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Accionista de LATAM no desiste: acude a la SEC para frenar OPA por investigaciones de corrupción

por 29 noviembre, 2019

Accionista de LATAM no desiste: acude a la SEC para frenar OPA por investigaciones de corrupción
Jorge Said, que ha realizado varias ofensivas contra la firma controlada por los Cueto, presentó una denuncia ante el regulador norteamericano, argumentando que existen investigaciones vigentes contra la empresa que harían inviable que continúe la oferta de Delta sobre su propiedad.
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Son varias las veces en que Jorge Said, accionista de Latam, se ha enfrascado en debates con los controladores de la firma, la familia Cueto.

Pero el contexto hoy es otro. La  aerolínea inició un proceso de Oferta Pública de Acciones, luego de anunciar un acuerdo que implicará –entre otras cosas– que Delta entre a la propiedad de la empresa. El deal entre ambas compañías tiene como meta darle un respiro financiero a la empresa chilena, que ha arrastrado años complicados en materia financiera tras su fusión con Tam.

El compromiso entre ambas firmas implica que la norteamericana comprometió un plan de inversión en la empresa que, entre otras cosas, le permitirá recudir su carga deuda y comprar cerca del 20% de la compañía. Eso sin sin pelear el control con los Cueto.

Pero Said sostiene que lo anterior no sería posible, todo tomando en consideración diversos hechos que han involucrado a la firma en Argentina y Brasil. Puntualmente Said se refiere a hechos de corrupción que han sido denunciados en la prensa y en tribunales, y que incluyen a Latam entre los protagonistas.

A raíz de ello, Said (con el folio 15724-211-070,) presentó el 30 de octubre una denuncia ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el ente regulador del mercado norteamericano. Previamente el empresario había hecho denuncias por las conductas en Argentina, pero ahora acudió directamente a Estados Unidos. Lo anterior se explica por el hecho de que Latam cotiza en el mercado estadounidense, pero además porque tiene un acuerdo con la SEC de no cometer ningún delito, luego de haber sido multada en 2016.

Asesorado por el abogado Guillermo Giugliano, de Etcheverry Abogados, el empresario –que posee 34 mil acciones de Latam– planteó “que se interpone la presente denuncia a efectos de que, i) se investigue el hecho que se denuncia en el cuerpo de este escrito; ii) se suspenda el actual examen y la eventual aprobación por parte de esta SEC, de la OPA anunciada para el corto plazo entre Delta Northwest Airlines y Latam Airlines Group, a través del cual, la firma estadounidense pretende adquirir el 20% del capital de la segunda; iii) se oficie al Sr. Veedor externo designado por esta SEC por medio del Cease and Desist Order de 25 de julio de 2016, para que informe acerca de los nuevos hechos de corrupción que se denuncian en esta presentación, y acerca del comportamiento de Latam Airlines Group durante los 36 meses que duró su auditoría; iv) se oficie a Latam Airlines Group para que informe acerca de los nuevos hechos de corrupción que se denuncian en esta presentación; v) se oficie a la Fiscalía de Brasil para que informe acerca de los nuevos hechos de corrupción que se denuncian en esta presentación y la relación de Latam Airlines Group en estos”.

Los casos en cuestión

Said hace referencia a dos hechos que, a su juicio, incumplirían el acuerdo de un comportamiento intachable al que llegó la misma aerolínea con la SEC en 2016, luego de ser multada por el pago de asesorías en Argentina por la SEC.

El primer episodio dice referencia con las informaciones de prensa que circularon hace unos meses cuando se filtró una declaración del ex-CEO de GOL, Henrique Constantino, donde señaló que varias aerolíneas, entre ellas Latam, pagaron coimas a parlamentarios brasileños.

Puntualmente, la denuncia que plantea Constantino –quien declaró el 25 de febrero de 2019– es que la firma pagó más de 7 millones de reales brasileños a un grupo ligado al expresidente Michael Temer. Todo a cambio de beneficios para GOL. Pero en la misma declaración añadió la existencia de una red de corrupción entre parlamentarios brasileños y la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas, de la que es parte Latam. Todo con el fin de obtener favores políticos, reza su versión.

