Con el rechazo de la Cámara de Diputados a los dos artículos que abrían el negocio de la pesca a nuevos actores, a través de licitaciones y nuevas licencias, hubo un ganador: la concentración económica. Y un gran perdedor: la libre competencia.
Mientras tanto, el Gobierno al que se sindicó como padrino de los intereses del empresariado tiene a sus fiscalizadores —Sernac, superintendencias de Valores y de Bancos, Fiscalía Nacional Económica— acusando de colusión a los productores de pollo, multando al Banco de Chile, defendiendo a los consumidores y obligando, incluso, a revertir utilidades contables a una sociedad como SQM, a la que nadie antes había logrado tocar.
El economista Gonzalo Cruzat, uno de los paladines de la libre competencia, que pidió estrictas medidas en la fusión de Lan y Tam, saca conclusiones. «El quitar las licitaciones deja a un solo ganador: aquellos que tienen las cuotas máximas de captura asignadas (por ley en 2001), ya que con una oferta limitada de actores pueden controlar el precio”.
Chile es un país con un mapa de concentración en el que no más de tres actores controlan más del 50% de los mercados donde participan, según reveló el informe de los abogados Ramón Briones y Hernán Bosselin y el economista Cristián Briones Montaldo. Tres bancos —Santander, Chile y BCI— controlan el 52% del crédito. Dos AFP —Provida y Habitat— concentran el 63% de los afiliados. Tres isapres —Banmédica, Consalud y Cruz Blanca— el 64% de las prestaciones de salud. Y ni hablar de las farmacias, el retail, combustibles y gas licuado.
Dos cadenas —Líder y Cencosud— el 64% de las ventas de los supermercados. Y lo que es patente en cada esquina: hay tres cadenas de farmacias, las mismas que fueron acusadas de coludirse para subir los precios de 206 remedios.
“El nivel de concentración es bajísimo si lo comparamos con el resto de los mercados; el retail, los bancos, las telefónicas, las líneas aéreas”, afirma Francisco Mujica, presidente de la Asociación de Pesqueros del Norte que integran Corpesca, empresa del grupo Angelini de la cual es gerente general, y Camanchaca, de Jorge Fernández.
Cinco empresas controlan el 94% de la pesca industrial, pero con una enorme diferencia, sostiene, “los industriales representamos el 48% de las capturas, lo que significa que nuestra participación de mercado es un 45%”. El resto es capturado por los artesanales.
“Este proyecto de ley incluye el acuerdo al que llegó la mesa convocada por el ministro de Economía, Pablo Longueira, en el que nuestra industria pasará a capturar un 43%, y el 57% quedará en manos de los artesanales (5% para los botes pequeños y el 95% para los de eslora entre 12 y 18 metros)”.
El negocio se distribuye entre siete familias que fusionaron sus empresas: Camanchaca (Jorge Fernández) con Bío Bío (familia Stengel) tienen un 18% de las cuotas de pesca del jurel. Mientras, Itata (familia Sarquis) y El Golfo (Yaconi-Santa Cruz), un 21%. SKP (grupo Angelini), San José (Lecaros Menéndez), un 23%, y Corpesca (Angelini) 12%. Por último, la noruega Marfoods asociada con Alimar (Izquierdo Menéndez) posee una cuota de 20%.
El resto son tres pequeñas: Pesquera Nacional (Francisco Javier Errázuriz), Landes (Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk) y la noruega Lota Protein que presentó una consulta ante el Tribunal de Libre Competencia, cuya respuesta dio pie a una doble interpretación para Lota Protein y sus competidoras. Concluyó que licitar las cuotas (en poder de las empresas del sector) no era “estrictamente” necesario para la libre competencia, pero no descarta su conveniencia.
Esta historia de cuotas y fusiones no habría ocurrido si en los 90 las empresas no hubiesen sobreexplotado el jurel. En 1995, cuando no había restricciones a la cantidad de capturas, llenaron sus barcos con 4,5 millones de toneladas. Este año el límite fue de apenas 250 mil toneladas y se copó en mayo. Ya no hay más jurel que pescar durante el año.
«El modelo actual no es el que hubiesen querido los Chicago Boys originales», advierte Cruzat, apuntando a la máxima de Milton Friedman. Cuanta mayor competencia mayor beneficio para los consumidores.
Vienen cambios en esta materia: una nueva Guía para el análisis de operaciones de concentración que reemplazará a la de 2006. Será más flexible —anunció el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, en La Tercera— “entendemos que los mercados chilenos por su dimensión y por la necesidad de buscar economías de escala podrían requerir un mayor nivel de concentración”.
De hecho, sube el índice de concentración permitido (llamado Herfindhal Hirschman) en un mercado, “pero es más estricto en el nivel de información que pedimos para tener una opinión sobre los efectos de la operación”.
Según él, con organismos de libre competencia muy eficientes, muy autónomos se van a seguir monitoreando consultas y abusos, pero también adelantándose a lo que pueda ocurrir.
«La concentración per se no es mala, siempre que sea regulada y fiscalizada, pero en Chile los privados no consideran a la competencia como un activo, más bien la ven como un pasivo», concluye Cruzat. Ahora, le tocará al Senado decidir si le abren la puerta a nuevos competidores o la mantienen cerrada.
