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La caída de Orpis e Isasi y la corrupta Ley de Pesca

por 5 diciembre, 2020

La caída de Orpis e Isasi  y la corrupta Ley de Pesca
Para que haya un acto de corrupción se necesitan dos partes, el corrupto, que recibe pago por utilizar su posición para enriquecerse en su función pública y, de la otra parte, el corruptor, que es quien paga por obtener beneficios más allá de la ley y de la ética. Eso es lo que hizo Corpesca, entidad que agrupa a los grandes empresarios pesqueros y beneficiarios de la corrupta Ley de Pesca, que pagaron a parlamentarios, no solo a Orpis e Isasi, para tener beneficios al margen de la legalidad. Total, los recursos para corromper eran insignificantes, comparados con los beneficios que Orpis, Isasi y otros y otras, les permitieron generarse. La justicia, como casi siempre, ha actuado con extremada lentitud, afortunadamente, en este caso, castigando –con mesura– a algunos de los corruptos por el trámite de esta ley.
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Durante la tramitación de la Ley de Pesca se vio desfilar por el Congreso a muchos lobbistas, representantes de las empresas de las siete familias que, finalmente, fueron los beneficiados con esa ley. Hoy, con el fallo en contra de los exparlamentarios de la UDI, el senador Orpis y la diputada Isasi, se acredita que todo el proceso estuvo acompañado de actos de corrupción que hoy la justicia ha demostrado y sancionado.

Hace diez días aprobamos, en la Cámara de Diputados, la anulación de esa ley, precisamente por la forma corrupta en que fue dictada.

Como era de esperar, el Gobierno del Presidente Piñera anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, para impedir que esa ley espuria sea anulada por el bien de todos los chilenos. Una vez más, la derecha y el Gobierno se ponen del lado de siete de las familias más poderosas del país y en contra de las necesidades de todos los chilenos.

El fallo en contra de Orpis e Isasi, esperemos, se extienda a otros, que incurrieron en los mismos delitos, lo que siente un precedente que es necesario tomar en consideración.

Desde hace algún tiempo, la inmensa mayoría de los chilenos ha perdido la confianza en las instituciones propias del sistema político, lo que es muy complejo, pues la democracia se sostiene, entre otros pilares, en la legitimidad de sus instituciones, lo que hoy está cuestionado.

Cuando los ciudadanos ven que se ha dictado una ley, sobre la base de la corrupción de algunos, desde el Gobierno y desde el Parlamento, para favorecer a un muy pequeño grupo de familias, en desmedro del Bien Común, la pérdida de confianza en las instituciones se desvanece y, la consecuencia de ello, es el debilitamiento del sistema democrático.

Vale la pena preguntarse, entonces, ¿la única ley dictada en estas condiciones de corrupción, ha sido la Ley de Pesca? ¿El lobby de los grandes grupos económicos se ha expresado en otros procesos?

No cabe duda que ello ha sido así.

Eso explica que se hable, desde hace muchos años, de más de 9.200 millones de dólares anuales en exenciones tributarias que todos los análisis señalan que, en más de 6.000 millones, favorecen a grandes empresas y, ello permanece así, año tras año. Recordemos que el actual ministro Briones viene prometiendo, hace un año, que eso será revisado, pero nada ocurre.

Nuestro país ha iniciado un proceso constituyente, sobre la base de la movilización social de la mayoría ciudadana, no por la acción de sus instituciones. La discusión constitucional deberá tener presente el deterioro de la confianza ciudadana en su institucionalidad, que acciones como las de Orpis e Isasi han colaborado fuertemente a generar.

De igual manera, no se genera, desde el Servicio de Impuestos Internos, una política activa para recuperar los 21 mil millones de dólares anuales que evaden los grandes contribuyentes. Ello, sin considerar cifras similares de “elusión”, término eufemístico para expresar la actuación de grandes estudios de abogados que se dedican a “encontrarle la vuelta” para que los más ricos paguen menos impuestos, mientras los más pobres son gravados con ello por todos sus consumos.

Nuestro país ha iniciado un proceso constituyente, sobre la base de la movilización social de la mayoría ciudadana, no por la acción de sus instituciones. La discusión constitucional deberá tener presente el deterioro de la confianza ciudadana en su institucionalidad, que acciones como las de Orpis e Isasi han colaborado fuertemente a generar.

Pero no se trata solo de los titulares de las instituciones políticas; también se trata de la acción de las empresas de los más poderosos, que no trepidan en utilizar todos los medios, lícitos o no, para mantener sus privilegios, en contra de los intereses del país.

Para que haya un acto de corrupción se necesitan dos partes, el corrupto, que recibe pago por utilizar su posición para enriquecerse en su función pública y, de la otra parte, el corruptor, que es quien paga por obtener beneficios más allá de la ley y de la ética.

Eso es lo que hizo Corpesca, entidad que agrupa a los grandes empresarios pesqueros y beneficiarios de la corrupta Ley de Pesca, que pagaron a parlamentarios, no solo a Orpis e Isasi, para tener beneficios al margen de la legalidad. Total, los recursos para corromper eran insignificantes, comparados con los beneficios que Orpis, Isasi y otros y otras les permitieron generarse.

La justicia, como casi siempre, ha actuado con extremada lentitud, afortunadamente, en este caso, castigando –con mesura– a algunos de los corruptos por el trámite de esta ley.

Todo lo anterior debiera ser un llamado de atención para la discusión constitucional que se inicia. Nuestro ordenamiento jurídico deberá ser muchísimo más duro en acordar sanciones particularmente más gravosas, para aquellos que utilizan estos procedimientos, para favor de algunos y perjuicio de todos.

Aún está por verse si don Juan Sutil, muy activo para predicar probidad, promoverá en el gremio empresarial la expulsión de Corpesca, dado el fallo que demuestra que, sin ningún pudor, utilizó todos los medios ilícitos imaginables para quedarse, como se ha entendido en el imaginario colectivo, “con todo el mar de Chile”.

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