MERCADOS
La continuidad de Ronaldo Bruna como titular de la Superintendencia de Servicios Sanitarios está en jaque. Si bien la decisión inicialmente se tomaría en junio, en el Gobierno barajan la posibilidad de anticiparse, producto de cuestionamientos que crecen al interior de la propia superintendencia, que van desde su abultado patrimonio –correspondiente a 29 propiedades, 27 de ellas adquiridas de manera simultánea en menos de un año, a través de créditos hipotecarios paralelos– a un reciente informe de Contraloría que reprocha su gestión por casos de faltas a la probidad administrativa de uno de sus asesores de mayor confianza.
Hace dos semanas, en una reunión entre el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se abordó el futuro del titular de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Ronaldo Bruna. Si bien su continuidad en el cargo se revisaría a mediados de año, la crisis interna que atraviesa el organismo y los cuestionamientos en contra de su autoridad han anticipado la discusión.
Los reparos contra Bruna –según fuentes de Chile Vamos– apuntan, en primer lugar, a su cercanía histórica con personeros de la ex-Concertación, período en el que comenzó a ocupar cargos públicos, y también de la Nueva Mayoría, con quienes forjó estrechos vínculos, como es el caso del ministro de Transportes y Telecomunicaciones del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Gómez-Lobo (PPD).
Estos reparos, sin embargo, no se han limitado a sus simpatías políticas. Fuerte ruido han provocado también las críticas a su gestión al mando de la superintendencia, donde abundan las quejas por su laxitud a la hora de manejar una serie de denuncias contra sus asesores. Sin muchos amigos en el organismo que dirige, fuentes al interior del servicio aseguran que el único soporte que le queda es el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine.
Una de las situaciones, no obstante, que ha generado mayor ruido al interior de Palacio no tiene relación con estos antecedentes, sino más bien con su patrimonio inmobiliario.
Bruna, antes de llegar a la superintendencia, adquirió en el plazo de solo un año y mediante créditos hipotecarios simultáneos, en 7 entidades financieras distintas, un total de 27 departamentos, todos en el centro de Santiago, con un avalúo fiscal de $883,9 millones, mientras se desempeñaba como jefe de la División de Investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y, luego, como jefe de asesores del Ministerio de Transportes, en la era de Gómez-Lobo.
De profesión ingeniero comercial por la Universidad de Santiago, con un máster en Georgetown University, Ronaldo Bruna ingresó a trabajar en la Fiscalía Nacional Económica como jefe de la División de Investigaciones en septiembre de 2005, cargo que desempeñó hasta marzo de 2014.
Siete meses antes de dejar la FNE, adquirió –en un plazo inferior a un mes– seis departamentos en el edificio Solsticio Capital, ubicados en calle Eleuterio Ramírez 1024, en pleno centro de Santiago. Para ello solicitó créditos hipotecarios en dos instituciones bancarias diferentes en forma simultánea. Los inmuebles fueron adquiridos entre el 26 de julio y el 31 de agosto de 2013.
Renunció a la Fiscalía Nacional Económica en marzo de 2014 para sumarse al staff –como jefe de asesores– conformado, para apoyar su gestión, por el entonces ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo. Bruna posee, además, el 10% de la propiedad de la empresa de transporte de carga terrestre Gabro Ltda., creada en 1970, participación que mantuvo mientras fue jefe de asesores del titular de Transportes.
Con solo cinco meses de antigüedad en su nuevo cargo en dicho ministerio, Bruna se pone en contacto con otras cinco instituciones bancarias y financieras y les solicita créditos hipotecarios para comprarse otros 21 departamentos, también en forma paralela y simultánea. Así, en un plazo no superior a 44 días, Bruna alcanza un patrimonio inmobiliario de 29 propiedades, 27 de ellas adquiridas en un solo año. Los 21 departamentos adquiridos entre el 29 de agosto y el 10 de octubre de 2014 los compró también en un mismo edificio, el Equinoxio Capital, ubicado en calle Eleuterio Ramírez 1070, justo al lado del edificio Solsticio, donde se hallan sus otras seis propiedades.
Los créditos hipotecarios fueron otorgados por las entidades bancarias BancoEstado, BICE, CorpBanca, Banco Santander y Banco Itaú. Las no bancarias fueron Mertlife e ING Créditos.
Consultado por El Mostrador por este mecanismo para adquirir el señalado patrimonio inmobiliario, mientras trabajaba en la Fiscalía Nacional Económica y luego en el Ministerio de Transportes, el actual superintendente de Servicios Sanitarios manifestó que no respondería ninguna pregunta y que se remitía a su declaración de patrimonio.
