MERCADOS
La cumbre del G7 en Cornualles (suroeste de Inglaterra) comenzó este viernes y ha puesto fin a más de un año sin grandes reuniones globales por causa del estallido de la pandemia del Covid-19. Los líderes deberán dar respuestas desde hoy y hasta el domingo a algunos de los problemas más acuciantes del planeta, desde la vacunación hasta el cambio climático.
Los líderes del Grupo de los Siete coincidieron en la necesidad de continuar apoyando sus economías con estímulos fiscales, dijo una fuente familiarizada con las discusiones este viernes, el día de apertura de la cumbre del G7.
El respaldo a un mayor estímulo fue compartido por todos los líderes, incluida Angela Merkel de Alemania, que tradicionalmente se ha opuesto al fuerte endeudamiento para estimular el crecimiento, una posición que se ha relajado frente a la crisis del Covid-19.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estado presionando a sus aliados para que sigan gastando, mientras que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instó a sus colegas del G7 en febrero a «ir a lo grande».
La fuente dijo que los líderes del G7 creían que debería haber políticas a largo plazo para garantizar la salud de las finanzas públicas en el futuro, haciéndose eco de la posición de sus ministros de Finanzas que se reunieron a inicios de este mes en Londres.
Aseguró además que los líderes creían que un aumento de la inflación posterior al confinamiento en muchos países sería temporal.
El primer ministro italiano, Mario Draghi, destacó la importancia de tomar medidas para reducir el desempleo, como el perfeccionamiento y ofrecer apoyo a los trabajadores más jóvenes, propuesta respaldada por el canadiense Justin Trudeau, según la fuente.
Uno de los principales objetivos económicos que se han marcado los líderes del G7 en la cumbre de Cornualles (Reino Unido) es diseñar una estrategia que permita una recuperación «uniforme» y evite los fallos cometidos tras la recesión de 2008.
Los mandatarios de las democracias más desarrolladas del planeta dedicaron este viernes la primera sesión plenaria del encuentro a abordar planes para reconstruir un mundo «mejor» una vez se haya superado la crisis sanitaria que ha puesto en jaque al planeta desde hace más de un año.
A pesar de la confianza en que la economía «rebotará con mucha fuerza» una vez se hayan levantado las restricciones para minimizar contagios, existe el temor a que las turbulencias financieras sufridas desde principios de 2020 dejen «cicatrices duraderas», advirtió el primer ministro británico, Boris Johnson, anfitrión del evento.
En su intervención inaugural en la cumbre, primera presencial en dos años, el jefe de Gobierno del Reino Unido resaltó la necesidad de tomar medidas para evitar que las desigualdades que ha favorecido la pandemia se cronifiquen en los próximos años.
Coincide en esa visión el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuyo Gobierno ha expresado su respaldo a aquellos planes que favorezcan que la recuperación económica beneficie tanto a la «clase media» como a las «familias trabajadoras» en todo el mundo.
El grupo de países industrializados contempla además la reconstrucción pospandemia como una oportunidad para avanzar hacia una economía más sostenible que facilite el cumplimiento de los objetivos climáticos de las próximas décadas.
Un sistema más «limpio y verde» no solo sería una «solución a los problemas del cambio climático», sino también el modo de crear millones de puestos de trabajo «altamente cualificados» y con «altos salarios. «Creo que los ciudadanos de nuestros países quieren que nos centremos en eso», recalcó Johnson.
Un nuevo pacto trasatlántico rubricado por Estados Unidos y el Reino Unido esta semana subraya el compromiso de ambos países por avanzar en esa dirección. «Nos comprometemos a continuar construyendo una economía global inclusiva, justa, amigable con el clima y sostenible», señala ese texto.
Los mandatarios reunidos en Cornualles coinciden en la necesidad de mantener las políticas de apoyo económico puestas en marcha ante la pandemia el tiempo que sea necesario y debaten estos días medidas para incrementar el respaldo a los países en desarrollo.
Entre esos planes, está sobre la mesa ampliar el alcance de los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG), un instrumento del Fondo Monetario Internacional (FMI) diseñado para crear liquidez e incrementar los recursos disponibles en Estados con necesidades financieras.
Estados Unidos ha sugerido que el paquete adicional de recursos canalizado a través de ese programa puede alcanzar los 100.000 millones de dólares (82.600 millones de euros).
