El 8 de julio pasado, el abogado constitucionalista y antiguo militante del Partido Socialista, Francisco Zúñiga, mató dos pájaros de un tiro. Pasado el mediodía, expuso con fuerza un largo análisis de la constitucionalidad del proyecto de ley de la Reforma Tributaria ante la Comisión de Hacienda del Senado.
Al cierre de la jornada, pasadas las 19 horas, transitó de la Cámara Alta a la Cámara de Diputados, asistiendo a la Comisión de Economía para sacarse el sombrero de representación estatal y asumir la representación de los intereses de los bancos, como abogado de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), gremio que criticó el proyecto de ley que da una nueva institucionalidad al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Zúñiga, que es un connotado constitucionalista, coordinó el equipo encargado de proponer una fórmula para una nueva Constitución, de acuerdo a lo que indica el programa de Michelle Bachelet. Su posición es institucionalista, por lo cual defiende intentar el cambio de la Carta Magna a través del Congreso y, si no se avanza, usar la Asamblea Constituyente. En esa línea, ha tenido diferencias públicas con otros abogados que apoyan la reforma de Bachelet, como Fernando Atria.
Representando a la banca
Para la Abif fue contactado por el fiscal de esa institución, Juan Esteban Laval. Cabe recordar que el gremio lo preside Jorge Awad, director de Banco de Chile –ligado a Andrónico Luksic–, quien, antes de las elecciones presidenciales del año pasado, dijo que apoyaba a Bachelet.
En este caso, Zúñiga fue contratado a través del estudio ZDC y Abogados Asociados, del cual es socio junto al ex ministro de Agricultura, Jaime Campos, y al abogado de la Universidad de Chile, Enrique Donoso.
Zúñiga no revela los estipendios, aunque asegura que sólo fue contratado para analizar el proyecto de ley que modifica la institucionalidad del Sernac y que tiene encrispados a los bancos.
Para asesorar al Ministerio de Hacienda en la Reforma Tributaria, Zúñiga recibió también honorarios específicos, pero el encargo ya concluyó y hoy sólo se está a la espera de las indicaciones que debe ingresar en los próximos días la cartera dirigida por Alberto Arenas.
Zúñiga opina que en esto no existe conflicto de interés, ni que signifique usar dos sombreros diferentes. “Son temas distintos y, en el caso de la Abif, estoy ejerciendo mi profesión”, afirma.
El viernes pasado el Ministerio de Economía recibió a distintas entidades privadas para intercambiar opiniones sobre los proyectos que está llevando a cabo la cartera. Se discutió sobre los reglamentos que buscan regular el consentimiento explícito en los contratos con las empresas, en especial con servicios financieros.
A esa reunión asistió Zúñiga acompañando a Jorge Awad. El abogado asegura que en dicho encuentro también se discutió sobre el proyecto del nuevo Sernac y fue por esa causa que asistió con la Abif.
Otras representaciones
No son los únicos encargos de Zúñiga. También actúa como asesor legal de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el caso Cascadas. De hecho, hace pocos días acompañó al titular de la entidad, Carlos Pavez, cuando hizo su presentación ante el Tribunal Constitucional (TC), en respuesta al requerimiento del Estudio Pfeffer, que actuaba en representación del gerente de las sociedades cascadas Norte Grande y Pampa Calichera, acusado por la SVS de ser parte de un “esquema” de operaciones que habría liderado Julio Ponce Lerou, presidente de dichas sociedades y de SQM.
Zúñiga tiene una coincidencia laboral con el estudio Pfeffer. Los socios de este bufete, Francisco y Germán Pfeffer, son hermanos de Emilio, abogado integrante de la Corte Suprema, quien fue asesor de la Abif para la Reforma Tributaria y elaboró un informe que cuestionó la constitucionalidad de la renta atribuida, figura que finalmente –gracias al protocolo firmado por la Nueva Mayoría y la derecha– quedó sólo como opción y no como vía obligatoria, cual indicaba la iniciativa originalmente.
Para el caso Cascadas, Zúñiga recuerda que fue contratado por el anterior titular de la SVS, Fernando Coloma, y que ha seguido prestando servicios para la institución. Adicionalmente, ha asesorado ad honorem a algunos Ministerios políticos, aunque no da detalles de esas labores.
