Debió haber sido el principio de la conversación, pero finalmente parece que llegó la hora de hacerlo. La propuesta de reforma tributaria del gobierno propone cambiar la base retirada de los impuestos a las personas y reemplazarla por una base devengada o “atribuida” para todos los propietarios y accionistas de las empresas del país, imputando a las personas la totalidad de las utilidades tributarias de las empresas, ya sea que se retiren o se retengan.
El cambio no es menor. El sistema no existe en ninguna parte en el mundo, excepto como opción voluntaria de los empresarios. La base retirada para las personas, sin integración con los impuestos de las empresas, es lo que prima en el mundo, lo que genera doble tributación a los retiros y dividendos. En Chile, el sistema FUT permite integrar la base devengada de las empresas con la base retirada de las personas.
Las complejidades administrativas y jurídicas del nuevo sistema, así como las diferencias políticas al interior del conglomerado oficialista, principalmente en el Senado, han contribuido a abrir el debate nuevamente. En efecto, en su presentación en ICARE el martes 29 de abril, Alejandro Micco, subsecretario de Hacienda, se mostró abierto a debatir. El economista Juan Andrés Fontaine mostró que, si mantuviéramos la tasa de 25% de primera categoría, nos dejaría en el doble de Irlanda y comparable con varios países de la OCDE. Destacó el posible impacto en el ahorro, la inversión y el empleo, dado que la mayor tasa del proyecto impacta principalmente a las empresas generadoras de la inversión y el empleo. El abogado experto tributario José Manuel Baraona advirtió sobre las consecuencias jurídicas y administrativas del nuevo sistema, debido a la falta de jurisprudencia y confusas definiciones que incluye el proyecto de ley. Pero fue el ex candidato presidencial Andrés Velasco quien puso sobre la mesa la necesidad de discutir y debatir sobre los abusos y filtraciones que tiene el actual FUT. Antes de dar por muerto el FUT y lanzar el sofá de don Otto por la ventana, cabe preguntarse sobre las prácticas de los infieles, y explorar la conveniencia de ajustes significativos y definitivos en lo mecanismos que tiene el FUT para evadir impuestos. El mismo Andrés Velasco dio luces e invitó a un debate serio al respecto. Muchos de lado y lado le han quitado el cuerpo a este bulto y han escabullido la discusión. Es hora de enfrentarla.
Junto al ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, hemos estado trabajando en estos temas. El FUT está en cuestión principalmente por los 3 o 4 mecanismos que perforan el sistema, como mencionó el ex candidato presidencial.
Primeros en la lista están los retiros en exceso. Cuando se tiene una sociedad de personas y se retira en exceso del FUT positivo, o bien cuando éste es negativo, se puede posponer indefinidamente el impuesto global complementario hasta que el FUT pase a ser positivo, lo que muchas veces nunca ocurre. Aquí el retiro paga cero. En segundo lugar, cuando la matriz tiene FUT negativo y reciben dividendos o retiros de sus filiales que pagan impuesto de primera categoría, la matriz puede solicitar la devolución de impuestos pagados por la filial. En tercer lugar, diversas “reestructuraciones empresariales” en la forma de divisiones de empresas, adquisiciones, fusiones, etc., se realizan con el único propósito de pagar menos impuestos. En cuarto lugar, nada impide que las utilidades retenidas se inviertan en el exterior, ya sea para consumo afuera o para ser reingresadas en la forma de inversión extranjera. Quienes vivimos de rentas empresariales tenemos estos resquicios disponibles, fuente de severa inequidad horizontal. En esto el gobierno tiene razón. Existe un gran consenso en la necesidad de una significativa reforma tributaria. El país puede incrementar la carga tributaria en 3 puntos del PIB. Este mayor esfuerzo debe estar en quienes tienen más. ¿Conversemos sobre un nuevo y blindado FUT?.
Patricio Arrau
Ph.D. Economía, Universidad de Pennsylvania
Decano Facultad de Economía y Negocios,
Universidad Santo Tomás
Consejero Fuerza Pública