Pese a las promesas, los esfuerzos de los distintos gobiernos desde 1990 en adelante por estabilizar los precios de los combustibles han sido en vano. Ayer, las bencinas alcanzaron los $ 1.000 por litro en la zona sur del país, y en promedio se ubicaron en $ 900 por litro en el resto del territorio.
Creado en 1991, el Fondo de Estabilización Precios del Petróleo (Fepp) buscó atenuar el shock de precios del crudo -y su impacto en las gasolinas- tras la Guerra del Golfo. El petróleo saltó de US$ 15 a US$ 44 por barril en pocos meses, y la autoridad entonces decidió aplicar un mecanismo para amortiguar las alzas mediante subsidios fiscales. El crudo WTI, de referencia para Chile, cerró ayer a US$ 102,92 por barril, 39 centavos inferior al día previo y US$ 2,6 sobre el viernes pasado.
El 98% del petróleo que consume el país debe ser comprado en el extranjero, con la consecuente exposición a los vaivenes especulativos y geopolíticos que afectan al hidrocarburo.
El Fepp fue reformado en el 2000 y estuvo vigente hasta 2006. Contemplaba el pago de subsidios si el precio internacional excedía en 12,5% el precio promedio de referencia, lo que suponía atenuaba las variaciones bruscas del crudo. El problema del sistema era que el gobierno de turno debía inyectar fondos al Fepp para que cumpliera su función, afectando las cuentas fiscales.
En 2006 se introdujo el Fepco (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), tras agotarse los recursos del Fepp, con una operación similar. El nuevo sistema debió afrontar otro shock de precios en 2008. Debido a la crisis financiera mundial, el crudo escaló a US$ 140 por barril.
Aquí, la estatal Enap también jugó un rol, pues para atenuar las alzas dejó de cobrar los subsidios que le correspondían -según la fórmula del Fepco- y los traspasó a los consumidores. El resultado: la estatal anotó ese año pérdidas históricas por US$ 1.000 millones, que aún la tienen en una situación financiera complicada. La administración de Sebastián Piñera acusó ineficiencia y uso político de los recursos, y se abocó a reformar el sistema, que operó hasta junio de 2010. Según declaró en 2011 Salvador Valdés, asesor del Ministerio de Hacienda, entre 1991 y 2005 estos sistemas tuvieron un costo para el Fisco de US$ 2.344 millones. Entre 2006 y 2009, tal costo habría sumado US$ 1.910 millones.
Ideado por un equipo de asesores de Hacienda, liderados por Valdés, en 2011 se creó el Sipco (Sistema de Protección ante Variaciones de Precios de los Combustibles), el que ya no consideraba un fondo para hacer frente a las alzas, sino que impuestos y subsidios financiados por el Tesoro Público.
En un principio, se esperaba que operara por poco más de un año, ya que en 2012 se ingresaría al Congreso el mecanismo definitivo para terminar con el problema: el Sepco (Seguro de Protección ante Variaciones de Precios de los Combustibles), que sustituiría los aportes del Fisco por los pagos de los seguros contratados en el mercado internacional. Este último aún no logra ver la luz, y luego que Hacienda diera a conocer los borradores de los decretos presidenciales que crean este mecanismo, la decisión final sobre su implementación deberá ser tomada por Bachelet.
El Sipco establece en su operación la aplicación de un impuesto específico variable para la gasolina y el diésel, con una banda superior e inferior de 12,5% sobre el precio de paridad del petróleo en Chile (el que se establece con precios futuros y pasados). Si el precio sube más de 12,5% sobre el promedio establecido, se aplica un gravamen menor que el impuesto específico de 6 UTM por metro cúbico. Por el contrario, si la gasolina baja más de 12,5%, el tributo se incrementa.
La idea tras este mecanismo era reducir la “discrecionalidad” en su operación, pero a poco andar, y debido a fuertes alzas en los precios, la autoridad determinó modificar los parámetros de tiempo para calcular el precio promedio. Los expertos criticaron la poca “operatividad” del sistema y acusaron que ante movimientos bruscos de los precios internacionales, los parámetros del Sipco no alcanzaban a funcionar y sólo a través de cambios legales, el sistema logró suavizar en algo los precios.
En un desayuno con economistas realizado a fines de enero, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que de las 150 semanas que el sistema tiene de vigencia -desde marzo de 2011-, sólo en 21% de los casos ha entregado subsidios. Asimismo, en este período, el costo fiscal ha sido de unos US$ 45 millones anuales.
