Aunque la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad recién comienza, ya hay algunas luces respecto de hasta dónde podrían llegar las responsabilidades en el escándalo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por eventual manipulación de las cifras del Censo 2012.
Esto porque, según comentaron fuentes del proceso, en caso de que se logre configurar este delito, quienes debieran responder por ello serían Francisco Labbé, renunciado director de la entidad; Eduardo Carrasco, jefe del proyecto Censo 2012; y Sebastián Mathews, asesor comunicacional. La razón está en que al ser una organización descentralizada, las responsabilidades no llegarían a ninguna dependencia del Ministerio de Economía, del que depende el INE.
Pena aflictiva
Si se acredita el delito, la pena no es menor: hasta tres años y un día. Según el Código Penal, artículo 198, “el que maliciosamente hiciere uso de los instrumentos falsos (…) será castigado como si fuera autor de la falsedad”, teniendo penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de once a quince sueldos vitales, o sólo la primera de ellas, según las circunstancias.
Esto también se relaciona al artículo 193, que señala que “será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo el empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad (…) atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales, (…) dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original (…).
Lo que viene
Fue el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, quien autorizó a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad para que hiciera ingreso a las oficinas del INE el viernes pasado, de forma que fueran incautados computadores y celulares de funcionarios. Durante los próximos días se esperan nuevas diligencias e incautaciones. Eso sí, se descarta que se confisquen los formularios originales del Censo debido a que, según fuentes del proceso, en caso de haber delito se habría originado en “instancias superiores”.
Una de las aristas que aún queda por dilucidar es en qué punto del Censo la antigua dirección del INE estimó que los datos recabados eran suficientes para comenzar el procesamiento y dejar de levantar información.
Además, se tiene que decidir respecto de la necesidad de realizar un peritaje que permita establecer en qué etapa se produce el “desfase” entre los datos y la información que se hizo pública. Un asunto no menor dentro de esto sería qué organismo independiente lo podría realizar, y quién debiera pagar por dicho estudio.
