Opinión
Las subastas de recursos pesqueros, pese a estar incorporadas en la actual legislación, han demostrado no ser un instrumento útil para lograr que entren nuevos actores al mercado pesquero, ni que exista más competencia. Sin ir muy lejos, las subastas efectuadas en Chile desde el 2015 hasta este año, no sólo no han permitido el ingreso de nuevos participantes, sino que han concentrado la explotación del recurso pesquero en menos empresas. En el ámbito internacional, esta experiencia fue un fracaso en Rusia y Estonia, por lo que ningún país OCDE asigna la totalidad de sus cuotas de pesca mediante subastas, como pretende hacerlo la “Ley Ossandón”
El Gobierno anunció que enviará 17 iniciativas parlamentarias sobre diversas materias al Tribunal Constitucional, pues se trataría de mociones contrarias al contenido de nuestra Carta Fundamental. Es un anuncio que valoramos, pero que no deja de asombrar, porque lo que puede ser una vulneración a la Constitución en ámbitos como agua, pensiones, jornada laboral y otros, no ha sido argumento válido para dos temas de legislación pesquera en este mismo Gobierno.
Durante lo que va del año fuimos testigos de cómo las autoridades eludieron la discusión y apoyaron la aprobación de una iniciativa parlamentaria que concluyó en la llamada “Ley de la Jibia”, la peor política pública en la historia pesquera chilena. Una norma que dejó cientos de cesantes, recursos pesqueros en el agua que nadie puede capturar, pérdida de confianza y contratos internacionales, además de pymes tambaleantes por falta de abastecimiento seguro.
El actuar del Gobierno en la “Ley de la Jibia” fue bastante errático: primero advirtió que se trataba de una materia de su iniciativa exclusiva y no parlamentaria; luego, cuando avanzó el proyecto en el Congreso, dijo que lo llevaría al Tribunal Constitucional; más tarde, que aplicaría un veto a la ley; y luego propuso una mesa de trabajo con el propósito de reformar una ley que recién había sido aprobada; sin embargo, nada de eso ocurrió, con devastadoras consecuencias.
El segundo proyecto es la llamada Ley Corta de Pesca o “Ley Ossandón”, iniciativa legal que ha sido calificada como inconstitucional por reputados expertos, pero que ha sido promovida por el Gobierno y apoyada en el Congreso.
En términos simples, la “Ley Ossandón” propone la eliminación de la renovación de las Licencias Transables de Pesca (LTP) clase A y subastar esos permisos al mejor postor. Al no permitirse solicitar la renovación de estas licencias se está vulnerando más que una mera expectativa, pues se trata de un derecho incorporado en los actuales titulares de dichos permisos, lo que daría paso a una expropiación.
Fue este mismo Gobierno el que diseñó el sistema de LTP y en su momento reconoció que existía un Derecho de Propiedad sobre las autorizaciones de pesca, ofreciendo la opción de cambiar tales autorizaciones de carácter indefinido por estas licencias renovables cada 20 años. Pero ahora, de manera injustificada, se lesiona la confianza que tuvieron los armadores industriales al aceptar el cambio y se propone una ley que licitará al 100% dichos permisos. Esto no es otra cosa que una flagrante vulneración del principio de la legítima confianza.
Las subastas de recursos pesqueros, pese a estar incorporadas en la actual legislación, han demostrado no ser un instrumento útil para lograr que entren nuevos actores al mercado pesquero, ni que exista más competencia. Sin ir muy lejos, las subastas efectuadas en Chile desde el 2015 hasta este año, no solo no han permitido el ingreso de nuevos participantes, sino que han concentrado la explotación del recurso pesquero en menos empresas. En el ámbito internacional, esta experiencia fue un fracaso en Rusia y Estonia, por lo que ningún país OCDE asigna la totalidad de sus cuotas de pesca mediante subastas, como pretende hacerlo la “Ley Ossandón”.
Esperamos que el país en su conjunto retome el diálogo y los grandes acuerdos por la estabilidad, el empleo, el crecimiento y la sustentabilidad, para evitar que las malas políticas públicas, los intereses electorales de corto plazo y el populismo, desmantelen las estructuras que cimentan la estabilidad que Chile requiere para seguir avanzando a paso firme al desarrollo, en beneficio de todos sus habitantes.
