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La organización sostiene que «este tipo de soluciones debiesen ir en retroceso» y que «es irresponsable y raya en la irracionalidad el continuo esfuerzo del Gobierno por generar inversiones en infraestructura que permitan aumentar la superficie regada en una zona en donde existe un grave estrés hídrico».
A través de una declaración pública, la Fundación Terram «rechazó categóricamente» el acuerdo alcanzado entre el parlamento y el Gobierno, respecto a la vulneración al ordenamiento ambiental chileno durante la discusión de la Ley de Presupuesto para el 2020.
La Cámara de Diputados aprobó la indicación enviada por el Gobierno que elimina la evaluación ambiental para proyectos de embalses entre 50 y 300 mil metros cúbicos.
En concreto, la glosa aprobada señala que “considerando la situación excepcional de escasez hídrica, la Comisión Nacional de Riego podrá permitir la postulación a concursos de la Ley N°18.450 de embalses de volumen superior a 50.000 metros cúbicos e inferiores a 300.000 metros cúbicos -sin importar la altura de su muro-, sin que estos deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) establecido en la Ley N°19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente”.
Tras esto, Terram señaló que «esta indicación constituye una grave desnaturalización de la Ley de Presupuesto al regular una materia -como es la exención de sometimiento al SEIA para la construcción de los embalses-, que nada tiene que ver con los ingresos y gastos del sector público, lo que resulta abiertamente inconstitucional».
«La indicación del Ejecutivo constituye un doble atentado al derecho a la participación pública en asuntos ambientales consagrado como derecho en nuestro ordenamiento ambiental, ya que, en primer lugar, vetó la posibilidad de que una modificación legal al SEIA de tal envergadura, pudiera ser discutida de manera pública y con participación de la ciudadanía en el parlamento y, segundo, suprimió toda posibilidad para que la construcción de este tipo de embalses pueda contar con un proceso de participación ciudadana», agregaron.
La organización sostiene que «este tipo de soluciones debiesen ir en retroceso» y que «es irresponsable y raya en la irracionalidad el continuo esfuerzo del Gobierno por generar inversiones en infraestructura que permitan aumentar la superficie regada en una zona en donde existe un grave estrés hídrico».
«Finalmente decimos que los esfuerzos que actualmente hace el Estado en el marco de la crisis del agua en el país, no son suficientes ya que estos debiesen centrarse en modificaciones regulatorias y de gestión, que aseguren el acceso al agua como un derecho humano, establezcan prioridades de uso y definan a la sequía como un tema estructural y no extraordinario en el contexto de cambio climático. Al mismo tiempo, deben generarse acciones urgentes que tiendan a la conservación y restauración de fuentes de agua y cabeceras de cuencas», concluyeron.
