuerza", dijo a La Tercera, aquel año, el entonces gerente de la firma, Hernán Rodríguez.

La Papelera es la firma que tiene mayor injerencia en la zona de conflicto, a través de Forestal Mininco, y en Chile administra aproximadamente 750 mil hectáreas de territorio entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos, atravesando 103 comunas y 358 comunidades mapuches, según datos de la propia empresa al cierre de 2017.

Hoy la CMPC dio un giro en relación con el 2015, los Matte cambiaron su visión, literalmente se pusieron en la primera fila de la foto y Moreno logró convencerlos de darle su venía al plan, al menos en teoría. "Una de las cosas que hemos hecho mal en el pasado, como Chile, es que toda la tendencia fue chilenizar al pueblo mapuche y eso es un error; lo que hay que hacer es lo inverso, es mapuchizarnos más los chilenos, así es como los pueblos se unen y las culturas se unen, no imponer una sobre otra, sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios", dijo Bernardo Matte imbuido del espíritu del Plan Araucanía.

No se quedó ahí y agregó que "esto hay que tomarlo como un inicio, pero valoro y destaco que, por primera vez desde que recuerdo, hay un Presidente y un equipo de Gobierno que quiere afrontar el problema que hay en La Araucanía de frente y que está dispuesto al diálogo, y eso es muy valioso".

La presencia del empresario hace ruido a varios dirigentes mapuches. Ancalao señaló que es malo para el ministro mostrarse como un "servidor" de los Matte, pues no se sabe qué objetivos pueden tener el grupo u otros privados en la zona, más con la opción a mano de poder rentar hectáreas por 25 años, que –agregó– equivale "al ciclo de agotamiento productivo de un terreno".

Moreno justificó la medida y afirmó que la propuesta de arriendo de tierras está lejos de querer hacerles un favor a los empresarios, sino que busca regularizar una situación que se observa en la zona mapuche de forma irregular, descartando, además, que sea un plan solo con enfoque económico. "El caso forestal es un caso distinto (al de otros sectores productivos), ellos ya tienen inversiones en la zona. Creo que más bien lo que interesa ahí es que tener una relación distinta entre las forestales y las comunidades locales. Esto es un tema que se está dando en todas las grandes inversiones en todas partes, pero aquí es particularmente relevante", dijo el ministro.

Añadió que lo que se propone es mantener muchas de las cosas de la Ley Indígena. "Qué cosas queremos mantener, la tierra es mapuche, solo se puede vender entre mapuches, no se puede entregar en garantía, porque si se entregara en garantía habría riesgo de que se perdiera", señaló a El Mostrador y añadió que, por un lado, el objetivo es regularizar una serie de títulos colectivos que impiden situaciones como la herencia o los subsidios, punto en el que –asevera– no hay mayor desacuerdo.

"Y un segundo punto, que tiene que ver con que la tierra indígena, la que es individual, que hay dos tipos, que es la 20a, pero además todas las tierras que tenían de antes. Ellos deben tener del orden de 500 mil hectáreas y la Conadi ha comprando cerca de 200 mil hectáreas. Esas 500 mil hectáreas que tienen de antes están en propiedad individual y sí se pueden arrendar, la ley curiosamente para esas tierras sí permite el arriendo con un límite de cinco años de duración como máximo de periodo. Lo que estamos proponiendo es que se permita también en la propiedad comunitaria que se pueda arrendar, dado que el resto de las tierras indígenas sí se pueden arrendar y que el plazo, dado que ahora se hacen otro tipo de cultivos, que son muchos más años, como el tema frutal, que si alguno quiere hacerlo, pueda hacerlo hasta un plazo máximo de 25 años", precisó Moreno.

Para Ancalao la propuesta camina en el sentido equivocado, porque "parte del problema el ministro debe tratar de solucionarlo de buena fe, pero desconoce el problema. De 1916 a 1927 se dividieron los títulos de merced y el pueblo mapuche perdió 147 mil hectáreas".

¿Cómo se entenderá esta política, de paso, con la de compra de tierras? Esta es solo una primera etapa, dice Moreno, y por ahora hay que esperar.

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