PAÍS
Tras sufrir al menos cinco incendios en un lapso de tres años, el que solía ser el templo institucional de Carabineros, la iglesia de San Francisco de Borja, tiene un futuro incierto. Hoy, carente de su carácter sacro, el inmueble patrimonial ubicado en la comuna de Santiago presenta un alto porcentaje de daños; ya no cuenta con gran parte de los vitrales que lo adornaban; y, según concejales y vecinos del barrio, se convirtió en un punto en el que se realiza toda suerte de incivilidades.
Hace algunas semanas Carabineros lamentó la muerte de tres de sus funcionarios mientras cumplían labores policiales, lo que desató una crisis política e institucional para las policías. Uno de sus mártires, el cabo primero Daniel Palma, fue asesinado de un balazo mientras hacía una fiscalización en la comuna de Santiago el 5 de abril de este año, por lo que el responso fúnebre tuvo que realizarse en un templo de la capital: la parroquia San Ramón, perteneciente a los militares y situada en Providencia.
La iglesia de San Francisco de Borja, que desde 1976 ocupaban las Fuerzas de Orden y Seguridad policiales, está casi destruida y ninguna autoridad tiene claridad aún sobre cuál será su destino. El comodato que por 50 años les facilitó el templo colindante al parque del mismo nombre venció en septiembre del 2022.
Consultados por El Mostrador, Carabineros indicó que por ahora no tienen planes de adquirir un espacio propio para sus ceremonias y responsos. Por otra parte, desde la Junta de Vecinos del sector comentan que han estado en contacto con autoridades, pero no hay un plan concreto para definir en qué se usará el extemplo. El monto al que ascendía restaurarlo era mayor a los cinco mil millones de pesos, y la institución no contaba con los fondos para financiarlo.
En la actualidad, la tutela de la exiglesia le pertenece al Ministerio de Bienes Nacionales, entidad que hasta ahora no ha dado una respuesta definitiva a las solicitudes ciudadanas que impulsan dar un nuevo uso al lugar, aunque sí respondió las preguntas de este medio en cuanto a qué destino tendrá el espacio tras el traspaso concretado el 8 de septiembre del año pasado desde Carabineros.
Al respecto, señalaron que “la prioridad del Ministerio de Bienes Nacionales ha sido su protección, en coordinación con el municipio de Santiago, para prevenir nuevos daños y hechos molestos para la comunidad: se retiraron escombros, se desmalezó, se lavó el piso, se instaló alumbrado básico, se levantó una nueva reja perimetral, y se contrató una empresa de seguridad”. La reparación –según indican– comenzaría este año, pero no señalan una fecha.
Hoy, el interior de la edificación luce completamente iluminado por la ausencia de la estructura que constituía el techo. Los espacios por donde se colaba la luz de colores de los vitrales están vacíos. En vez de los adornos de vidrio que representan escenas de la historia sagrada para la religión católica, en los muros hay grafitis con frases que apuntan contra Carabineros, la institución eclesiástica y el patriarcado.
Consultados respecto a qué pasará con el inmueble, desde la Municipalidad de Santiago comunicaron que “en cuanto a su destino y uso, este no ha sido definido por parte de Bienes Nacionales, no obstante, desde el municipio se ha expresado la intención de buscar iniciativas que involucren el sentir de la comunidad, para que este espacio sea un aporte a la calidad de vida de vecinas y vecinos”.
El primero en afectar la iglesia ocurrió cuando las calles del centro de Santiago seguían cargadas del espesor del estallido: el 3 de enero del 2020 más de la mitad del templo fue quemado. Este, que se construyó a la usanza neogótica en 1876 por el arquitecto británico Hovender Henry, también sufrió daños en los 29 vitrales que fueron traídos desde Francia y que, en 2021, fueron retirados para su restauración por iniciativa del Ministerio del Interior.
Cuando el país todavía estaba sujeto a restricciones sanitarias por la pandemia, se cumplió un año del estallido, y un segundo episodio incendiario hizo sonar las alarmas de varias compañías de bomberos de la capital. Durante la tarde del domingo 18 de octubre del 2020, las llamas comenzaron a consumir la otrora capilla institucional de Carabineros, que además había sido saqueada y cuyas bancas habían sido retiradas para montar barricadas en el exterior. El hecho dejó cinco detenidos, uno de los cuales fue capturado al interior de la iglesia.
Si bien fueron aplacadas las llamas, durante esa misma noche el fuego volvió a convocar al personal de Bomberos. En esa ocasión, el campanario y el techo de la iglesia fueron las principales áreas afectadas. Ese mismo día la iglesia de la Asunción, en calle Vicuña Mackenna n° 69, también fue incendiada por encapuchados.
