El académico sostuvo que «la derecha teme que una nueva Carta Fundamental vaya a resultar en un desastre económico en una situación como la de Venezuela».
El economista de UCLA, Sebastián Edwards, reflexionó sobre el proceso constituyente que se lleva a cabo en el país a partir de la madrugada del 15 de noviembre y expuso antecedentes de los países de América Latina que han cambiando su Constitución en los últimos años.
En una columna publicada en El Mercurio, el académico sostuvo que «la derecha teme que una nueva Carta Fundamental vaya a resultar en un desastre económico en una situación como la de Venezuela».
«Pero Venezuela no es la única nación latinoamericana que aprobó una nueva Constitución en las últimas décadas. Ocho países implementaron nuevas cartas fundamentales en los últimos 30 años: Bolivia (2009), Brasil (1988), Colombia (1991), República Dominicana (2015), Ecuador (2008), Paraguay (1992), Perú (1993) y Venezuela (1999)», explicó.
«En solo uno de los ocho países los años posteriores a la nueva Constitución fueron un desastre: Venezuela. En las otras siete naciones, años después de haber aprobado las nuevas constituciones, la situación económica era razonable», complementó.
Según el análisis del economista, «en todos los países el gasto del gobierno aumentó fuertemente, reflejando el mayor rol que las nuevas constituciones le asignan al Estado en materias económicas y sociales».
«El promedio del gasto de gobierno durante los 10 años anteriores a la nueva Constitución era de 19,3% del PIB, mientras que en el período posterior se empinaba al 28,4% del PIB (…) El déficit público aumentó en promedio (excluyendo a Venezuela) del 0,9% al 1,6% del PIB», detalló.
Con respecto a la desigualdad social, Edwars indicó que en «cuatro de los ocho países con nuevas constituciones están entre los que más han reducido la desigualdad desde el año 2000 en América Latina».
«No hay razón para entrar en pánico por que en Chile se vaya a aprobar una nueva Constitución. Pero, al mismo tiempo, tampoco hay que esperar mucho de ella. Una nueva Carta Fundamental no es una panacea que solucionará en forma automática las falencias de Chile», concluyó.