Cuando las personas cometemos errores de cualquier naturaleza terminamos pagando un precio por ello. En política eso también ocurre, aunque es más difuso el precio que se paga, ya que se suele diluir la responsabilidad política entre muchos, en elecciones variadas y en decisiones muy complejas. En la actividad política es muy difícil que sus actores más importantes reconozcan a tiempo sus errores.
Hay mucho amor propio y los gobernantes, ministros y parlamentarios, tienden a enamorarse de sus propias ideas, proyectos y programas. Por ello, los errores en política sólo se reconocen cuando ya no es casi tiempo de enmendarlos o, cuando se corrigen, no se asume responsabilidad alguna.
Somos de opinión que el actual gobierno ha cometido gruesos errores. Estos algunos los han presentado sólo como defectos comunicacionales. Otros se han atribuido a los poderes fácticos o a maniobras conspirativas de grupos de derecha o a defectos en la operación y aplicación del programa de gobierno.
Para justipreciar la gravedad y profundidad del problema es preciso señalar que los electores chilenos y la mayoría de los políticos, no leen los programas de gobierno y menos los estudian. Ello no es raro, ya que normalmente los chilenos leen muy poco; así, por ejemplo, no leen los manuales de los autos que conducen ni de los aparatos domésticos que usan. Ello se traduce en que siempre es un grupo muy pequeño de personas el que redacta y conoce los programas de gobierno. Las campañas políticas han versado sustancialmente sobre múltiples eslóganes, ha existido muy poco debate y los foros fueron escuálidos en materias de fondo, con formatos tipo farándula.
Existe, pues, una indolencia política. Los programas de gobierno no son discutidos verdaderamente en forma participativa. Por ello cuando el actual gobierno puso en ejecución, como ocurre hoy, su programa, la gente comenzó a despertar, al ver la forma en que se trata de implementarlo.
Los proyectos de reforma tributaria y educacional, en sus primeras elaboraciones, han adolecido de evidentes errores. Atengámonos a los hechos.
La reforma tributaria se envió excediendo el contrato programático en materias extraordinariamente sustanciales que podríamos resumir en crear una fórmula para el impuesto a la renta conocida como renta atribuida al contribuyente. Además, se coló de contrabando el IVA a la venta de los inmuebles y el impuesto a las ganancias de capital de los bienes raíces, materias muy sensibles para la clase media y media alta propietaria de bienes raíces y que afecta el precio de las viviendas nuevas.
También se alzaron otros impuestos indirectos, incluyendo a las bebidas. Esto no lo conocía nadie, no estaba en el programa de gobierno ni fue consultado a los partidos. El proyecto de reforma tributaria original que pretendía concretar el programa de gobierno, no fue consultado previamente a ningún partido.
Eso en cuanto a los errores de técnica legislativa; pero, además, se agregó un conjunto de eslóganes que podemos resumir en dos: a) ahora pagarán los más poderosos y b) no se afectará a la clase media. Ambos resultaron inexactos y al calor del debate ha quedado demostrado que los monopolios y oligopolios y las grandes empresas del cobre no pagarán más; y que si bien se aumentó el impuesto a la renta, ello afectará, por igual, a las megaempresas y a los grandes y medianos empresarios. También se cayó en el camino el eslogan sobre la clase media, ya que las autoridades se percataron, en el curso del debate público, que los impuestos indirectos como, a las casas, bebidas de todo tipo, tabaco, impuesto al crédito y otros, terminaban afectando a toda la población, es decir, no sólo a la clase media.
Podemos concluir, luego, que en la puesta en marcha del proyecto de la reforma tributaria, hubo errores, prácticamente de todo tipo. Por ello fue necesario introducir una cantidad de cambios, que la han transformado en otra reforma tributaria; la que, en algunos aspectos, todavía exorbita el acuerdo programático de gobierno, como es el caso del IVA a las casas y el aumento de algunos impuestos indirectos; y que no se toca a los poderosos, a los verdaderos poderosos, incluyendo a las empresas de la gran minería del cobre e inversionistas extranjeros que reciben un trato privilegiado.
La solución acordada, durante su segundo trámite en el Senado, mediante un curiosísimo expediente, extraconstitucional, llamado “protocolo”, aumentó la percepción de los errores, y se agregó a la crítica generalizada la forma en que se procedió a plasmar el llamado “protocolo”, ya que había evidentes asimetrías de información, entre los verdaderos redactores y sus firmantes, que afloraron a la publicidad. Esta novedosa técnica legislativa sirvió, sin embargo, para poder en evidencia los errores iniciales.
Estando aún en el proceso de discusión de esta reforma, ya aparecen cuestiones muy raras, como superpoderes para el Servicio de Impuestos Internos, tratos especiales para los extranjeros y un mar de dudas que no serán resueltas por la ley, ni los reglamentos, ni las circulares del Servicio de Impuestos Internos y que harán necesario, por muchos años, mantener una discusión, por no haber hecho las cosas con calma, separando lo que era urgente modificar, el impuesto a la renta de los impuestos indirectos y de las facultades del Servicio de Impuestos Internos. Se incrementan las facultades del Servicio de Impuestos Internos, materia que terminará por afectar sólo a los pequeños y medianos contribuyentes.
Los grandes contribuyentes cuentan con la colaboración de equipos de contadores auditores y abogados. Los restantes contribuyentes, sin dicho respaldo, se verán enfrentados al poder omnímodo del Servicio de Impuestos Internos. Con mucha inocencia se ha dicho que estos contribuyentes, en caso de disputas con el Servicio de Impuestos Internos, podrían acudir a los tribunales tributarios, olvidando que estos litigios son de una alta complejidad y difícilmente pueden ser utilizados por contribuyentes que no tengan un suficiente respaldo económico.