En esa jornada, que estuvo marcada por los desórdenes y detenciones –que a lo largo del país alcanzaron las 580 personas–, fue particularmente comentada la aprehensión de un funcionario de la Armada en medio de los episodios ocurridos. Con rapidez, la prensa lo ubicó en el sitio del siniestro. Sin embargo, al día siguiente, el entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, aclaró a los medios que dicho funcionario no estaba relacionado con lo ocurrido en la iglesia de San Francisco de Borja.
Otra persona que había sido detenida fue liberada esa misma noche, luego de que el Ministerio Público comprobara que era un reportero gráfico independiente que estaba realizando fotografías en el lugar, y que no tenía relación con el incendio.
Un tercer siniestro afectó la edificación ubicada en la calle Carabineros de Chile número 160. Tras ser controlado por cinco compañías de bomberos, se determinó que el siniestro ocurrido en la tarde del 13 de abril de 2022 se originó en una de las salas del extemplo, siendo un foco más controlable que los de los episodios previos.
En la madrugada del 22 de julio del 2022 ocurrió el cuarto incendio que afectó lo que alguna vez fue la iglesia de la policía uniformada. El origen, señaló la prensa entonces, habría sido una fiesta clandestina de una veintena de personas en los restos del sitio. El grupo había prendido una fogata y vecinos del barrio alertaron a Carabineros, quienes al concurrir al lugar detuvieron a varios de los asistentes.
Mientras el exespacio religioso era un lugar que constantemente era incendiado, su interior fue ocupado y desalojado en varias ocasiones ante las denuncias de vecinos, que reclamaban por el uso que se le estaba dando al lugar donde antes asistían a ceremonias religiosas.
El director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la comuna de Santiago, Kevin Díaz, sostiene que en el área se destinaron “recursos para la seguridad situacional, ya que el lugar también, posestallido social y por pandemia, requiere de otro tipo de intervenciones. De parte del Gobierno Central obtuvimos el (plan) ‘Quiero Mi Barrio’”.
Díaz afirma que además se consiguió un fondo asociado al plan ‘Barrios Comerciales Protegidos’, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. “En ambos casos vienen con inversión situacional: ya hemos empezado a diseñar los proyectos con la misma comunidad y comenzado a trabajar”, detalla.
Lo anterior suma cámaras de televigilancia en el área a través de un contrato de mantención de las mismas, que facilitó “recuperar la cámara de televigilancia que estaba en la calle Carabineros de Chile, dentro del Parque San Borja”. Según el director, por esto “hemos ido mejorando también la visualización de los otros lugares”.
Una de las organizaciones que ha tenido relación con la iglesia y los conflictos de su entorno ha sido la “Fundación Santiago se Levanta”. Su presidenta, Giselle Dussaubat –quien además es vecina del barrio–, explica que en más de una ocasión han emplazado a las instituciones para tomar conocimiento del destino del inmueble.
Dussaubat cuenta que hasta hace poco la parroquia servía para almacenar los artículos que robaban delincuentes en el sector y que, en representación de su organización, ha realizado dos solicitudes de Transparencia a diferentes entidades estatales, con el propósito de acceder a respuestas oficiales ante la urgencia de dar fin a los daños sufridos por el lugar.
La primera fue presentada al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a propósito de la carta que la concejala Rosario Carvajal (IND) presentó a la subsecretaría de dicha cartera ministerial y que fue anunciada por la integrante del Concejo Municipal a través de sus redes sociales.
El mensaje que Carvajal subió a su Twitter el 18 de octubre de 2022 indicaba lo siguiente: “Hoy, hemos solicitado a (Julieta Brodsky) @jubrodsky Ministra @culturas_cl , que pida al Ministerio de Bienes Nacionales, la iglesia San Francisco de Borja, Inmueble de Conservación Histórica de Santiago, para impulsar un proyecto como espacio de memoria abierto a la comunidad. #18DeOctubre”.
En tanto, la solicitud de información de Dussaubat a nombre de la fundación fue rechazada: esto, tras haber sido derivada previamente al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La respuesta ministerial, enviada el 7 de diciembre de 2022, expone que “se procederá a la devolución de la derivación de solicitud de acceso a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, para que puedan responder su solicitud de manera directa”.
El tuit de Carvajal continúa teniendo detractores en el espacio municipal al que ella pertenece. El concejal Santiago Mekis (RN) dice que, respecto a cómo debiera usarse el espacio, “han dado luces algunas concejalas, que quisieran hacer un memorial del 18 de octubre. Pero yo digo que, antes de hacer cualquier cosa, lo más importante es preguntarles a vecinos que vivan en el sector de alrededor. Se debería restaurar la iglesia de Carabineros y que sea un lugar de credo para los vecinos y vecinas de Santiago”.
