Bonistas que entraron al canje original y que tienen cerca de US$ 1.000 millones de la deuda reestructurada de Argentina, presentaron una moción de emergencia ante una corte de apelaciones de Estados Unidos para bloquear el fallo del juez Thomas Griesa.
El fallo de Griesa podría gatillar una cesación de pagos por parte de Argentina, ya que obliga a que el Gobierno le pague US$ 1.300 millones a los dueños de la deuda original.
La prensa argentina informaba al cierre de esta nota que el Ejecutivo argentino aún no confirmaba si apeló el fallo.
El grupo que presentó la moción es parte de los inversionistas que acordaron en el 2005 y el 2010 canjear la deuda por papeles nuevos, aceptando un pérdida de capital grande. Analistas estiman que el fallo de Griesa sienta un mal precedente y temen que obligue a Argentina a que entre en una cesación de pagos técnica sobre bonos reestructurados por alrededor de US$ 24.000 millones.
La moción pretende suspender la implementación del fallo del juez Griesa para que se pueda apelar. La decisión de Griesa provocó el desplome de los bonos argentinos. El Gobierno tiene que hacer un pago de más de US$ 3.000 millones en diciembre.
De acuerdo a Bloomberg, que habló con los abogados de los inversionistas, la moción asegura que los pagos de diciembre continuarán mientras las cortes deciden la apelación.
El fallo de Griese fue una sorpresa y una gran victoria para los acreedores que no participaron, liderados por los fondos NML Capital y Aurelius Capital Management, que siguieron por diez años luchando en los tribunales para conseguir un reembolso total por sus papeles.
Según Reuters, si la demanda de Griesa para el pago de 1.300 millones de dólares en una cuenta de garantía es confirmada por una corte de apelaciones y Argentina se niega a pagar, la justicia estadounidense podrían embargar los pagos a los acreedores que aceptaron la reestructuración, por consideración a los que la rechazaron.
