PAÍS
Con bastante resquemor desde la mesa de Unidad Social terminaron por aceptar la invitación realizada desde La Moneda, donde se buscaría dar inicio a un diálogo en los tres acuerdos propuestos por el Presidente Sebastián Piñera. Desde los representantes de sectores del mundo del trabajo señalaron creer que la invitación es tardía, pues ya estaría todo amarrado en el Congreso, y que no buscaría más que un lavado de imagen. Desde Palacio aseguran, por el contrario, que cuadra con los tiempos de diálogo del Ejecutivo. La reaparición de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que anunció que enviaría un proyecto de ley para sancionar lo que denominó «adoctrinamiento político», vino a «poner más pelos en la sopa», siendo esto interpretado incluso como un intento del Gobierno por hacer fracasar un diálogo, que ni siquiera había comenzado.
En momentos en que las mínimas señales políticas se constituyen como piezas fundamentales en la partida de ajedrez más difícil que le ha tocado jugar al Gobierno, donde los oponentes son las movilizaciones masivas y espontáneas a lo largo de todo el país y los paros coordinados por la denominada Mesa de Unidad Social, en Palacio creyeron pertinente intentar una jugada arriesgada –aunque para algunos tardía– para establecer un puente con el cual bajar, en algún grado, la temperatura ambiente. Fue así como el sábado 22 de este mes, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, firmó una invitación al bloque sindical de la agrupación para “comenzar un diálogo”.
Días antes, el 19, en momentos en que se publicitaba el acuerdo por la paz firmado en el Congreso en Santiago y que acordaba el marco general para una nueva Constitución, desde la mesa que agrupa a sindicatos de trabajadores, tanto públicos como privados, se llamó a seguir movilizados, pues advirtieron que el acuerdo se habría hecho de espaldas a la ciudadanía y entre cuatro paredes.
Desde allí en adelante, para La Moneda el diálogo con el mundo social organizado ha sido uno más de los flancos abiertos en el amplio mapa de complejidades, que partió cuando el Gobierno no leyó que las medidas autoritarias que impulsó tras las evasiones del Metro desencadenaron la más profunda de las crisis sociales, políticas e institucionales desde que se recuperó la democracia, y que ya cuentan 26 muertos, cientos de mutilados oculares, millares de heridos, más de una decena de miles de detenidos y muchos millones de pesos en pérdidas materiales.
La invitación, en un principio, terminó por complicar más que simplificar las relaciones internas de la mesa, pues hubo varios de sus miembros que rechazaron de plano tener contacto directo con el Ejecutivo. Los resquemores pasaban por evitar dar una señal equívoca a las bases y también a la calle. La discusión tuvo momentos de tensión, pues sabían que el sentarse con un Gobierno que no estaría cumpliendo ni con las expectativas de profundización de su agenda social, ni con los temas sectoriales que se exigen en un petitorio único, y más grave aun, con un Gobierno que ha respaldado a Carabineros pese a las violaciones de los Derechos Humanos denunciadas por Amnistía Internacional y por Human Rights Watch, sin duda traería altos costos.
Se decidió, entonces, acusar recibo de la invitación solo a través del espacio denominado bloque sindical, que consiste en los representantes de los profesores, salud, portuarios y transportistas, y a quienes les había sido indexada la convocatoria. Estos respondieron con un sí, pero condicionando el encuentro a una entrega del petitorio. Aseguraron que no había disposición a negociar, dando cuenta de esa manera de lo complejo del ambiente interno y del difícil escenario en los que los puso el Gobierno.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, una vez finalizada la jornada de huelga nacional, y al ser consultada por la invitación, señaló que “lo que esperamos es que haya un pronunciamiento sobre este pliego entregado por los trabajadores y trabajadoras hace un par de semanas (…). No va a estar ajeno de ningún debate, ha sido un mandato, una tarea de primer orden, el tema de no a la impunidad y hacerse cargo de la violación de los Derechos Humanos como un tema esencial de parte del Ejecutivo”.
El pliego al que hizo mención Figueroa se presentó el 28 de octubre y se hizo llegar a Palacio el 4 de noviembre, según puntualizaron. Entre otras peticiones, figura la discusión inmediata por un salario mínimo de $500 mil líquidos, negociación colectiva ramal, respeto al derecho a huelga como derecho fundamental, pensión mínima equivalente a salario mínimo, asamblea constituyente para una nueva Constitución, con mayor margen de participación y no a través de un pacto.
