Opinión
La carta responde un acuerdo importante de los gobiernos de la región sobre la necesidad urgente de recuperar la confianza de la ciudadanía, en un contexto donde se han conocido casos de corrupción de gran envergadura, como Lava Jato o el más reciente en Argentina.
Recientemente Chile, así como el resto de los países de Latinoamérica más España y Portugal, aprobó la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Ello en el contexto de la XVIII Conferencia Ministerial y Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), en la ciudad de Antigua, Guatemala.
Según el World Economic Forum, cada año la corrupción le cuesta al mundo cerca de dos trillones de dólares. La Carta que hoy nos presenta el CLAD es una buena noticia para la región, que ha visto de cerca cómo la corrupción socava las bases democráticas que nos deben sostener y proyectar a un desarrollo socialmente inclusivo.
La carta responde un acuerdo importante de los gobiernos de la región sobre la necesidad urgente de recuperar la confianza de la ciudadanía, en un contexto donde se han conocido casos de corrupción de gran envergadura, como Lava Jato o el más reciente en Argentina.
El desprestigio de la política puede y debe combatirse con normas y estándares que permitan asegurar que los funcionarios públicos cumplan con su función en aras del bien común.
En concreto, los países firmantes se comprometen a promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
