MERCADOS
Al sector privado lo que más le preocupa es despejar cuáles son hoy las reglas del juego. «Hacemos un llamado para que se generen las certezas necesarias que permitan activar la inversión, de forma de reactivar la actividad productiva, lo que irá en directo beneficio de las personas», dijo ayer el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, tras conocer la cifra del Imacec. Con sus palabras, el dirigente hizo eco de una conversación de pasillo entre varios gremios que giró en torno a que –a casi dos años de volver a La Moneda– ya no queda nada de la agenda económica que Piñera prometió en su campaña. En el mundo empresarial han admitido que ya no reconocen en el Mandatario al líder con habilidades económicas que se cruzó la banda presidencial en marzo de 2018.
Las noticias de ayer no fueron buenas, tal como señaló el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, luego de conocerse las cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que cayó 3,3% en noviembre. Y las reacciones no se hicieron esperar en el segundo mes –tras el estallido social– en que los números «castigan» a la economía y terminan de enterrar la promesa de campaña del Presidente Sebastián Piñera sobre la llegada, que nunca fue, de los «tiempos mejores».
Briones, apelando al estilo bastante frontal que lo ha caracterizado desde su aterrizaje en Teatinos 120, señaló que si bien la caída de la actividad económica fue algo menor que lo proyectado por el mercado, este -3,3% implica un retroceso importante que no se puede minimizar: “Estamos en un momento económico complicado. Como ministerio y como Gobierno estamos redoblando los esfuerzos para tratar de morigerar lo más posible los impactos de esta crisis en la economía”.
El ministro de Hacienda entregó otro dato, que debería tomar protagonismo, precisamente, por lo que puede afectar a la temperatura de «la calle». Informó que la proyección para el crecimiento de 2019 es de 1% y que “con la información actualmente disponible, mantenemos nuestra proyección de crecimiento para 2020 entre 1% y 1,5% (…) es un crecimiento per cápita casi igual a cero».
[cita tipo=»destaque»]El control de daños, hasta ahora, ha venido por parte del ministro Briones, quien se ha reunido de manera privada con varias esferas de empresarios y representantes del segmento privado, como Cieplan y Cadem. En esa última cita dijo que no quería hablar mucho y, tras una breve introducción, se dedicó a responder preguntas y despejar preocupaciones de los asistentes. Trató de ampliar el análisis y pidió tener una mirada de largo plazo, a diez años, para darle la perspectiva histórica que la situación requiere.[/cita]
En el mercado aseguraron que no es un escenario menor, pues para este año se esperan –tal como ya advirtió el Banco Central– inflaciones en tasas récord en torno al 3%. Eso, junto a la amenaza latente de una crisis económica, considerando un desempleo de dos dígitos, y que con ello se pueda retroceder 27 años en materia de desigualdad, tal como lo afirmó en diciembre el presidente del BC, Mario Marcel.
Antes de que se rompiera el espejismo del «oasis» que era Chile, desde La Moneda aseguraban que el país no podía estar en mejores condiciones. Cuando se habló de cesantía, se defendieron afirmando que las cifras estaban mal medidas por la desigualdad, que el INE cometió groseros errores en la medición del IPC y calificó como hechos aislados la seguidilla de empresas que quebraron o cerraron entre 2018 y 2019, como la naviera Maersk, la firma de pastas Suazo, Iansa en Linares y Calzados Guante. Todas, firmas que por diversas razones cerraron sus operaciones, pero que instalaron un sabor amargo y la señal de que no habría tiempos mejores, lo que se empezó a sentir inmediatamente en las encuestas.
La Moneda hizo caso omiso del “caldo de cultivo” que se estaba generando y continuó su marcha centrada en la agenda internacional, con la COP y APEC. Cabe recordar que poco después que Piñera regresó de Nueva York, de la precumbre ambientalista –dateado por diversos sectores–, citó a una reunión ampliada en Palacio a representantes del sector empresarial para «atajar» la molestia que imperaba en ellos. «Este parece todo menos un Gobierno de derecha», era la queja justo cuando se discutían proyectos que molestaban a la élite, como el de la jornada laboral de 40 horas.
