Como ciudadanos chilenos, tenemos derecho a solicitar información pública a nuestras autoridades, amparados en la Constitución y en una ley especial, la ley de Transparencia. Juan José Soto quiso ejercer ese derecho y le pidió al ministro de la SEGPRES, Cristián Larroulet, acceso a sus correos electrónicos entre el 18 y el 21 de julio de 2011.
El ministro no sólo se negó a entregarlos, sino que hasta hoy se desarrolla un juicio que ha pasado por el Consejo para la Transparencia, la Corte de Apelaciones y el Tribunal Constitucional. Este juicio pretende determinar si los correos electrónicos de funcionarios públicos son objeto de esta ley o son privados.
Conversamos con Tomás Jordán, abogado constitucionalista y representante de Juan José Soto, sobre este caso denominado “Correos 2” y los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública.
