La gran fractura de Chile y la nueva Constitución

El amplio debate en torno al proceso constituyente, sobre las características del plebiscito de entrada (¿qué tan paritario?, con voto obligatorio o no y si se deben garantizar cupos a los pueblos originarios) y la composición del órgano constituyente, ha puesto en segundo plano lo que está en juego en el debate sobre la Nueva Constitución (NC).

No obstante, la discusión poco a poco avanza en esta dirección. Mientras que algunos sectores de la derecha y extrema derecha ponen en cuestión su importancia y alertan sobre los presuntos peligros que una NC traería consigo, sectores del centro político minimizan su relevancia al sostener que en la NC “asuntos dogmáticos como los derechos fundamentales u orgánicos como el diseño de muchas de nuestras instituciones probablemente se mantendrán similares” y que lo importante es simplemente el proceso de deliberación transversal e inclusivo que podría ayudar a enfrentar la anomia que existiría en Chile.

Ambas posiciones no terminan de reconocer la grave fractura que afecta a la sociedad chilena, la cual se constituye en el principal obstáculo para alcanzar un desarrollo inclusivo, una democracia perfeccionada y sobre todo una real igualdad de resultados.

Las masivas movilizaciones que han tenido lugar, la fuerte y extendida presencia de las demandas por otra salud, otro sistema de pensiones y una educación efectivamente de calidad e igualitaria, que colisionan con la tozudez de aquellos que no quieren aceptar la gran ILEGITIMIDAD de que goza la transformación de derechos sociales en negocio, son una expresión de esta fractura. También lo es la aguda violencia que ha estado presente a lo largo de esto 75 días, la percepción de que las fuerzas del orden actúan contra las marchas pacíficas (violando en muchos casos los DDHH), mientras demoran o simplemente no llegan a combatir los actos delictuales, o la actitud del comandante en Jefe del Ejército que se da el lujo de recurrir a la justicia para mantener las imágenes de Manuel Contreras, asesino condenado a más de 500 años de cárcel por sus crímenes, en varios cuarteles de esa institución. Aparece también una disputa sobre la interpretación de nuestra historia y sus figuras que se manifiesta en las intervenciones o destrucción de los monumentos y edificios de alto valor simbólico.

Pero las manifestaciones de la profunda fractura social y política que nos afecta no empezaron el 18 de octubre. Las demandas sociales indicadas aparecían ya desde hace años en todas las encuestas y movimientos de protesta social.

El mundo empresarial y sectores de la “vieja Concertación” que veían desmoronarse el modelo que habían creado, denunciaban, a su vez, que una profunda crisis política afectaba al país, que existía un creciente distanciamiento entre el mundo público y privado, un divorcio entre la técnica y la política, una crisis de la calidad de la política, y un deterioro de la cancha donde ocurre lo público, políticas públicas que ponen en peligro el crecimiento potencial del país y la aparición de un populismo ramplón.

En el campo institucional, de la economía y del medioambiente los conflictos venían también creciendo. Coincidían una grave crisis institucional (Ejecutivo versus Legislativo, un conflicto latente entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial); una crisis climática e hídrica; una disenso creciente en torno al equilibrio entre crecimiento/desarrollo y protección del medioambiente; una tensión social en aumento y un modelo de crecimiento agotado (estancamiento de la productividad, caída del PIB tendencial, caída estructural de las exportaciones eje del modelo económico, aumento de la participación en el ingreso del 1% más rico), entre otros procesos. Es la necesidad de empezar a superar esta multiplicidad de fenómenos que conforman la falla estructural de nuestra convivencia, lo que hace indispensable la NC.

Nos encontramos en una situación que queda bien descrita por el cientista político Russell Hardin cuando, parafraseando a Robert Dahl, señala que una Constitución es como la democracia en el relato de Dahl, quien dice: «En cierto sentido, lo que ordinariamente describimos como ‘política’ democrática es simplemente la paja. Es la manifestación superficial, que representa conflictos superficiales. [Estas] disputas sobre alternativas políticas son casi siempre disputas sobre un conjunto de alternativas que ya se han reducido a aquellos dentro del área amplia de los acuerdos básicos”. Esto significa para nosotros que en el contexto de la actual Constitución son solo posibles de manejar conflictos de segundo orden, que no resuelven la fractura que nos afecta. El problema principal que nos aqueja luego del 18 de octubre es la falta de legitimidad de la actual Constitución y la inexistencia de un acuerdo básico en torno a la solución de los problemas fundamentales que enfrentamos.

¿Qué es una Constitución? El destacado jurista italiano Luigi Ferrajoli señala al respecto: “Aquello que llamamos Constitución consiste en el sistema de reglas, sustanciales y formales, que tiene como destinatarios propios a los titulares del poder. Bajo este aspecto las constituciones no representan solo el perfeccionamiento del Estado de derecho a través de la extensión del principio de legalidad a todos los poderes, incluso el Legislativo. Constituyen también un programa político para el futuro: la imposición a todos los poderes imperativos negativos y positivos como fuente para su legitimación, pero además –y diría sobre todo– para su deslegitimación. Constituyen, por así decirlo, utopías de derecho positivo que, a pesar de no ser realizables perfectamente, establecen de todos modos, en cuanto derecho sobre el derecho, las perspectivas de transformación del derecho mismo en dirección de la igualdad en los derechos fundamentales”.