De vuelta al presente, la tensión convertida ahora en desilusión por parte del sector privado, no ha hecho más que profundizarse. Los líderes empresariales, tanto Bernardo Larraín en la Sofofa, como Alfonso Swett en la CPC, han tenido palabras de buena crianza con el Gobierno, señalando que hay que dar hasta que duela. Aunque en las diversas ramas asumen que hoy no existe un diálogo del todo fluido con La Moneda. «Se entiende que están en sus urgencias», puntualizó un dirigente.
Pero hay quienes critican que, ocupado en otras prioridades, el Gobierno se ha demorado en rayar la cancha de cómo serán los próximos 24 meses de la administración piñerista. Y eso es lo que más los preocupa.
Las cifras tampoco aportan a una mayor calma. El viernes pasado la Bolsa de Comercio de Santiago informó su síntesis anual de movimientos. Pese a que la rueda ya venía golpeada antes del estallido de octubre, el año cerró con una caída en el valor de las principales acciones de 8,5%, solo siete empresas con rentabilidades positivas y una decena de compañías con bajas en el valor de su cotización, entre 21% y 56%.
En consultoras que tienen constante relación con clientes internacionales, recalcaron que la mayor incertidumbre es respecto al proceso constitucional y que, si bien los superricos tienen bastante diversificado su portafolio, la preocupación está en grupos de patrimonio mediano, que podrían sacar sus inversiones del país. «El problema es que ese grupo, por ejemplo, si tiene acciones y las vende, debe asumir toda la pérdida de los últimos meses de entre 15% o 20% de su inversión, si no es más. Por eso, ahora todos están esperando a marzo a ver qué pasa», reconoció un consultor.
A nivel interno los empresarios han coincidido con el diagnóstico que se ha dado en otros círculos, que hoy gobierna el Parlamento, y pese a que apuestan para que Piñera termine su mandato –evitando traumas mayores para la economía–, han admitido que ya no reconocen en él el líder con habilidades económicas que pareció aterrizar en La Moneda en marzo de 2018.
El control de daños, hasta ahora, ha venido por parte del ministro Briones, quien se ha reunido de manera privada con varias esferas de empresarios y representantes del segmento privado, como Cieplan y Cadem. En esa última cita dijo que no quería hablar mucho y, tras una breve introducción, se dedicó a responder preguntas y despejar preocupaciones de los asistentes. Trató de ampliar el análisis y pidió tener una mirada de largo plazo, a diez años, para darle la perspectiva histórica que la situación requiere.
Pero no fue lo único. Esa mirada de largo plazo –aseguraron conocedores de la conversación– también apuntó a la forma en que deberían actuar las empresas. Briones habría planteado que no sirven las medidas de alto impacto si son solo aplicadas a corto plazo, sino que hay que repensar todo el modelo de cómo se ha hecho empresa hasta ahora.
Si bien en general Briones ha concitado el respeto de la clase empresarial, existe desconfianza sobre cómo esa capacidad de «ordenar las piezas» será aceptada por Piñera, quien se sabe es siempre su propio ministro de Hacienda.
A los privados los que más les preocupa es despejar cuáles son hoy las reglas del juego. «Hacemos un llamado para que se generen las certezas necesarias que permitan activar la inversión, de forma de reactivar la actividad productiva, lo que irá en directo beneficio de las personas», dijo ayer el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, tras conocer la cifra del Imacec.
Donoso hizo eco de una conversación de pasillo entre varios gremios que giró en torno a que –a casi dos años de volver a La Moneda– ya no queda nada de la agenda económica que Piñera prometió en su campaña. Como ejemplo, la esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, (SEA) no avanzó, tampoco la Reforma Tributaria pudo incluir los aspectos que al sector privado le «compensaban» el aumento de otros tributos, ya que una vez reestructurada, tras el estallido de octubre, dejó fuera el perdonazo de impuestos que les había prometido el piñerismo, eliminando así la posibilidad de abrir un nuevo período de impuestos especiales para los capitales que reingresaban a Chile.
También se eliminaron del proyecto las normas que flexibilizaban los criterios de impuestos frente a capitales chilenos en paraísos fiscales.
El tema, afirmaron los gremios y actores del mundo empresarial, es qué es lo que puede comprometer ahora un Gobierno que era de su agrado, pero que viró todas sus prioridades en el esfuerzo de improvisar respuestas para contener el estallido social y que en el camino, además, pareció haber perdido la brújula.