El accionista de la línea aérea sumó en la solicitud a la SEC los hechos que el mismo denunció en Argentina. “A la fecha de esta presentación la justicia argentina por medio del juez Claudio Bonadio posee abierta una investigación en la que se ven involucrados por coimas y soborno a doña María Cecilia García, expresidenta de Intercargo, a don Máximo Kirchner, hijo de los exmandatarios del país, al exviceministro de Economía Argentino don Alex Kicillof y además don Ignacio Cueto, quien actuaba como CEO de LAN, actual accionista mayoritario de LATAM Airlines Group, y miembro del grupo empresarial que pretende la venta del 5,6 % del capital de la compañía aérea chileno- Brasileña. La investigación seguida en Argentina apunta a distintos episodios que involucran a los principales ejecutivos de LAN Argentina (hoy parte de Latam) y miembros del gobierno del mismo país, como es el caso del sobreprecio de US$18 que tuvo que pagar LATAM a Intercargo, empresa estatal Argentina”, señala la presentación (originalmente en inglés).

Said detalló que hoy se investiga por el juez Claudio Bonadio el pago US$18.000.000 de adicionales a altos funcionarios del gobierno de Cristina Fernández, con el fin de destrabar los problemas que poseía la Latam en el mercado argentino. Cabe destacar que dicha investigación se inició después que el CEO de Latam Ignacio Cueto revelara la efectiva existencia de los pagos ante distintos medios locales de comunicación. Asimismo, el suscrito ha interpuesto una denuncia ante la autoridad argentina para que se investiguen los hechos recientes y que se exponen en la presentación.

La denuncia del empresario plantea que en 2016 la SEC multó a la entonces LAN con US$ 22 millones, luego de que la firma realizara pagos por unas consultorías en Argentina, lo que fue interpretado como una conducta fuera de las leyes por la SEC. La firma acordó una suspensión del procedimiento y acordó que la empresa mantuviera un veedor por 36 meses, además de no incurrir en conductas de este tipo nuevamente, lo que a juicio de Said no se cumple y, por ende, entorpece la OPA. Ahora está a la espera de que la SEC le pida mayores antecedentes del caso.

La diferencia con denuncias anteriores es que estas habían sido en sedes locales y no ante el regulador norteamericano, en todo caso, más estricto que autoridades locales.

Respeto de la denuncia, Latam Airlines señaló que “no tenemos conocimiento ni detalles sobre esta supuesta denuncia. En caso de que seamos requeridos, vamos a colaborar activamente con la autoridad”.

En medio de todo, la OPA se inició ayer miércoles, luego que Delta Airlines oficializara el proceso que se extenderá hasta el 26 de diciembre. Se trata de una oferta por hasta el 20% de la empresa y unos US$ 1.950 millones. Clave para la firma.

Investigación de la FNE

La denuncia de Said no es la única arista que debe sortear Latam para que la OPA con Delta se declare exitosa. Pese a que la firma aseguró en sus prospectos que no quiere tomar el control de la empresa, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició el pasado 1 de octubre una investigación por el acuerdo que involucra a ambas firmas.

En el documento que indicó dar inicio a la investigación la FNE detalla que "no es posible tener claridad acerca del alcance de la participación que Delta adquirirá en Latam a través de la OPA, ni los derechos o prerrogativas que esta eventualmente le conferiría, por lo que no es posible descartar preliminarmente la existencia de un hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia, o que tienda a producir dichos efectos".

Por ello, añadió, se hace necesario poder evaluar por parte de la Fiscalía la existencia de riesgos o eventuales infracciones a la libre competencia.

Cabe recordar que previo a la alianza estratégica anunciada con Delta, Latam tuvo un intento previo para operar con American Airlines, pero finalmente la Corte Suprema limitó los términos del acuerdo, lo que implicó que las firmas lo desecharan.

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