PAÍS
Crédito: Agencia Uno
La transformación de la ley de delitos informáticos le daría la facultad al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier ciudadano a los proveedores de servicios en Chile, sin una orden judicial. Activistas e industrias de tecnología mostraron su rechazo a la reforma, demandando fiscalización al Ministerio Público.
La nueva reforma a la ley de delitos informáticos, la cual fue aprobada la semana pasada en comisión mixta, permitiría al Ministerio Público solicitar información sobre cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios en Chile. Hecho que ha causado preocupación y alarma entre los expertos locales de la industria tecnológica y activistas de la protección de los derechos digitales, quienes creen que es clave modificarla «para evitar una sobrevigilancia sin justificación».
La transformación de la ley de delitos informáticos le daría la facultad al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier ciudadano a los proveedores de servicios en Chile, sin una orden judicial. Estos servicios puede ser desde las telecomunicaciones hasta empresas de delivery, entre otras. El nivel de investigación propuesto pondría a Chile a la par del Convenio de Budapest al que se adhirió en 2017.
«Con las facultades que tiene el Ministerio Público hoy, la persecución de delitos en el ciberespacio es ineficiente. Lo que se busca acá es dotar al Estado para que estos delitos sean investigados más rápido», comentó Romina Garrido a El Mercurio, investigadora de innovación pública y experta en derechos digitales de la Universidad Adolfo Ibañez.
De acuerdo a sus conocimientos sobre la reforma, Garrido explica que la solicitud de información personal sin orden judicial contemplan datos como nombre, teléfono y compañía telefónica, pero no aquellos datos «de tráfico», en los cuales se pueden determinar la hora, la ruta y la ubicación de la información que se investigue.
Aún así, que no haya una fiscalización al Ministerio Público es preocupante para los expertos. Es por esto que en una declaración pública que lanzó esta semana El Mercurio, siete organizaciones dedicadas al tema, lideradas por la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información ACTI, argumentaron que la norma en discusión es ambigua y establece como único requisito para el acceso a los datos el que haya «una investigación en curso», lo que «abre un amplio margen para solicitudes genéricas e indefinidas».
El texto difundido establece que «la normalización de la vigilancia estatal vulnera el derecho a los ciudadanos de no ser objeto de intrusiones gubernamentales injustificadas».
Entre las empresas que firmaron la declaración se encuentra la Fundación Derechos Digitales y para su analista de políticas públicas, Michelle Bordachar -quien también fue asesora experta de la nueva ley- dicha reforma va más allá.
Dentro de la solicitud de datos personales, amparados por este proyecto, está la dirección IP, que no es información de «tráfico», es un número que identifica a un dispositivo en la red, pero a través de ella se puede acceder a otro tipo de antecedentes que permitirían sacar conjeturas sobre el comportamiento de una persona.
«Con la IP de un computador podrían dar con identidad del dueño que podría ser alguien con un cuenta en Twitter que no desea revelar su nombre», afirma Garrido.
La experta añade que «es obvio que necesitan datos para investigar de eso no hay duda, pero lo que rechazamos es que no se contemplen mecanismos de fiscalización al Ministerio Público sobre cómo se usan los datos para evitar la sobrevigilancia sin justificación, que se acceda sin ningún control y que no se aumenten las sanciones en caso de mal uso». Garrido asegura que plantearon propuestas para esto, pero no fueron aceptadas por la comisión.
Por otro lado, desde la ACTI, dicen que la nueva ley iría en contra de la garantía constitucional sobre la comunicación. «Esta es una garantía constitucional que pertenece al ámbito de la privacidad», afirma Thierry de Saint Pierre, presidente de la asociación.
«Entendemos la importancia de la investigación, pero creemos que debe haber mecanismos para resguardar los datos personales», agregó.
Patricia Peña, presidenta de la Fundación Datos Protegidos, firmante también de la declaración, opina que incluir un sistema de fiscalización al Ministerio Público en la reforma «es ideal porque permite dar contrapeso a esa vigilancia estatal».
Por su parte, el senador José Miguel Insulza, quien lidera la comisión mixta que aprobó la reforma, comentó en El Mercurio que la iniciativa ya pasó por el Senado y que fue devuelta nuevamente a la comisión con la finalidad de volver a evaluar ciertos puntos. Aseguró al medio que la propuesta será revisada nuevamente el 2 de marzo y que cuenta con al menos dos votos en contra.
