En estas líneas nos preguntamos si la propuesta de recaudación tributaria de un gobierno de coalición de Nueva Mayoría es significativa. Sugerimos que no se ofrecen grandes cambios que pudiesen dañar la inversión y el empleo, porque no se capturan significativos recursos del sector privado. Para arribar a esa conclusión, usaremos el texto publicado en http://michellebachelet.cl/programa/ Capítulos “Reforma Tributaria” y “Recursos Naturales”.
La eliminación del FUT (Fondo de Utilidades Tributables), era el tema más esperado porque representa más de un Producto Interno Bruto de Chile (PIB). Este acumula las ganancias que oficialmente no han sido repartidas a los dueños y por las cuales no pagan impuestos mientras no se repartan. Esta franquicia asume que ellas son reinvertidas en inversiones productivas, pero se sospecha que han sido usadas para el consumo improductivo, la elusión tributaria y la especulación financiera. El programa propone que a futuro, las empresas paguen impuestos por todas las ganancias, hayan sido repartidas o queden retenidas en el negocio. Esto equivale a eliminar el FUT.
Se pensaba, por parte de muchos analistas, que aquello se podía graduar, por ejemplo, haciendo tributar un cuarto de las utilidades acumuladas en el FUT por año de gobierno. Curiosamente, en el programa se propone que esta eliminación comience a operar a partir del cuarto año, es decir, terminado el próximo gobierno y sólo afectando a las ganancias que se obtengan a partir del cuarto año. Por otro lado, es de temer que las empresas tengan cuatro años para preparar estrategias elusivas para enfrentar esta promesa. Así, estos recursos no estarán disponibles por mucho tiempo y una buena parte, tal vez, no lo estén nunca.
Otras de las propuestas es el aumento gradual de la tasa que paga la empresa de 20% a 25% (gradualmente en cuatro años). Sin embargo, en Chile el impuesto que pagan las empresas (Primera Categoría), es devuelto al capitalista como persona natural, cuando declara sus ingresos personales (Global Complementario). Esto se explica en el último párrafo de: http://www.sii.cl/portales/inversionistas/imp_chile/impuesto_global.htm. Técnicamente, a esta devolución se le llama crédito tributario. El gasto tributario permite rebajar la utilidad para pagar menos impuestos, el crédito autoriza a recuperar el total de algún gravamen.
Si las empresas repartieren a sus propietarios personales sólo un 50% de su utilidad, se le devolverá como crédito el 50% del impuesto pagado en el escalón previo, completándose la restitución una vez que sea repartida el 100% de esa utilidad. Luego, la mera alza del impuesto a la empresa no tendrá otro efecto que pedir prestado lo que el Estado tendrá que devolver en los años siguientes, cuando estas ganancias empresariales se vayan transformando en retiros personales.
Si no fuera porque, al mismo tiempo, se ofrece reducir la tasa del impuesto personal (Global Complementario) en su tramo máximo de 35% a 30%, que apunta a personas muy ricas en Chile. Sumando y restando, olvidando el mayor valor del dinero presente, la combinación de estas dos medidas permite bajar los impuestos a las personas de mayor ingreso, mantener los del resto y endeudar al Fisco por concepto de mayor crédito tributario.
En otra sorpresa, el documento propone usar el total de la inversión en bienes de capital, como gasto para bajar impuestos (gasto tributario). En la actual legislación, se le puede utilizar, pero dividida en los años de vida útil de la maquinaria y equipo (depreciación anual), recortable hasta la mitad (depreciación acelerada tributaria). En el programa, se le ofrece a las empresas acelerarla aún más: explotarla en un solo año.
En este punto se advierte que serán especialmente favorecidas las empresas de menor tamaño, pero no se excluye al resto. Se añade que se tendrá en cuenta la diferencia de uso en capital por sector económico, pero sin aclarar cómo; los grandes conglomerados mineros y eléctricos, son intensivos en bienes de capital, podrían resultar los grandes favorecidos. Llama la atención que ni siquiera se exija, para gozar de este beneficio, que la inversión sea adquirida en nuestro país o provenga de empresas que procesen nuestras exportaciones.
En relación al IVA (más de 50% de la recaudación actual), se proyecta eliminar los privilegios que usan las empresas constructoras para eludirlo. A falta de información, esta partida puede englobarse dentro de un conjunto destinado a combatir la elusión y la evasión, que reportaría, según los autores, cerca del 0,5% del PIB. En relación a los específicos, se pretende aumentar bebidas alcohólicas, tabaco, timbres y estampillas; en cualquier caso, estos últimos representan menos del 5% del total de impuestos del país.
Se han excluido otras materias que han estado en el debate público, tales como, la diferenciación del IVA, algo común en Europa y en América Latina. Por ejemplo, eliminando el IVA que afecta a los libros y compensando con alzas de IVA en bienes de lujo. Se omite mencionar alzas a los aranceles a la importación de ciertos bienes, lo cual habría protegido de la competencia extranjera al producto nacional “semilla” que promete valor agregado tecnológico, o incrementos que permitiesen obtener recursos fiscales de las importaciones de suntuarios y contaminantes.
Por otra parte, se plantea cobrar por el uso del diesel en la industria y constituir como delito la actuación de los asesores tributarios que aconsejan cómo evadir impuestos. De la misma forma, se recomienda impedir que las ganancias por especulación financiera local, por encima de cierto techo, quede libre de gravámenes. Afortunadamente no se ha cedido a la tentación de rebajar el impuesto a los combustibles, lo cual haría que sus precios descendieran mínimamente, y sólo temporalmente, por tratarse de un mercado dominado por pocas empresas y con demanda inelástica.
Queda la duda de si se habrán considerado franquicias que favorecen a los mayores ingresos, a través de la tasación de inmuebles no agrícolas y agrícolas y la absorción de pérdidas comprando empresas fantasmas.
En cuanto a las ganancias sobre normales que captura la minería trasnacional, no hay mención en el programa. Al contrario, en el capítulo sobre Recursos Naturales, se sugiere que el dilema de Chile es enfrentar el alza de costos que enfrenta este sector, por lo cual cabría pensar que estas ganancias se están esfumando. Por otro lado, se ofrece revisar el Estatuto del inversionista Extranjero, pero, curiosamente, para “darle mayor estabilidad”.
Tampoco se menciona la eliminación del subsidio forestal que ayuda a grandes grupos económicos. En el agua, no se considera royalty por el consumo de las grandes empresas que la están agotando; tampoco se grava la extracción pesquera a gran escala. Se omite la mundialmente recomendada tasa Tobin, que desincentiva a los capitales financieros especulativos internacionales.
Se obvian los royalties regionales, que podrían dar sustentabilidad a las regiones que dependen de un recurso no renovable y descentralizar al país.
En conclusión, no queda claro cómo esta reforma tributaria podría aportar al Estado un 2,5% del PIB en nuevos impuestos, meta planteada por el programa. La únicas reformas que parecen relevantes, son la eliminación del FUT, pero en cuatro años más y amortiguada por un beneficio fiscal del total de la inversión, así como algunas medidas contra la evasión. Una posibilidad es que en este texto haya errores de interpretación. Otra posibilidad es: ¿no se estará apostando una vez más a recaudar más, gracias al crecimiento económico, es decir, a la vieja política del “chorreo”?
Dr. Jan Cademartori, Economista.
Académico Universidad Católica del Norte.
