A fojas cero. Los chillanejos que aspiraban a que hubiera un casino en su ciudad tendrán que seguir esperando. Transcurridos nueve meses desde que el Consejo Regional de la Región del Biobío informara, en julio de 2014, su decisión de dar el mayor puntaje para instalar un casino en dicha ciudad al operador de Marina del Sol en Talcahuano y dejara fuera de carrera al candidato Boldt, los tribunales acaban de retrotraer el proceso.
El miércoles pasado, la Corte Suprema acogió la apelación hecha por el operador ibérico-argentino Boldt-Peralada –que perdió la licitación del casino de la VIII Región a manos de Marina del Sol– y resolvió ordenar al referido Consejo Regional del Biobío que rehaga su informe a la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), para que esta decida cuál es el ganador.
Así, la licitación del casino de Chillán sigue enturbiándose. El 1 de julio de 2014, el Consejo Regional informó a la Superintendencia de Casinos los puntajes para los tres candidatos. Boldt y Dreams quedaban con cero, mientras el “local” Marina del Sol recibía el máximo: 300. La segunda fase ya no modificaría las cosas, pues el municipio chillanejo otorgó lo mismo a todos y el operador ligado al empresario asentado en la zona, Nicolás Imschenetzky, se quedó con la licencia.
Las acusaciones bajo cuerda no dejaron de correr en aquellos momentos, incluyendo posibles pagos de coimas, aunque nadie lo pudo demostrar. De paso, Dreams se retiró de carrera, mientras Boldt pedía a la Superintendencia de Casinos que revisara la decisión y acusaba al Consejo de doblegarse frente a Marina del Sol. Finalmente, la SCJ ordenó al Consejo informar con más detalle, lo que ocurrió en los siguientes días y que para Boldt fue insuficiente, razón por la cual terminó recurriendo a tribunales.
El miércoles de esta semana, la Suprema dejó sin efecto la resolución del Consejo Regional (que había sido ratificada por la SCJ y luego por la Corte de Apelaciones), por los argumentos que ya antes Boldt había advertido a los tribunales de la región, cuya alegación la Corte regional no había considerado.
“Que de la lectura del Oficio N° 246 remitido por el Intendente Regional de la Región del Bío-Bío al Superintendente de Casinos de Juego, fechado 03 de julio de 2014… en el que se plasmó el acuerdo del Consejo Regional adoptado en sesión de 01 de julio del año pasado, aparece que respecto del proyecto formalizado por la sociedad recurrente el pronunciamiento fue desfavorable ‘respecto a su impacto en el desarrollo de la región’, sin indicarse ninguna razón que haya servido de sustento a tal decisión”, determinó la Suprema, agregando que tampoco el certificado enviado por la ministra de fe del Consejo, Joana Pérez, presenta “párrafo alguno tendiente a dar sustento al pronunciamiento antes aludido”.
Por ello, el Máximo Tribunal del país consideró que el Consejo violó garantías fundamentales de igualdad establecidas en la Constitución y ordenó dejar sin efecto la señalada decisión de julio de 2014, instruyéndole emitir “un nuevo y fundado informe”.
Desde Boldt, representado por el abogado Ricardo Abdala, había confianza en que ganarían, considerando la particular argumentación que se dio el día de la votación y el informe que luego enviaron a la Superintendencia de Casinos, cuando ésta instruyó explicar mejor su decisión.
Mientras, desde Marina del Sol no hubo comentarios, aunque aseguran estar tranquilos, pues el reclamo no era contra ellos sino respecto del Consejo.
Pese a la dura decisión de la Suprema, el presidente del Consejo Regional del Biobío (que aún no es notificado del fallo), Eduardo Muñoz, dijo estar tranquilo y que acatarán la decisión.
El próximo martes 21 de abril tienen comisión de Gobierno en el Consejo (el cual a su vez debe sesionar al día siguiente) y luego de consultar a sus abogados decidirán si realizan un nuevo informe o se efectúa una nueva votación. “Estamos muy tranquilos de lo que obramos y creemos que lo hicimos conforme a las prerrogativas y atribuciones que tenemos, pero las decisiones de la Suprema se acatan”, expresó.
Muñoz tampoco cree que tengan que hacer una autocrítica ni que le deban explicaciones a la ciudadanía que seguirá esperando el proyecto.
“Como estamos acostumbrados a tramitar proyectos, en su momento tal vez no reparamos en que era una situación distinta. La Suprema dice que es distinta, una instancia especial y que necesitamos no sólo el voto, sino la argumentación de por qué sí o no. Si hay que hacerlo de nuevo o ver la salida, no tengo inconveniente en repetir la votación… (autocrítica) absolutamente ninguna, porque creo que no hemos cometido ningún error, emitimos según lo que se nos pidió, nunca se nos dijo que había que argumentar en forma tan detallada, y tal vez necesitamos emitir un detallado informe. Se nos pidió la opinión y la emitimos. No tenemos absolutamente nada que reprocharnos”, sostuvo.
Eso sí, Muñoz cree, a nivel personal, que el mejor camino es volver a hacer la votación, pues no ve mucho más argumento en el acta de la sesión original en que se votó.
“No lo tengo definido, quiero hacerme asesorar. El fallo no dice la palabra ‘votación’. Uno subentiende que requieren un pronunciamiento más detallado. Fueron 2 o 3 colegas los que dieron argumentos, entiendo que la única forma de transparentar y aclarar el tema y que no haya trascendidos es, a juicio personal, realizar una nueva votación, donde cada consejero argumente sus votos para tomar alguna posición. Otra salida es argumentar de acuerdo al acta lo que se hizo y que aceptó la Corte de Apelaciones. Si se viera que hay más argumentos (en el acta) uno podría decir que no es necesaria más votación, pero creo que se envió (en su momento a la Superintendencia) lo que había”, explicó.
Según la normativa, el ente encargado de explicar al Core la forma en que se debía votar era la Superintendencia de Casinos de Juego. Sin embargo, pese al texto de la ley, cuando el Core informó más detalles ante el requerimiento del fiscalizador, éste se conformó, negándose a revocar la decisión del Consejo o pedir una nueva votación. Ayer no hubo respuesta de la SCJ que dirige Renato Hamel.
Para Muñoz, tampoco hay responsabilidad de la autoridad administrativa. “La superintendencia cree que no le corresponde cuestionar un informe de un órgano colegiado”, agregó.