Las preguntas que no quiso responder el superintendente y que no se aclaran en el texto de su declaración de patrimonio apuntan a averiguar si la autoridad sanitaria informó, durante los años 2013 y 2014, a los bancos e instituciones financieras a los que estaba solicitándoles créditos que también estaba solicitando otros –en paralelo– a instituciones financieras diferentes para adquirir más departamentos (para que esta circunstancia fuera debidamente considerada en el proceso de evaluación de riesgos de los créditos, por cada una de las entidades financieras), y dónde obtuvo los muchos millones que tuvo que pagar al contado como pie por cada uno de unos 27 departamentos adquiridos, ya que las instituciones financieras no pueden otorgar crédito para estos efectos, y a cuantos años pidió los créditos. Este dato no es menor, ya que –según el Boletín Comercial– Ronaldo Bruna aparece actualmente como dueño de 14 propiedades.
Si la información contenida en el Boletín está actualizada, entonces el superintendente ya ha enajenado 13 de esos departamentos, apenas 5 años después de haber adquirido los créditos hipotecarios.
Funcionarios que prefieren mantener su anonimato afirman que Bruna es una autoridad que se caracteriza por incurrir en gastos innecesarios. Tiene dos choferes a tiempo completo y ha impulsado una extravagante y sofisticada remodelación de oficinas, incluyendo la suya, aspirando a emular las dependencias de la FNE.
Hace poco se fue de vacaciones a Malta y desde allá instruyó que se le habilitara el servicio de roaming para comunicarse desde su celular de trabajo. Viajes a seminarios, conferencias o charlas internacionales constituyen parte de sus actividades, pero que son cuestionadas en la interna por considerarlas innecesarias. Por estos días se prepara para viajar a una actividad similar en Costa Rica.
Sin embargo, uno de los casos que más ruido ha provocado fue el del abogado Boris Santander. Este se incorporó como asesor jurídico de Bruna en agosto de 2016, cumpliendo funciones bajo las órdenes directas del superintendente. Santander no duró mucho en el cargo, presentando su renuncia en enero de 2018, pero, a las pocas semanas de su salida, una denuncia anónima por faltas a la probidad llegó a Contraloría.
El resultado de la investigación del órgano contralor es reciente. En marzo de este año, determinó la existencia de un potencial conflicto de interés por parte de Santander, debido a su condición de abogado asociado al estudio jurídico “Zúñiga Campos Abogados”, ligado al experto constitucionalista Francisco Zúñiga y al exministro de Justicia y DD. HH. Jaime Campos.
El conflicto se producía porque era el asesor jurídico de la SISS –en la práctica su fiscal, según dicen funcionarios de esta superintendencia– y, paralelamente, estaba asociado a un bufete de abogados que representaba a empresas sanitarias que estaban en conflicto con el regulador, producto de multas que este les había aplicado.
«Al señor Santander Cepeda, si bien le fue otorgado mandato para representar en causas judiciales a la entidad en análisis, éste no participó en los juicios individualizados por el recurrente como abogado patrocinante o con poder. No obstante, conforme a las declaraciones efectuadas por funcionarias de la División Jurídica de la SISS, éste requería antecedentes de las causas que se mantenían en proceso en esa dependencia, obteniendo de esa forma conocimiento de ellas», reza el informe de Contraloría.
«Al menos, entre el 29 de noviembre de 2017 y el 1 de marzo de 2018 –fecha última en que cesó sus funciones en la SISS– aparecía formando parte del estudio Zúñiga Campos Abogados, bajo el régimen que se denomina ‘comunidad de techo’, en la cual trabajaban abogados que representaban a empresas sanitarias que demandaron a esa institución para impugnar multas que se les aplicaron con ocasión de la fiscalización desarrollada por la misma», continúa el informe. De esta forma, Santander «aparece en un periodo de tiempo con una doble condición, es decir, como funcionario de la SISS e integrante de la referida ‘comunidad de techo’, situación que configuró un potencial conflicto de interés por parte de ese exfuncionario y que transgredió el principio de la probidad administrativa», puntualiza el mencionado documento.
Santander sigue siendo funcionario público, ahora como académico de la Universidad de Chile, por lo que la Contraloría iniciará un sumario para determinar la eventual responsabilidad administrativa que le corresponda en los hechos. El superintendente Bruna habría sabido esta situación, cuestión que ha sido expuesta por funcionarios de la SISS.
