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Para tener Suecia se necesitan suecos


Los casos de corrupción en Chile han venido a ocultar que el Gobierno de Michelle Bachelet entró en 2015 en un compás de espera que se parece mucho a la tierra de nadie. La intensidad con que aplicó sus reformas en el primer año erosionó la confianza y sembró la incertidumbre hasta el punto de que el crecimiento, que había logrado capear una crisis externa que data de 2008, ha caído en 2014 a menos de la mitad del registrado en 2013 (del 4,2% al 1,9%), e instaló un paradigma que desincentiva la cooperación y la búsqueda del consenso a cambio de la imposición del criterio de la mayoría.

Recientemente participé en el Foro de Icare “¿Cómo viene el 2015?”, ampliamente reseñado en El Mostrador porque a él asistió el ministro de Hacienda Alberto Arenas. Ahí planteé que cuando uno asiste al debate contingente en Chile, da la impresión de que este país limita al norte con Suecia, al Este con Alemania y al noreste con Suiza, es decir, con el promedio de la OCDE. Estamos todo el día comparándonos con la OCDE. El problema es que para tener Suecia se necesitan suecos. En ese sentido, al instalar este nuevo paradigma, el Gobierno está desperdiciando la gran oportunidad histórica que se había dado este país de alcanzar el desarrollo a través de un consenso autóctono. En el promedio de la OCDE lo más ejemplar había sido hasta ahora el modelo chileno. Y de pronto hemos decidido importar una agenda socioeconómica que por lo demás se quiere imponer unilateralmente.  

Apenas ha existido voluntad para rectificar la reforma tributaria. Además, la justificación de la reforma ahora ya no es aumentar el gasto social en educación sino hacer más eficaz el sistema de recaudación tributaria, según ha dicho la presidenta. La reforma educativa sigue presa en su desenfoque original: es una reforma del gasto más que una reforma educativa. Cuando se empiece a hablar de las nuevas habilidades que necesitan los jóvenes para afrontar el futuro se habrá terminado este mandato presidencial.

Y en la recámara está la reforma laboral destinada a privilegiar al lobby sindical y a ligar el incremento de las remuneraciones a la capacidad de daño que se le pueda infligir a una de las partes –el empleador– en vez de mantenerla vinculada a los aumentos de productividad. El mercado laboral español se parece mucho a lo que propone la reforma chilena y sólo se puede decir una cosa: no funciona. Arroja un 23,7% de paro y sólo reparte el desempleo. Si Chile quiere tener un desempleo estructural del 14%, sólo tiene que imitar la legislación laboral española con su negociación colectiva: una auténtica máquina de destruir empleo que ha generado más de 5 millones, casi 6 millones en algún momento, de desempleados.

Acemoglu y Robinson siempre destacan el papel de las instituciones en las sociedades exitosas. En ese sentido, el mercado libre es una de las mejores instituciones que se ha podido ofrecer a los chilenos en los últimos 40 años. El mercado es el gran articulador social de la nación, en nuestro país cumple un papel que no tiene nada que ver con el que realiza en los demás países de la OCDE. Los chilenos hacen su vida en el mercado: en él desarrollan libremente su vida profesional, se educan, cumplen sus sueños, se casan, adquieren bienes y servicios, se enriquecen y también se arruinan. Pero el mercado es un terreno de juego donde, pese a las desigualdades, los chilenos saben que el dinero de un rico y de un pobre vale igual, sin importar su apellido, cosa que no está nada clara que ocurra en otros ámbitos. Por eso hacer trampas en el mercado debería ser delito de lesa democracia.

Y como el mercado es el gran articulador social, el empleo se convierte en el gran factor de socialización. Quedarse sin trabajo en Chile es mucho más grave que en otros países porque supone caer en la marginalidad, significa desengancharse de la Nación. Por eso es tan importante que el país mantenga una tasa de crecimiento que sostenga un alto nivel de empleo. Incorporar más rigideces al mercado laboral no va a ayudar a ello.

A todo esto se suma ahora un nuevo factor: la corrupción. La combinación de corrupción y crisis económica es mortal para la economía y para las instituciones. El economista Paolo Mauro ha demostrado que una mejora equivalente a la desviación típica en los índices de corrupción (pasar por ejemplo de la nota 6/10 a 8/10) causa un aumento de la inversión de más de cuatro puntos porcentuales y el PIB crece medio punto porcentual en términos anuales.

No hay que olvidar que la gran corrupción se asienta en conductas sociales, especialmente la pequeña corrupción. Es muy irresponsable atribuir toda la culpa a los políticos cuando es la sociedad la que da sustento a esas conductas. En España, por ejemplo, la familia es una institución que muestra una gran tolerancia hacia ciertas conductas corruptas como el evadir impuestos (pagar sin IVA determinadas cosas es un clásico) o cobrar el salario en dinero negro. Otra vez: necesitamos suecos para tener Suecias.

Los casos de corrupción se producen en la zona de contacto entre lo público y lo privado, entre el Estado y el sector privado. Es evidente que mientras más amplia y más opaca sea esa zona de contacto, más probabilidades existirán para que haya corrupción. Mientras más activo se muestre el Gobierno en regularlo todo, mientras más recursos reclame vía impuestos de la sociedad, es decir, mientras más amplia sea la acción del Estado, más zona de contacto existirá y las fricciones serán mayores. Más callejones oscuros surgirán en las esquinas del Estado para que los cazadores de rentas puedan medrar.

Hay tres cosas que el Ejecutivo de Michelle Bachelet podría plantearse para señalar un cambio de estilo y mejorar el ambiente económico en Chile. Primero, revisar a fondo la reforma tributaria. Incluso podría avanzar en la dirección de implantar en el país una tarifa plana tributaria que iguale o acerque los tipos de los impuestos de sociedades y de la renta. No sería ninguna herejía, ya que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propuso la implantación de un tipo único impositivo en 2004.

En segundo lugar, crear una comisión para volver a analizar la reforma laboral desde la perspectiva del crecimiento y la cooperación en vez de desde la que estimula la confrontación social.

Y en tercer lugar, cambiar el discurso oficial. Dejar de criminalizar a los contribuyentes, que son los ciudadanos. Dejar de criminalizar a los dueños de colegios concertados. Dejar de criminalizar a los empresarios. Prometer que se van a construir consensos eficaces y eso sólo se puede hacer desde la Presidencia de la República.

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