Existen claros indicios de que el gobierno utilizaría la herramienta fiscal en 2015 como parte de su plan reactivador. Las declaraciones de sectores gobiernistas apuntan a un crecimiento del gasto de 7% a 8% real, muy por sobre la expansión del producto. Sin embargo, y considerando las estimaciones de los Comités de Expertos de PIB y precio del cobre, un gasto expansivo en 2015 significaría necesariamente que se gastaría parte o la totalidad de la reforma tributaria.
Parece un contrasentido que luego de que el alza de impuestos es una de las causas del frenazo económico, se gasten estos mayores impuestos en reactivar la economía. Pero eso no es todo, sabemos que una política fiscal expansiva tiene una eficacia muy moderada en un contexto de flexibilidad cambiaria y de apertura financiera, ya que el aumento del gasto público limita el espacio de acción de la política monetaria y, por ende, la recuperación del sector privado. De hecho, los efectos producidos por la significativa expansión fiscal de 2008-2009 apuntan en esa dirección.
Adicionalmente, la evidencia empírica muestra con claridad que finalmente una política fiscal contracicíclica termina siendo simplemente expansiva, ya que los estímulos nunca se retiran. Los aumentos de gasto en las distintas partidas presupuestarias se quedan literalmente “pegados” y son la base para el crecimiento real del año siguiente. La política fiscal contracíclica termina generando entonces un deterioro de la sostenibilidad fiscal, ya que políticamente son inviables las reducciones de gasto posteriores.
Por lo anterior, gastar los recursos de la reforma tributaria el próximo año, no sólo es de dudoso impacto reactivador, sino que además sería imprudente. Aún no se encuentra aprobado ninguno de los proyectos que justificaron el alza de impuestos y, de hecho, la mayoría ni siquiera se conoce. Surge entonces la pregunta: ¿habrá que hacer una nueva reforma tributaria una vez que los proyectos se aprueben? Parece evidente que una interrogante de este tipo atentaría claramente en contra de las expectativas, lo que llevaría a que el estímulo fiscal tuviera finalmente un resultado contrario al buscado.
Es importante que se garantice que los recursos necesarios para las reformas propuestas estarán disponibles cuando se requieran. Una excelente manera de cumplir ese criterio, y además contribuir a la reactivación, sería una reducción de los pagos provisionales mensuales, medida que se tomó en 2009 y que tiene dos importantes beneficios. Primero, es un alivio directo a la liquidez de las empresas, contribuyendo de esta forma a atenuar presiones sobre el mercado laboral. Segundo, es de reversión automática y de un costo fiscal insignificante, ya que sólo se traduce en una postergación del pago de impuestos. En definitiva, la política fiscal puede efectivamente contribuir a mayor dinamismo, pero no a través de medidas que en nada alivian la incertidumbre actual y pueden incluso aumentarla.
Cecilia Cifuentes
Economista Senior
Libertad y Desarrollo
