El dicho popular de que en “pedir no hay engaño”, lo tienen a flor de labios los miembros del directorio de La Polar, encabezados por César Barros.
A dos años y medio de que este mismo cuerpo directivo pidiera 20 años de plazo para pagar la gigantesca deuda que emergió tras el escándalo de las repactaciones unilaterales, ahora está solicitando 99 años (sí, prácticamente un siglo), para tapar el mismo hoyo financiero que le dejó a la empresa la plana ejecutiva que hasta junio de 2011 lideró Pablo Alcalde Saavedra, quien fuera premiado como el ejecutivo más brillante de la década pasada por un matutino de circulación nacional.
Ahora la mesa directiva de la cadena comercial pretende “licuar” aquella misma deuda para aliviar la pesada carga financiera, mediante una nueva emisión de acciones. Pide a sus acreedores un perdonazo que consistiría en canjear los bonos que tienen en su poder por los nuevos títulos accionarios, eliminando de un plumazo algo así como el 80% del valor original de aquella deuda.
Pero lo que al comienzo parecía ser una jugada audaz e inteligente de César Barros y sus asesores (BTG Pactual y el estudio de abogados Guerrero Olivos), a poco andar comenzó a ser resistida por algunos de los acreedores. Entre los más activos están LarrainVial, el inversionista Raimundo Valenzuela y el grupo financiero Consorcio; a eso hay que sumar al Banco Chile y el BCI. Las AFP también tienen grandes dudas, porque no están seguras de que con un nuevo perdonazo la multitienda vaya a salir a flote.
Pero si están a favor o en contra del nuevo perdonazo, los protagonistas de esta historia ya nada pueden hacer para revertir la situación, porque la pérdida es un hecho de la causa y fue asumida como tal por las instituciones financieras que administran. Estas son las verdaderas controladoras y gestoras de La Polar e integran el club de los llamados inversionistas institucionales.
Al parecer, el tiempo no cuenta para la mesa directiva de la multitienda, cuando se trata de pedir facilidades para mantener la empresa en pie. En noviembre de 2011 pidió y obtuvo de sus acreedores un plazo de dos décadas para pagar la mitad de la deuda, valorada en ese momento en cerca de US$ 471 millones, pero con una gran ventaja respecto de cualquier otro deudor: expresada en unidades de fomento (UF) y sin intereses. Así es, cero por ciento de interés para la llamada deuda junior, la que ahora se pretenden llevar a un siglo, al igual que la llamada deuda senior. Esta última asciende a US$ 370 millones y debiera comenzar a pagarse recién a partir del próximo año, en cuotas semestrales, hasta 2022. Anticipándose a las dificultades para cumplir siquiera con la primera cuota, el directorio de La Polar optó nuevamente por salir a pasar el sombrero.
La deuda senior tiene tasa de interés escalonada: parte en 4% anual, en los primeros años, y termina en 10%, en 2022. Así y todo, es un tratamiento mucho más blando que el que se exige, en promedio, a los deudores hipotecarios y, desde luego, mucho más ventajoso que el que las instituciones financieras les cobran a las Pymes. Es un privilegio que muy pocos se pueden dar en este país en el plano financiero, quizás porque quienes dispusieron de esta solución están acostumbrados a operar con dineros ajenos.
Deuda gigantesca
Según la propia empresa, su deuda actual suma US$ 897 millones, cifra muy superior a los US$ 40 millones de patrimonio que exhibía a marzo pasado, debido a su bajísima capitalización bursátil. El precio de la acción de La Polar fue cayendo de manera sistemática en el último año, para ubicarse por debajo de $ 40 la unidad, reflejando con ello la enorme desconfianza de los inversionistas. En junio de 2011, cuando se destapó el fraude de las repactaciones unilaterales, la acción de La Polar se cotizaba por sobre los $ 2.000.
De paso, los más perjudicados han sido algunos miles de accionistas chicos, que fueron arrastrados por los grandes inversionistas (los institucionales), sumándose al llamado “efecto manada”, para apostar a la acción de La Polar, cuando ésta aún vivía sus momentos de gloria.
Con aquellas facilidades extraordinarias para pagar la deuda, el convenio judicial preventivo de noviembre de 2011 (aprobado –desde luego– por los inversionistas institucionales), impidió la quiebra de la multitienda, basándose en el optimista escenario de recuperación de la empresa que entonces les dibujó el directorio encabezado por Barros y su equipo.