Esos fondos deberían utilizarse para cubrir «necesidades sanitarias», incluidos programas de vacunación, y para asegurar una recuperación «más verde», «robusta» e «inclusiva», describió la administración estadounidense.
Los líderes del G7 respaldarán este fin de semana el acuerdo al que llegaron sus ministros de Finanzas para impulsar una reforma del sistema fiscal global que imponga una tasa mínima del 15 % para sociedades.
Biden, que asiste a su primera cita internacional desde que accedió a la Casa Blanca, ha subrayado que ese es un paso esencial para evitar la competencia entre países por recortar impuestos a las grandes corporaciones que ha dañado la «protección a los trabajadores, la inversión en infraestructuras y el crecimiento de las clases medias» en la última década.
Esa medida va de la mano con el plan para que las compañías estén obligadas a saldar su contribución fiscal en los países donde generan beneficios.
En ese terreno, Biden ha recalcado la importancia de que ese principio se aplique todas las «grandes multinacionales» y no solo al sector tecnológico: «Ese es un principio importante para Estados Unidos», sostiene el estadounidense, que confía en el «multilateralismo» para mejorar las condiciones en todo el mundo.
Las risas, abrazos y guiños que los líderes de los países más ricos del mundo se prodigaron hoy en una playa de Cornualles (suroeste de Inglaterra) con motivo de la cumbre del G7 no evitaron que la pesadilla del Brexit y sus secuelas se colasen una vez más en la fiesta.
En su agenda, cargada de vacunas y retos existenciales como el cambio climático, las secuelas de la decisión británica de salir de la Unión Europea (UE) todavía conservan un carácter prominente.
Se la ha bautizado como la «guerra de las salchichas», pero su trasfondo es mucho más siniestro: la negativa británica a aplicar controles aduaneros a ciertos productos -especialmente cárnicos- que llegan a Irlanda del Norte amenaza la estabilidad de la convulsa provincia.
La UE, que goza de mayoría numérica en el Grupo de los Siete países más desarrollados, no parece dispuesta a desaprovechar la ocasión de recordar al Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, que el período de gracia para comenzar a hacer y facilitar esos controles expira el 30 de junio.
La estela del Brexit difumina por el momento los consensos generalizados que el G7 prevé alcanzar, y más ahora que el expresidente estadounidense Donald Trump ha quedado fuera de escena.
Mañana, sábado, será el día de la verdad, con las reuniones bilaterales que sentarán cara a cara a Johnson con el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Pero ya este viernes, las advertencias se fueron sucediendo.
«Mantenemos todas las opciones abiertas», espetó el portavoz del primer ministro británico para negar que éste descarte la adopción de medidas unilaterales sobre los productos cárnicos procesados.
El portavoz rebajó las perspectivas de que se llegue a un acuerdo este fin de semana, pero reconoció que los líderes tratarán «los desafíos que esto está suponiendo para la gente de Irlanda del Norte, los riesgos que representa para el Acuerdo de Viernes Santo y la necesidad de hallar soluciones urgentes».
La Unión Europea ha anunciado ya que recurrirá a los tribunales una nueva prórroga unilateral de los controles por parte del Reino Unido -algo que ya ha hecho con otros productos- pero amenaza también con imponer sanciones, que desatarían una guerra comercial.
Bruselas se niega a renegociar el Protocolo de Irlanda del Norte, parte integral del Acuerdo de Salida, que contempla que los controles a las mercancías se realicen al llegar a esa provincia desde Gran Bretaña, una solución diseñada para evitar una aduana entre las dos Irlandas, lo que contravendría los acuerdos de paz de 1998.
También el presidente francés, Emmanuel Macron, se manifestó con contundencia en una rueda de prensa previa a viajar a la cumbre a modificar ni un solo artículo del protocolo.
Para Londres, la UE es excesivamente «purista» al interpretar las condiciones del acuerdo, y pide una mayor «flexibilidad» para evitar que los norirlandeses se vean afectados por las trabas en el comercio.
Los países comunitarios aguardaban con impaciencia la llegada del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, a Cornualles, quien ya ha manifestado en anteriores ocasiones la importancia que su país concede a la preservación de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte, de los que es parte signataria.
Sin embargo, Biden eludió pronunciarse sobre el asunto tras reunirse ayer con Johnson en privado y la Casa Blanca desmintió que sus diplomáticos hubiesen advertido al Gobierno británico sobre el riesgo de «inflamar» la situación, como había publicado el diario «The Times». EFE
