MERCADOS
El martes pasado cuando se aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que permite el segundo retiro del 10%, también se le dio el paso a una iniciativa que apunta al retiro para jubilados desde sus rentas vitalicias. En ese contexto, tanto la Comisión para el Mercado Financiero como el Banco Central alertaron que, a diferencia de las AFP, no existe un «fondo» desde donde retirar en este caso y que un adelantamiento del pago tendría que ser cubierto con el patrimonio de las empresas.
Ya lo había dicho el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aunque con un tono más apocalíptico. Que si las compañías deben asumir ese retiro, «quiebran todas». El titular de la CPC salió al paso luego de que el martes pasado se aprobara la idea de legislar el proyecto de ley que permite el segundo retiro del 10%. Y, junto con ello, se abrió paso a una iniciativa que apunta al retiro para jubilados desde las rentas vitalicias. Esta idea no fue bien recibida por el mundo empresarial.
Hoy, según consigna El Mercurio, el Banco Central se plegó a las alertas y señaló que con dicho retiro se alteran unilateralmente los contratos entre afiliados y las compañías, afectando la intangibilidad de los contratos y el derecho de propiedad. Con ello, dijo el emisor, «generaría riesgos de acciones cautelares, demandas en contra del Estado y, eventualmente, demanda de compensaciones con motivo de expropiaciones».
De acuerdo al matutino, y la información entregada por el Central, esto se profundiza al estar involucrados inversionistas extranjeros, como Principal Financial Group EE.UU. (Principal); Metlife Inc. EE.UU. (Metlife); Ohio (Ohio National Financial Services EE.UU.); Chilena Consolidada (Zurich Insurance Group, Suiza); Bci (Mutua Madrileña, España); Scotia (BNP Paribas, Francia) y Mapfre (Grupo Mapfre, España).
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) también se sumó a las señales de stop y advirtió que, a diferencia de las AFP, las compañías de seguro invierten una fracción importante de sus recursos en activos ilíquidos de largo plazo, «los que sirven para respaldar el flujo mensual del pago de pensiones de sus asegurados». Por lo tanto, según señalan, al forzar a las compañías a vender en corto tiempo activos que les permitan cubrir el retiro, «podrían generarse fuertes pérdidas en dichas ventas, ampliando riesgos de solvencia de las mismas».
La CMF pone énfasis en que «en un escenario de riesgo, donde el total de pensionados retira el máximo monto al que tienen derecho, el efecto sería del orden de los US$ 2.869 millones. Este monto corresponde al 66,7% del patrimonio neto de las CSV (Compañías de Seguros de Vida)», lo que «tendría efectos importantes en la solvencia y en la estabilidad del mercado de rentas vitalicias”.
¿Cuál es la expectativa de las aseguradoras? Al matutino también habló el presidente de la asociación que las agrupa, Mario Gazitúa, quien señaló que «más del 34% de nuestros pensionados ya se consumió el 100% de los aportes realizados inicialmente y eso ha sido sustentado por el patrimonio de las empresas, incluso más del 10% ha retirado el doble de lo que puso». Además, abogó porque se aborden otro tipo de herramientas para ir en ayuda de las personas que están con dificultades económicas por la crisis.