Al cabo de dos años y medio, La Polar nuevamente sale a pedir oxígeno, reflejando con ello el fracaso del plan de recuperación de 2011. De paso, deja algunas lecciones para los acreedores y para los clientes directos de los inversionistas institucionales. Esto es, los trabajadores que cotizan en las AFP, los cuentacorrentistas y depositantes de los bancos, los clientes de las compañías de seguros y de las corredoras de bolsa; y los ahorrantes que ponen platas en los fondos de inversión, entre otros.
Normalmente, los inversionistas institucionales trabajan con dineros ajenos y sus gestores (o dueños) nunca sacan plata de su bolsillo para enfrentar riesgos como el de La Polar.
Por lo tanto, la exposición de los inversionistas institucionales en esta multitienda conforma un caso de riesgo moral pocas veces visto en este país, por cuanto las pérdidas acumuladas no han sido absorbidas por quienes las generaron o ayudaron a generarlas, sino por sus mandantes (clientes), la mayor parte de las veces con una baja en la rentabilidad de sus ahorros e inversiones.
El actual marco normativo chileno exime a los inversionistas institucionales de algún tipo de accountability (rendición de cuentas), cuando se producen casos de riesgo moral, cuando invierten recursos de terceros. Solo se sanciona a los miembros de los gobiernos corporativos cuando son sorprendidos en alguna irregularidad o delito flagrante en la conducción de una compañía, como de hecho ocurrió con los ex directores de La Polar y con la plana ejecutiva que gestionaba esta empresa al momento en que se destapó el fraude de las repactaciones unilaterales, en junio de 2011.
En este sentido, el artículo 41 de la ley 18.046, sobre sociedades anónimas, señala que “los directores deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios y responderán solidariamente de los perjuicios causados a la sociedad y a los accionistas por sus actuaciones dolosas o culpables”.
En este mismo marco legal y a nombre de toda la ciudadanía, los entes reguladores del Estado garantizan la “fe pública”, vigilando (mal o bien), la forma en que estos inversionistas operan con dineros ajenos.
Condiciones irreales
Con el perdonazo otorgado en noviembre de 2011, los inversionistas institucionales (en su calidad de acreedores) exigieron covenants (condiciones mínimas) para el cumplimiento de los pagos, sujetos a una recuperación financiera de la empresa. Pero en ese momento ni sus mejores analistas pudieron proyectar que se trataba de algo irreal. Los hechos han dado la razón a los escépticos. Entre otras exigencias que a ojos vista hoy resultan irreales está el hecho de que los acreedores dejaron como “garantía prendaria” la propia cartera repactada unilateralmente, en ese momento por más de $ 510.000 millones (US$ 1.000 millones), con la ilusa esperanza de que algún día ésta fuera recuperada.
Otra condición de los acreedores fue mantener la inversión de La Polar en Colombia, la que finalmente resultó un rotundo fracaso. En abril pasado, el directorio encabezado por Barros decidió cortar de raíz el negocio en el país cafetero, ordenando el cierre de las seis tiendas, con una pérdida directa de US$ 44 millones, solo por bajar la cortina. Lo peor del caso es que esta plata había sido aportada en 2012 por los mismos citados inversionistas institucionales, que concurrieron al aumento de capital. En la práctica, esa operación solo permitió alargar un año la agonía.
Entre otros confiados inversionistas que aportaron a aquella capitalización estuvieron AFP Habitat y las compañías CorpSeguros, que entonces pertenecían al grupo Saieh y que ahora forman parte de ILC, la misma entidad controladora de Habitat (perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción).
“La aventura colombiana ha sido la gran desilusión de estos casi tres años”, tuvo que reconocer César Barros, pero sin mencionar que rechazó una oferta de US$ 50 millones que hizo Ripley al inicio de su gestión. Ahora él y sus ejecutivos no fueron capaces siquiera de vender a precio de liquidación el negocio en ese país. Simplemente bajaron la cortina.
Entre tanta pérdida acumulada, lo ocurrido en Colombia puede ser una excepción respecto de los hechos irregulares que han estado ocurriendo desde mediados de la década pasada en La Polar.
