El Gobierno resolvió retirar de la Contraloría General de la República el reglamento de la nueva Ley de Migraciones, que había ingresado el pasado 6 de diciembre de 2021.
Según informa La Tercera, la decisión se fundamentó en que el ente contralor realizó observaciones al Ejecutivo, que podrían haber terminado en declarar ilegal el documento.
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El hecho ocurre en medio de la crisis que se vive en el norte, en donde en los últimos días se han registrado hechos violentos y manifestaciones ciudadanas contra la delincuencia y la descontrolada migración irregular.
Cabe recordar que la iniciativa tardó varios años en ser tramitada en el Congreso, luego de que desde sectores de la oposición calificaran de “discriminatoria” la norma para los migrantes.
La idea en La Moneda era poder comenzar a aplicar la nueva ley antes del próximo 11 de marzo, fecha en que finaliza su mandato el Presidente Sebastián Piñera.
En detalle, de acuerdo al matutino, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, recibió tres documentos con observaciones al reglamento. El primero de ellos reúne al Servicio Jesuita a Migrantes, la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales y la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado. Solicitaban declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de artículos relativos al control de las personas extranjeras que ingresen o egresen del territorio nacional y que indican que el Ejecutivo pretende limitar de manera más extensa, que el legislador, el ejercicio de un derecho consagrado en la Ley, causando desprotección a la familia.
El segundo documento es firmado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR), y la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Y apunta a “la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana”, las cuales buscan “promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales para todos”, esencialmente por las personas en contexto de movilidad humana, migrantes, refugiadas, apátridas, niños, niñas y adolescentes.
El tercer documento es de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, y considera la ilegalidad de otro artículo, acusando una eventual privación de las garantías procesales y de la libertad personal.