En ese sentido, la NC debe superar las limitaciones que presenta el actual “orden” constitucional y que obstaculizan el reencuentro de los chilenos, específicamente levantar el programa político por la igualdad, fortalecer las instituciones del autogobierno ciudadano y transformar al Estado en un agente del desarrollo, de la protección del medioambiente  y en un agente efectivo para modificar la “justicia de mercado” en “justicia social”.

No es posible en los marcos de esta columna ahondar en los temas indicados. Solo es posible, a manera de titulares, presentar un esbozo del planteamiento.

En relación con la DESIGUALDAD, los problemas de la Constitución actual ya saltan a la vista cuando dedica solo 7 líneas al derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, 13 líneas al derecho (ambiguo) a la protección de la salud; 10 líneas al derecho a la seguridad social, 41 líneas al derecho a la educación y 141 líneas al derecho de propiedad (contrastando con muchas constituciones que le destinan pocas líneas; como la italiana, que solo le dedica 14).

En el campo laboral, la actual Constitución privilegia la negociación individual por sobre la negociación colectiva, esta última la única capaz de superar la asimetría básica que caracteriza la relación entre empresario y el trabajador. Junto con el derecho de propiedad, el derecho que sí consagra la Constitución del 80 es el derecho a hacer negocio con los derechos sociales fundamentales, que se traduce en el sistema de AFP, de Isapres y en que cada uno recibe la educación que puede pagar.

Un criterio crucial para identificar los derechos que deben estar garantizados por la Constitución es, según Luigi Ferrajoli, el que deriva del nexo entre derechos e igualdad, lo que releva derechos que hacen de cada persona un individuo diferente de los demás y de cada individuo una persona igual a todas las otras; y al mismo tiempo, igualdad en los derechos sociales, que garantizan la reducción de las desigualdades económicas y sociales.

Más aún, es central entender los derechos fundamentales como leyes del más débil, como alternativa a la ley del más fuerte, incluidos los derechos sociales, que son derechos a la supervivencia contra la ley de quien es más fuerte social y económicamente. Esto implica que la NC debe asegurar el derecho a una negociación colectiva en la forma que los trabajadores la prefieran; un nuevo equilibrio entre los derechos de manera de garantizar la salud, la educación, la seguridad social y reponer la idea fundamental de que las entidades reguladoras están para controlar a las empresas prestadoras de servicio y proteger a los consumidores frente al poder de mercado.

En relación con el AUTOGOBIERNO CIUDADANO, la actual Constitución mantiene un sistema de quorum en materias que van mucho más allá de los derechos fundamentales y que obstaculizan el debate político y la decisión democrática. Obstaculiza también el ejercicio efectivo del autogobierno ciudanano, al establecer un “hiperpresidencialismo” en perjuicio del principal órgano de la democracia representativa: el Congreso.

Ello se traduce en una serie normas que le otorgan al Presidente de la República la iniciativa exclusiva en lo relativo al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social; y sobreendeudamiento público.  Además establecen la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en los proyectos de ley que tienen relación con la alteración de la división política o administrativa del país, y con la administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos.

Este desequilibrio excesivo contribuye a la desafección ciudadana respecto del sistema político. Del mismo modo, la actual Constitución prescribe un sistema ultracentralizado que tiene como consecuencia regiones extremadamente débiles.

Pese a las modificaciones, la Constitución actual no garantiza suficientemente la sujeción de las FF.AA. y de Orden al poder democrático. Más en general, el actual sistema político genera una situación de doble legitimidad electoral que dificulta la superación de las crisis políticas y sociales (como ha dejado en evidencia la actual rebelión popular).

En este contexto, es necesario analizar los pros y contras del régimen presidencial y la conveniencia de avanzar hacia un sistema parlamentario que supere los problemas de la doble legitimidad y que asegure que los gobiernos tengan mayoría parlamentaria. Con ello, además, puede ganar primacía la política sobre las decisiones fundamentales de política pública. La NC debe generar las bases para un sistema de autonomías regionales, que avance hacia la descentralización fiscal y la transformación de las regiones en reales polos de desarrollo. Fundamental es también que la NC incorpore mecanismos de participación democrática que permitan pasar desde una democracia de autorización a una de ejercicio y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

Finalmente, en relación con EL ESTADO la actual Constitución establece, sin mencionarlo, un Estado subsidiario que lleva a este a abdicar de su rol en el desarrollo, transfiere al sector privado el papel rector en relación con la economía, con lo que las decisiones respecto a la inversión en ciencia y tecnología, respecto del equilibrio entre economía y medioambiente, quedan sujetas a las consideraciones respecto de la rentabilidad de las principales empresas. En este contexto, la NC debe entregar los instrumentos para que el Estado y las empresas públicas puedan contribuir al crecimiento económico, a una efectiva protección del medioambiente y a un aumento permanente de la competitividad del país.

Del mismo modo, el Estado no puede ver reducido su rol a entregar una pobre política social para los pobres, como sostiene la idea de la focalización de la política social, sino que debe constituirse en un eje fundamental de la construcción de un Estado de bienestar moderno.

Se equivocan en consecuencia quienes consideran que la crisis social que enfrenta el país puede ser resuelta con cambios cosméticos menores; por el contrario, es indispensable reconocer que la apertura de un horizonte de desarrollo equitativo para todos los habitantes y con ello la superación de la fractura que afecta al país, pasa por una NC que enfrente y resuelva los desafíos que plantean la desigualdad, las restricciones que limitan un efectivo autogobierno y un Estado que abdica de su rol económico y social respecto de todos los ciudadanos.