En los últimos días el directorio de La Polar ha dicho a sus accionistas y acreedores que “la deuda actual es excesiva respecto del tamaño de la operación”; que la empresa “no tiene capacidad para obtener financiamiento o capital adicional” para seguir operando; y que la relación con los proveedores “es compleja, afectando la competitividad de la compañía”.
“Plan Aconcagua”
Cuando en 2012 obtuvo un voto de confianza de los inversionistas institucionales que concurrieron al aumento de capital, estos seguían apostando a la recuperación de la multitienda, entre otras cosas porque aún creían en el hipotético éxito del “Plan Aconcagua” que prometía la plana directiva. Desde el nombre del plan (nada de original por lo demás, porque ha sido ocupado por numerosas otras compañías para impulsar procesos de reestructuración y/o reingeniería), hasta la enorme capacidad discursiva de sus promotores para alcanzar las metas, hoy están en entredicho.
Entretanto, La Polar ha perdido terreno en la dura competencia del retail chileno, bajando del tercer al quinto puesto en el ranking de las principales cadenas en ventas por metro cuadrado y pese a que tiene casi el doble de superficie que su más cercano competidor (Hites). A duras penas en los últimos meses ha mostrado un atisbo de ebitda positivo (flujos antes del pago de intereses, impuestos y amortizaciones de deuda), pero los resultados finales (la última línea del balance) siguen en rojo.
En el primer trimestre de este año La Polar anotó pérdidas por US$ 18 millones, US$ 3 millones más que en igual trimestre del año pasado.
La sucesión de fracasos ha sido responsabilidad directa de quienes han administrado la empresa, pero indirectamente también de los inversionistas controladores, quienes han permitido que ello ocurra. Entretanto, los accionistas chicos han seguido a los grandes en el intento magnánimo de recuperar la compañía, manteniendo firme la esperanza de no perder todos sus ahorros. Esto explica por qué sus representantes, encabezados por la abogada Bárbara Salinas, han apoyado la propuesta de Barros.
Sin embargo, los millones de ciudadanos que no son accionistas de La Polar, pero sí aportantes directos de los inversionistas institucionales, tienen el legítimo derecho a dudar de lo que esta vez van a hacer sus mandatarios en esta misma empresa.
Los dados ya están echados porque el directorio de La Polar oficializó la convocatoria a tres encuentros clave para abordar la propuesta, a comienzos de julio: junta de accionistas el martes 1; asamblea de tenedores de bonos al día siguiente; y de acreedores, dos días después. Una verdadera maratón donde van a iterar los mismos ejecutivos, los mismos bufetes de abogados y los mismos asesores financieros que participaron en la errada solución que acordaron en noviembre de 2011.
Sin mochila se puede vender
En su nueva propuesta de rescate, el directorio ha deslizado que sin un nuevo perdonazo La Polar va derecho a la quiebra, porque entretanto no ha habido ningún interesado en comprarla, aun al bajo precio que se ha ofrecido. Esto, porque el nuevo dueño o controlador tendría que hacerse cargo de la gigantesca mochila de deudas, de casi US$ 900 millones.
Ha habido casos de ventas de empresas de retail, pero con mochilas más chicas. El más bullado fue el de Jonhson, en 2011, cuando la familia Calderón la vendió a Cencosud, previa condonación de multas e intereses por deudas tributarias, superiores a US$ 100 millones. De paso, esta operación provocó la salida al entonces director del Servicio de Impuestos Internos, Julio Pereira.
En el fondo, la nueva propuesta de La Polar es borrar la mayor parte de la deuda, pero por vías legales y con el consentimiento explícito de sus acreedores. Si estos acceden, lo harán porque la mayor parte de las pérdidas ya las tienen castigadas (asumidas). Solo tendrían que esperar a que la empresa sea gestionada con un nuevo gobierno corporativo y un nuevo equipo gerencial.
Sin embargo, quedará en la nebulosa la responsabilidad de inversionistas institucionales frente a sus verdaderos mandantes, es decir, la ciudadanía, donde sobresalen los seis millones de afiliados activos que cotizan en las AFP. Estos, sin tener arte ni parte en el problema, han asistido pacientemente al manejo errado de sus fondos, en una empresa que desde que salió al mercado a captar dineros ajenos (en 2003) tuvo pies de barro.
*Autor del libro Llegar y llevar, cómo se fraguó la estafa del siglo; profesor de la Universidad Central.