La opinión pública ha tomado conocimiento de las más 240 indicaciones que ha presentado el Ministerio de Hacienda. Queda así establecido, como un hecho inamovible, que estamos ante un nuevo proyecto de Reforma Tributaria, por contener sustanciales modificaciones al original.
El proyecto original plagado de errores se pretende corregir mediante el instrumento de indicaciones a cuya redacción han concurrido también privados. Hasta ahora no se ha visto un reconocimiento de los gruesos errores incurridos en el proyecto inicial y que, de esta forma inédita, con el concurso de privados, se pretende corregir, y no se ha asumido la responsabilidad por los hechos acaecidos.
Se puede concluir que esta forma de legislar es muy irregular, ya que entrega a personeros privados la redacción de las normas que aparecen apoyando al propio gobierno y a veces también a los parlamentarios, lo que constituye una práctica completamente inusual y ajena a un correcto proceso de la formación de las leyes establecido en la Constitución, eliminando con ello la obligación del Congreso de ser asistido directamente por expertos y eliminando con, además, una parte sustantiva de la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
En materia educacional el programa de gobierno, ya que tampoco casi nadie ha leído, en seis páginas dispone una revolución copernicana de la más alta importancia, con lo que la mayoría del país concuerda, en parte porque se ha vendido muy bien la idea de que para disminuir la desigualdad en 10 o 20 años, es clave desarrollar personas con mayores capacidades culturales y de creatividad, lo cual puede ser cierto o no, ya que también dependerá de lo que pase con las estructuras económicas de país y la distribución del ingreso.
La viga y nervio central del programa educacional está en la educación pública y dentro de ella en la llamada también parvularia. El programa ofreció una nueva institucionalidad, un gran servicio estatal de educación pública que sería un gran órgano casi igual al Ministerio de Educación o dependiente de él, y servicios locales que estarían a cargo de los colegios públicos, que tampoco se sabe si serán comunales, provinciales o regionales, porque el programa nada dice.
Sin duda, este aspecto es espinudo y requería muchos análisis. Se optó entonces por algo que parecía más simple: hacer carne la aspiración de la gratuidad universal y el fin al lucro en todo el sistema educativo, materia sobre la cual se hizo una declaración genérica, muy parecida a la que había hecho la DC en el año 2007 en el V Congreso Ideológico.
Junto a lo anterior, se decidió poner en marcha otros proyectos que tienen que ver con aspectos importantes, como el fin a la selección, mejorar la institucionalidad de control y de administración de universidades y colegios en problema y alguna ley sobre un gobierno más integrado en universidades. Al poco andar, de la misma manera que ocurrió con la tributaria, este conjunto de proyectos se enfrentó con la realidad de que hay un sector privado educativo más valorado y más potente de lo que el gobierno y los técnicos piensan; en el que existe también un cuasilucro y, en algunos casos, con un nivel de organización propiamente empresarial de alto nivel, lo que motivó a que se conformara, al igual que con el caso de las Pymes, un frente cada vez más potente de padres y apoderados. En realidad la mayoría de los colegios son Pymes.
Además de lo anterior, se incurrió en variados errores en la propagación de las ideas matrices y se habló de invertir muchos millones de dólares en colegios que pasarían al Estado como producto de esta política y se constató, a poco andar, casi de una manera intuitiva, que el copago de los padres que sería reemplazado, significaría que una gran cantidad de recursos terminaría en los mismos establecimientos educacionales, que se proyecta reemplazar por colegios del Estado. La cantidad de recursos que requería el reemplazo del copago, y el tiempo de desarrollo de ese proceso, ha introducido un nuevo dolor de cabeza.
La reforma educativa no toca en su inicio el tema público y, lo que es inmensamente grave, no se metió de cabeza en el problema de los profesores y en el aumento muy significativo que requieren sus rentas, que probablemente, si se piensa bien, hará necesario reformular la propuesta para pensar mejor el orden en que hay que hacer las cosas.
El orden de los factores, pensaron algunos, no afectaría el resultado, pero la política no es matemática y, si bien había consenso, o por lo menos una mayoría amplísima, de que es mejor que no se lucre con fondos estatales educativos, ese no era el principal problema y ahí es donde la decisión errónea nos condujo a un punto en que una reforma que muchos deseamos funcione muy bien se haya complejizado más allá de lo estrictamente natural y obvio de los cambios que implica.
Cabe preguntarse si es mejor enmendar aun ahora estas dos reformas. Tomarse un tiempo en la reforma tributaria, para desglosar lo que no es urgente, gravar a los que controlan los mercados en forma especial y desgravar del impuesto al valor agregado a la canasta alimenticia y a los libros, esa sería una reforma tributaria estructural y que no quedaría a medio camino. Tal vez la Cámara de Diputados que tramitó la Reforma Tributaria, en su primer trámite, en forma atolondrada y acelerada, podría corregir ahora su conducta preocupándose de estas materias trascendentes.
En materia educacional es urgente analizar el tema de los recursos, la prioridad, a juicio nuestro, son los profesores y luego los establecimientos y finalmente abordar, una vez resuelto el tema de la educación pública, los casos de auténtico lucro abusivo con las subvenciones, respetando el cuasilucro de colegios privados que son pequeños.
El gobierno debiera corregir sus errores, sin temor alguno y no reincidir en los mismos. De lo contrario, habrá nuevas y sucesivas reformas en estas materias, afectándose la estabilidad del país. Pero, también, junto con reconocer los errores, quienes han cometido graves y reiterados dislates, debieran asumir sus responsabilidades, dando varios pasos al costado.
