Participé en un seminario esta semana en la localidad de Molina, provincia de Curicó, acerca de la industria del vino. Había cientos de productores de uva vinífera.
Muchos de ellos, quizás la gran mayoría, se han sentido perjudicados como consecuencia de los bajos precios en que su bien es transado, en particular los dos últimos años y, en extremo, el último, no obstante haberse perdido, como consecuencia de las heladas habidas en septiembre y octubre de 2013, alrededor de un 30% de la producción nacional.
Las viñas, por su parte, y en particular el gran poder comprador concentrado en las tres mayores, léase "Concha y Toro", "Santa Rita" y "Viña San Pedro", argumentan en favor de su política de precios que habría un sobrestock de oferta y que, por tanto, la ley de la oferta y la demanda opera como si este fuera un mercado competitivo.
Sin embargo, lo anterior no se condice con los niveles de exportación del vino hasta la fecha. Ya se han exportado durante el presente año US$1.000 a los mercados de consumo, hoy bastante diversificado. Porque, y esto hay que aclararlo, el vino nacional se exporta en casi un 80% y, en consecuencia, para los efectos de consumo, el mercado relevante es el exterior, no el interno.
Entonces –de cifras que son públicas– se desprende, en primer lugar, que nuestro país exporta, como ningún otro, una cantidad de vino muy superior al consumo interno. Es más, Chile lidera los envíos de vino del denominado "Nuevo Mundo".
En segundo lugar, que existe una fuerte demanda por el vino nacional, no sólo en mercados típicos sino que también aparece, y con fuerza, el mercado asiático, en particular China, Corea y Japón.
Y, en tercer lugar, que las grandes viñas han duplicado sus utilidades al primer semestre. Unido a lo anterior, las marcas de vinos nacionales se han potenciado una enormidad.
En suma, tenemos, por una parte, una industria de vinos hoy bastante demandada, pero, por la otra, un mercado de compra de uva vinífera bastante deprimido.
Qué ocurre entonces, cómo justificar esta dicotomía. ¿Podemos afirmar ciegamente que existe competencia en el mercado de la compra de uva vinífera? O bien, en palabras simples, ¿por qué se pagan precios, considerados por muchos productores de uva vinífera como exiguos, en circunstancias que el producto final, el vino, tiene una fuerte y potente demanda externa? Cabe señalar, además, que las grandes viñas no son capaces de autoabastecerse, sino que, por el contrario, necesitan del insumo de terceros. Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) del año 2006 dice que las viñas sólo logran autoabastecerse en un 30%, aproximadamente.
A mi juico, esta industria es poco competitiva. Y el precio no refleja en caso alguno la demanda externa que existe por el producto final.
Creo que no existe un dinamismo competitivo entre los grandes poderes compradores. No se molestan, no se estorban. No existe aquella "crueldad" de que habla el fiscal de la FNE.
Es algo más bien opaco, lineal. Una conducta paralela al amparo del silencio complaciente. Para peor, muchos siguen la política de precios del actor dominante. ¿Qué razón hay para ello cuando hoy cada actor podría fijar su precios independientemente de lo que haga el mayor poder comprador? Peligrosamente, todos miran a éste, cual Rey Midas, e indefectiblemente todos lo responsabilizan, como si ellos no pudiesen actuar individualmente.
Creo, asimismo, que la uva vinífera es un commodity, al igual que la celulosa, la leche y muchos otros. Por lo tanto, para fijar el precio debemos tener en consideración el precio internacional de dicho insumo. O bien reflejarnos en mercados competitivos. Sepa usted que –según datos del USDA– en California, Estados Unidos, se pagó casi el doble el año pasado por la materia prima si lo comparamos con nuestro mercado.
Reitero: el vino chileno se exporta en casi un 80%. El consumo está afuera, no acá, en Chile. En consecuencia, el problema de existencias no hace sentido.
En resumen, hay muchas cosas que corregir antes de aseverar que estamos frente a mercados competitivos. Es más, como van las cosas, los poderes compradores se ven expuestos innecesariamente al escrutinio de sus proveedores como entes antimonopolios al amparo del artículo 3 del DL211.
Gonzalo Cruzat Valdés
Abogado
*Aclaración: Quien suscribe esta columna asesora a un predio que produce uva vinífera.
