Cuál es la amenaza real del escándalo de corrupción ocurrido en España

Los inversores a quienes les preocupaba la estabilidad política de España vienen deshaciéndose de sus tenencias de títulos españoles y elevando los costos de endeudamiento de ese país, después de que a fines de la semana pasada estalló el escándalo de corrupción que involucraba al primer ministro, Mariano Rajoy.

Hasta ahora, la permanencia del gobierno era una de las pocas ventajas que España tenía sobre Italia, su hermana en la enfermedad dentro del área del euro, un país que, en el curso de las últimas décadas, también presenció casi tantas elecciones como Navidades, y que ahora está a punto de protagonizar una nueva votación.

En la realidad, la probabilidad de que el escándalo Rajoy fuerce el colapso del actual gobierno de centro derecha es escasa. Pero los inversores tienen razón en estar inquietos, porque la estabilidad política involucra más que la mera supervivencia del gobierno de un país: también precisa tener la confianza del electorado en las instituciones que lo gobierna. En España, las sospechas de corrupción a tan alto nivel corroen esa confianza.

El 31 de enero, el diario español El País publicó copias de los que se dice eran los libros diarios de las cuentas secretas de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, actualmente en el mando, que revelaban la existencia de un fondo partidario para fines ilícitos. El diario decía que se habían hecho entrar a través del fondo 7,5 millones de euros provenientes de donaciones corporativas y supuestamente se habían repartido desde 1997 hasta 2009 a los afiliados sénior, entre los que se contaba Rajoy.

En una declaración, el partido negó la comisión de todo ilícito y Rajoy reiteró esa posición durante el fin de semana y, nuevamente el 4 de febrero, en el curso de una conferencia de prensa con la canciller alemana Angela Merkel.

Pedido de renuncia

Negar las acusaciones no pudo acabar con el escándalo. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, del partido socialista de los trabajadores, solicitó la renuncia de Rajoy, lo que provocaría que se adelantasen las elecciones. Sin embargo, no queda claro qué ventaja podría aportarle esto a Rubalcaba o a su partido.

Conforme a la última encuesta de opinión que llevó adelante la española Metroscopía, los socialistas y el partido popular van cabeza a cabeza, cada uno con menos de un 25 por ciento de apoyo de parte de los encuestados, y Rubalcaba goza de menos popularidad que Rajoy. Aún más, tan solo el 21 por ciento del electorado quiere que haya una nueva elección, por lo tanto los socialistas podrían llegar a recibir un castigo en las urnas si fueran a forzar alguna.

Otro disparador potencial del colapso del gobierno podría ser externo, como fue el caso de Italia, ocurrido en agosto de 2011 cuando el Banco Central Europeo efectivamente le cerró la canilla de fondos al que entonces era primer ministro de ese país, Silvio Berlusconi. Lo mismo podría suceder en España si la rentabilidad de los bonos sube lo suficiente como para que el BCE tenga que intervenir y comprar títulos, y el presidente del BCE, Mario Draghi, decide que Rajoy y su gobierno tienen que irse antes de que el banquero abra la billetera.

Dicho esto, el escándalo probablemente aumente la resistencia de los votantes a las impopulares reformas que Rajoy intentó introducir. Con el segundo desempleo más alto del área del euro, que fue del 26 por ciento durante el cuarto trimestre de 2012, España es uno de los países más castigados por esta crisis. Tratar de tener a un electorado comprometido con las dolorosas reformas del mercado laboral y más recortes en los salarios y en las jubilaciones será aún más difícil de vender para un gobierno al que se percibe que anduvo mojando el pancito en un fondo de fines ilícitos porque se quería llevar agua para el propio molino de sus líderes.

Aun cuando el escándalo Rajoy no propicie el colapso del gobierno, lo perjudicará profundamente. Le da un nuevo golpe a la alicaída confianza del pueblo en los líderes e instituciones políticas de España. La confianza ya estaba en niveles bajos tras los escándalos que implicaban a Bárcenas, a Carlos Divar (extitular del tribunal supremo) y al yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, quien enfrenta acusaciones de malversación de fondos de organizaciones de beneficencia.

Poca confianza

Según la encuesta de Metroscopía, el 76 por ciento de los españoles no creen que sean ciertas la negación de las acusaciones sobre el fondo con fines ilícitos que hizo el partido popular. Aun peor, el 58 por ciento de los simpatizantes del partido cree que este miente. La totalidad de los empresarios españoles con quien esta columnista analizó el escándalo reciente esperan que este empeore antes de la mejoría. Dan por sentado que hay más secretos que guarda el gobierno, lo que indica cuán poca es la confianza que les tienen a sus líderes.

A medida que se deteriora la confianza del pueblo en el gobierno de un país, también lo hará el funcionamiento de sus instituciones mayores. Si se deja que empeoren, estas fallas hacen que el entorno operativo empresario sea inestable y no resulte atractivo para los inversores, quienes se ven obligados a preocuparse ante los súbitos cambios que se produzcan en la reglamentación, la corrupción y hasta la seguridad.

Semejante pérdida de confianza, cualquiera sea su entidad, sería especialmente problemática para un país como lo es España, que se apoya muchísimo en el capital y en la inversión del extranjero para financiar el déficit que tiene en la cuenta corriente. España tiene una deuda externa extremadamente elevada, que probablemente llega a más del 150 por ciento del producto interno bruto de 2012. Si los inversores extranjeros perciben que el país no es un lugar atractivo para hacer negocios y retiran su capital, se desatará una gravísima crisis en la balanza de pagos.

Se ha dicho de los problemas de España que se deben a una crisis económica, a una crisis bancaria y a una crisis de la deuda. Se deben a todas ellas. Pero España ya va camino a una crisis institucional. A menos que el gobierno pueda reaccionar ante este último escándalo probando que las denuncias no son ciertas o demostrando que finalmente se toma en serio el objetivo de erradicar la corrupción, España se estará un poco más lejos de recobrar la salud.