Eduardo Lagos Lorent, Director Académico Magíster en Dirección y Planificación Tributaria, Universidad Mayor
No puede menos que causar una profunda inquietud el proyecto de ley con que el Ejecutivo pretende reducir la dotación de funcionarios de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA). En efecto, según esta iniciativa, se pretende recortar la planta de los tres nuevos TTA que entrarán en funcionamiento a contar de febrero de este año: Región Metropolitana de 46 a 26; Valparaíso de 14 a 8 y Rancagua de 6 a 5.
Llama especialmente la atención la rebaja sustancial de la dotación de los TTA de la Región Metropolitana y de Valparaíso, donde se concentran el grueso de los juicios tributarios y aduaneros, por estar domiciliados en dichas jurisdicciones los más grandes contribuyentes.
El proyecto se fundamenta en razones presupuestarias, señalando que según las últimas estimaciones las causas que ingresarían al nuevo sistema serían sustancialmente menos que las estimadas originalmente.
Más allá de lo imprudente que parece recortar la dotación de estos tribunales sobre la base de meras estimaciones, antes de que entren en funcionamiento, es necesario considerar que la puesta en marcha de la nueva justicia tributaria implica una verdadera revolución cultural en las relaciones entre el Fisco y el Contribuyente. Hasta la fecha es el Servicio de Impuestos Internos el que hace las veces de juez y parte en la primera instancia de las controversias tributarias. Como el lector podrá comprender, sino lo ha experimentado ya en carne propia, esta condición de juez y parte es incompatible con los principios elementales de un debido proceso, y por lo mismo no es un aliciente para defender lo que se cree justo, sino más bien para “evitarse problemas con el SII”.
Los cambios culturales no se producen de un día para otro, sino que requieren de una transformación gradual. Y gradualmente los contribuyentes irán tomando conciencia de que ahora si cuentan con tribunales independientes a los cuales recurrir en contra de las actuaciones del SII y se atreverán a dar la pelea.
Pero si aún así quedaren los TTA con una capacidad ociosa, lo lógico sería, en lugar de recortarlos, evaluar extender el ámbito de su competencia a otras materias tributarias que también requieren urgentemente de la intervención de un juez imparcial, como es el caso de los juicios ejecutivos de cobro de impuestos.
En la actualidad estos juicios son sumamente irregulares, pues es la Tesorería la que ejecuta al contribuyente moroso, y es la Tesorería la que actúa como juez, a lo menos en la primera etapa del procedimiento. Nuevamente la figura de juez y parte!…
Solo si la Tesorería no acoge alguna de las tres únicas excepciones que puede oponer el contribuyente (otra irregularidad), el juicio pasa a los Tribunales Civiles, que son los que en definitiva debe pronunciarse.
Es conocida la recarga de trabajo y el atraso consiguiente con que operan los Tribunales Civiles y la Tesorería, lo lógico entonces sería relevarlos de estas tareas y encomendarle el conocimiento de los juicios ejecutivos tributarios a los TTA.
Así ganamos todos: Gana el Estado, que asigna mejor sus recursos. Ganan la Justicia Civil y la Tesorería, que pueden concentrarse en las tareas que les son propias. Ganan los TTA, que pueden justificar su dotación, y ganamos los contribuyentes, que podemos contar con más jueces especializados e imparciales.