En conversación con El Mostrador, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo respecto de la invitación que “es tardía desde el punto de vista que estamos hablando casi del día 37 desde que se produjo el estallido, y recién el sábado nos invitaron a una reunión, eso es bastante insólito para la magnitud del problema y refleja el desprecio que la elite tiene por el movimiento social (…), las intenciones no las sabemos, no sabemos si quieren solo la foto o abordar seriamente una agenda social real”. En esta misma materia, el vicepresidente de la Confusam, Esteban Maturana, sostuvo que “lo primero que hay que poner sobre la mesa es que este llamado del Gobierno se produce de manera forzada, no es que haya tenido la voluntad de invitarnos a conversar ni mucho menos (…). Como una intensión de descomprimir el ambiente, restar fuerza a la movilización, se hace este llamado a conversar”.
Desde La Moneda, en respuesta, señalaron que la invitación estaría en correlación con los tiempos determinados, considerando –apuntaron– que la primera semana fue el acuerdo con las autoridades políticas, luego se pasó a la discusión de la agenda social y, tras aquello, optaron por abrirse al mundo social. Independientemente de aquello, desde la mesa de Unidad Social recalcaron que, una vez invitados, los acuerdos ya estaban “todos amarrados”.
Previo a la resolución de la mesa, hubo una señal contradictoria, acusaron. En momentos de alta sensibilidad y donde cualquier movimiento equivocado puede echar por tierra un costoso avance, la reaparición de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, vino a «poner más pelos en la sopa», siendo esto interpretado incluso como un intento del Gobierno por hacer fracasar un diálogo, que ni siquiera había comenzado. Fiel a su estilo, duro y frontal, Cubillos salió a anunciar la elaboración de un proyecto que buscará frenar lo que llamó «adoctrinamiento político».
Esta iniciativa fue considerada un acto de provocación, que incluso generó en gran parte del oficialismo una frase que se hizo reiterada: “No aporta en nada”, o una descalificación en el plano personal, “le faltaba pantalla”, agregaron.
Varios en Chile Vamos vieron en la reaparición de la jefa de Educación, un discurso que apunta a un nicho muy reducido, en momentos en que las señales debiesen apuntar a las preocupaciones mayores del país, por ende, una maniobra tan riesgosa como innecesaria.
Pero esta es una crítica que no es reciente, pues los constantes vaivenes que el Mandatario presenta semana a semana, desde desatada la crisis, darían cuenta de la falta de estrategia o de una mirada con mayor temple, indicaron desde su propio sector.
Para Aguilera no hay dos lecturas, “es impresentable, cuando habla de las 28 denuncias por adoctrinamiento, revisamos y hay varias que son por bombas lacrimógenas al interior de los colegios. En Chile hay 7.500.000 apoderados, hay 28 denuncias, y eso es el 0,001, es ridículo que a partir de ahí ella pretenda hacer una analogía de que el profesorado esta adoctrinado, es absurdo, no tiene ningún sentido”.
No fueron pocos en el Congreso, y transversalmente, los que colocaron el nombre del marido de la ministra, el senador RN Andrés Allamnd, sobre la mesa, recordando la intervención días después del acuerdo por la paz y que puso en cuestión que fuese el plebiscito de salida el ente soberano que ratificase o no la nueva Constitución, y bajo la amenaza de volver a la escrita en 1980. Coincidencia o no, añadieron, “ambos están aportillando en tan delicado momento”.
Maturana finalmente señaló que quienes vayan a La Moneda “representen el amplio arco de los que es la Unidad Social, que es la manera de construir legitimidad, la Unidad Social no se puede arrogar el estallido social (…), nosotros tenemos responsabilidad en la huelga del 12 de noviembre, en la protesta del 5 de septiembre y en esta protesta del día de hoy (26 de noviembre), pero el estallido social, el estallido en medio del cual La Moneda convoca a la Unidad Social, no es de nuestra responsabilidad, no somos nosotros los que llamamos a la gente a salir el 18 de octubre, eso tiene otras explicaciones, un gran dolor de cabeza para politólogos, filósofos y sociólogos».
