¿Dónde está la justicia ambiental?

Resulta gráfico que, si bien la zona fue declarada saturada ya en 1992, a la fecha aún no cuenta con un Plan de Descontaminación Ambiental actualizado. Aquello retrata un fracaso sistemático no solo por parte de diversos gobiernos sino del mismo Estado, como garante del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en dar soluciones efectivas a un problema que se arrastra desde hace cincuenta años. Cincuenta años.

Que la inmediatez y gravedad de la crisis ambiental actual no nos haga inadvertidamente dejar a un lado que el maltrato ambiental ejercido sobre sus habitantes lleva medio siglo sin una respuesta apropiada. En una sociedad que requiere construirse desde la igual ciudadanía, y en donde todos podamos perseguir nuestros sueños y beneficiarnos de la vida en sociedad, lo que ocurre en la zona es una profunda injusticia. En los hechos, a los habitantes tanto de Quintero-Puchuncaví como de otras zonas saturadas de contaminación como Tocopilla, Huasco o Coronel, el Estado les ha determinado, gracias a la laxitud de las regulaciones, a soportar niveles injustificables de contaminación ambientales, con las consecuencias que ello acarrea no solo para la vida y salud de sus habitantes, sino para el desarrollo cognitivo de sus niños (y con ello sus oportunidades), o para bienes de interés público, como la conservación de la biodiversidad y el medio marino.

Nacer en una zona saturada es una intolerable injusticia territorial en tanto, por factores externos a las comunidades, sucesivas generaciones han sido condenadas a vivir en condiciones de permanente deterioro de su calidad de vida y del patrimonio ambiental, sin que se haya garantizado algo fundamental en un Estado de Derecho: que todos recibamos igual consideración de nuestros derechos e intereses por parte de la política pública. ¿Somos realmente iguales ciudadanos si la ley admite que solo 6 comunas concentren las 28 centrales termoeléctricas a carbón de todo el país? La verdad, existen ciudadanos que deben soportar cargas ambientales intolerables, ciudadanos de segunda categoría.

Como liberales, por cierto, creemos en la libertad para desarrollar todo tipo de actividades económicas lícitas, no solo por la legítima ganancia económica sino también por los beneficios sociales que acarrea la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, toda libertad tiene su límite en los derechos del otro, en tanto es ilegítimo producir daños indeseados en terceros, y en materia ambiental corresponde al Estado establecer las reglas que permitan del mejor modo medir y prevenir daños ambientales, a través de la evaluación ambiental y los estándares de calidad ambiental. En esto hay que ser claro: las reglas fallaron.

Empresas altamente contaminantes se instalaron y proliferaron estas zonas, cumpliendo todas las de la ley, gracias a que los estándares ambientales establecidos eran y siguen siendo muy insuficientes. ¿Qué justifica que la norma de emanación diaria de mp10, un elemento muy nocivo para la salud y del cual se tiene inventario y mediciones claras para estas comunes, siga siendo el triple del estándar de la Unión Europea? O, ¿por qué no contamos con normas de calidad del aire para gases como el benceno, tolueno o arsénico? Porque no hemos tratado a todos los ciudadanos de nuestro país, particularmente los habitantes de esas zonas, desde la igual consideración a sus derechos ni observando justicia en nuestras relaciones ciudadanas. Esto no puede seguir así.

Uno de los principios fundamentales a la hora de concebir la justicia social es el concepto de la igualdad de oportunidades, un valor político que favorezca siempre que todos, independientemente de nuestro origen, podamos perseguir libremente nuestros proyectos de vida en igualdad de condiciones, y con ello aspirar a nuestro más pleno desarrollo personal y moral.

El maltrato ambiental de estas zonas afectadas impone inexorablemente una grave restricción de oportunidades a sus habitantes. En efecto, sería difícil hablar de igualdad de oportunidades educativas cuando las clases deben ser suspendidas, los colegios cerrados, y el Simce postergado por los síntomas de la contaminación en los niños, o de iguales oportunidades en la salud ante los daños graves y prolongados de la contaminación, así como la propensión a enfermedades y el consistente deterioro cognitivo.

¿Cómo avanzar hacia una resolución en el corto plazo de la crisis, y eventualmente terminar con aquellas cargas ambientales intolerables a fin de asegurar estándares dignos de calidad de vida e igualdad de oportunidades para los habitantes de Quintero y Puchuncaví, y otras zonas de sacrifico? Si la mala noticia es precisamente el efecto de cincuenta años de grave contaminación sobre una comunidad, la buena es que podemos aprender de las soluciones adoptadas en el pasado y seguir buenos ejemplos como las políticas adoptadas por la contaminación por polimetales en Arica, que enfrentándose a casi quince años de acumulación de desechos industriales muy nocivos para la salud, pudo superar la crisis ambiental gracias a un programa de intervención comprensivo – desde descontaminación hasta refuerzos en materia de educación, salud o vivienda– que conocemos hoy como la “Ley Arica”.

Y si bien siempre es necesario tener en cuenta que la situación entre ciudades varía significativamente, existe un modelo que puede ser adaptado a la zona considerando sus características ambientales, con la participación y compromiso de las comunidades, privados y el Estado, en una labor constante y de largo plazo en lo que debiera ser una “Ley Quintero-Puchuncaví”, o incluso replicable a otras zonas de comparables.

Esperamos que la constatación del mal manejo histórico de la situación ambiental en Quintero y Puchuncaví imponga una gran llamada de atención para el país respecto a las comunidades que, enfrentándose a un profundo nivel de injusticia territorial, no han obtenido una solución satisfactoria y duradera. Asimismo, es también una oportunidad para realizar un cambio genuino y para avanzar decisiva y positivamente en torno al ideal de la justicia ambiental, mitigando, compensando y reparando daños, y estableciendo mecanismos constantes, eficientes y responsables para que nunca más una comunidad deba soportar el maltrato ambiental que han sufrido Quintero y Puchuncaví por los últimos cincuenta años.