Sus asesorías no paran. Hace algunas semanas acudió al Congreso para opinar sobre la constitucionalidad de la figura del administrador provisional anunciado por el Ministerio de Educación para universidades que no estén en condiciones de seguir funcionando, concediendo un punto de enventual insconstitucionalidad en la postura del gobierno.
Seguramente, no serán las últimas apariciones del militante PS. Dado su conocimiento del ámbito constitucional y su participación en la elaboración del programa de Bachelet, seguramente será uno de los actores claves cuando el debate llegue al Congreso, en algún momento de este gobierno, si Bachelet asume el cumplimiento de esa parte de su programa.
En defensa de la Reforma Tributaria
En su presentación ante el Senado, Zúñiga respondió a las críticas de que la renta atribuida fuera confiscatoria y rechazó los cuestionamientos a su constitucionalidad.
“La crítica de inconstitucionalidad a la renta atribuida desconoce lo elemental: la determinación de la renta es una decisión del legislador tributario. El término ficción usado para acreditar la renta atribuida no da cuenta de la multiplicidad de ficciones que subyacen al derecho en general y al tributario en particular”, sostuvo en alusión a las críticas hechas por abogados como Arturo Fernandois.
Y también defendió la creación de una cláusula antievasión, pues esto permite impedir que el contribuyente eluda sus responsabilidades tributarias.
“¿Por qué? ¿Porque es obligación OCDE? ¡Por favor! Porque el rol del Estado como sistema de potestades está ordenado a un fin basal de bien común a fines específicos de bienes, con pleno respeto de derechos y garantías de las personas”, afirmó.
Aún más, Zúñiga defendió con fuerza el derecho del Estado a hacer cambios de esta índole para financiar sus programas sociales. “El Estado en último termino encarna la posibilidad de que a través de políticas públicas y su hacienda pública pueda desarrollar en definitiva fines de bien común. Ese fin es el que justifica que el Estado en cuanto a sistema de potestades pueda imponerles determinadas relaciones de sujeción a las personas”, recalcó.
Críticas al proyecto del Sernac
Cuando acudió a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Zúñiga se sentó junto a Awad y éste lo presentó diciendo que dejaría en claro “una serie de reparos constitucionales y legales que son evidentes”.
A su turno, el abogado PS dijo que la iniciativa enriquece y perfecciona al mercado, pero que, en el objetivo de fortalecer institucionalmente al Sernac para que defienda los derechos de los consumidores, lo hizo “a partir de un hibridaje” al darle facultades para dictar normas generales, potestades administrativas, de fiscalización, de sanción, favoreciendo la solución de conflictos a través de mediación y ejerciendo la supervisión institucional.
El cuestionamiento principal que realizó fue al hecho de que cualquier director regional del Sernac pueda tomar decisiones sobre infracciones a la ley, ordenando restituciones al consumidor afectado. “Se reviste al director regional de facultades jurisdiccionales, por tanto, careciendo de imparcialidad necesaria para ser juez”, argumentó Zúñiga, agregando que esto infringe la Constitución.
Además, cuestionó que se eleven las multas sin definir un nuevo régimen y que el Sernac tenga la atribución de exigir la presencia de fuerza pública, lo que a su juicio sólo pueden hacer los tribunales.
También criticó la forma en que se ratifica la autonomía del Servicio Nacional del Consumidor y por innovar en normas generales que vulneran la garantía de igualdad.
Pese a los cuestionamientos que hizo Zúñiga, algunos fueron rápidamente zanjados por los diputados de la Comisión que preguntaron si se acotaba a la atribución del director regional y no del director nacional del Sernac.
Aún más, aunque Zúñiga no se refiere al tema, abogados que lo conocen aseguran que su presentación no cuestiona el fondo del proyecto.
Como asegura otro abogado, este tipo de profesionales trabajan para el cliente y, una vez que entregan su opinión en privado, evalúan si usan públicamente su trabajo. Luego, cuando los presentan en público, en este caso a la Comisión de Economía, se omiten los puntos en discordia entre asesor y cliente.