En tanto, la concejala Carvajal apunta que “los lugares tienen que hacerse cargo de (explicar) la historia: por qué llegamos a esto. Es importante que para resguardar el lugar sepas qué pasó ahí. (El memorial) puede ser parte de la memoria de lo que ha ocurrido en la Alameda: no solamente para el 18 de octubre, sino de lo que ha ocurrido en la ciudad”.
“Es importante esa reflexión y esa observación para no seguir perdiendo espacios patrimoniales en la ciudad de Santiago. Esta no es la única iglesia que se quemó: también quemaron la Iglesia de la Veracruz en Lastarria, y la que fue más dañada, la de Vicuña Mackenna. Entonces, ¿por qué sucede esto? Es relevante el cuestionamiento, hacerse cargo de la memoria de los lugares con la idea de que no vuelva a ocurrir”, añade la integrante del Concejo Municipal.
La segunda solicitud de Transparencia ingresada por Dussaubat fue al Ministerio de Bienes Nacionales, que hoy es el encargado del inmueble. Lo requerido por la presidenta de “Santiago se Levanta” es exactamente igual al primer documento: “Solicito nos envíen copia del documento presentado por la Sra. Carvajal e información de los firmantes y solicitantes, así como actualización sobre estado actual de dicha solicitud”.
Con fecha del 26 de enero de este año, la respuesta del ministerio dice: “La gestión requerida a este ministerio se encuentra en etapa de análisis y aún no se cuenta con una resolución por parte de las autoridades ministeriales que se refleje en un acto administrativo, por lo que se deniega la solicitud de información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública”. Dussaubat afirma que es la última información que le ha extendido el ministerio.
Según publicó La Tercera en octubre de 2022, un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Santiago y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) comprendía un trazado de acción sobre el espacio, como parte del plan “Quiero Mi Barrio” y el trabajo de recuperación de fachadas en la zona.
El último incendio en afectar lo que solía ser la iglesia de San Francisco de Borja ocurrió este año: en la tarde del sábado 25 de febrero. Para conseguir frenar el avance de las llamas, fue necesaria la acción de tres compañías de bomberos de la capital.
Desde los inicios del 2020 a la fecha –cuando comenzaron los episodios incendiarios en el exinmueble sacro–, la Municipalidad de Santiago ha realizado al menos cuatro licitaciones que contemplan acciones en el entorno de la iglesia San Francisco de Borja, de acuerdo a la información de Mercado Público.
La primera data del 8 de junio del 2020 –solo meses después del primer incidente–, que se realizó para reponer una reja perimetral en el parque donde se encuentra el inmueble. Luego, en noviembre del 2021, se realizó una nueva licitación para fortalecer el “servicio de seguridad para parques y otros IMS”, donde se incluía al Parque San Borja. Esta, de acuerdo a la información de la página, figura como “desierta”.
En 2022, la municipalidad publicó otra licitación de las mismas características, el 11 de febrero: esta, en cambio, aparece adjudicada. Por último, este año figura, en la plataforma habilitada para que los organismos estatales compren productos y servicios, una licitación titulada “Obras alumbrado público agrupaciones vecinales”: en esta delimitación, se considera la número 7, donde se ubican el parque y la iglesia abandonada.
Consultado por El Mostrador respecto a estas acciones, el municipio de la capital respondió, a través de su equipo de Comunicaciones, que “en primer término, precisar que dicho inmueble nunca ha sido de responsabilidad de la Municipalidad de Santiago”.
“En ese sentido, desde que Carabineros traspasó dicho inmueble al Ministerio de Bienes Nacionales, en septiembre de 2022, nuestra participación como municipio de Santiago respecto de este asunto, ha sido el de colaborar con dicha secretaría de Estado y apoyar las medidas que se implementaron para la protección perimetral del edificio y de recuperación de su entorno inmediato, lo que consideró la instalación de luminarias, habilitación de una nueva reja perimetral y la contratación de una empresa de seguridad”.
“En cuanto a su destino y uso, este no ha sido definido por parte de Bienes Nacionales, no obstante, desde el municipio se ha expresado la intención de buscar iniciativas que involucren el sentir de la comunidad, para que este espacio sea un aporte a la calidad de vida de vecinas y vecinos”, consigna lo comunicado desde el municipio.
“Se espera iniciar los estudios y obras de reparación durante 2023. El futuro uso del inmueble se definirá considerando la voz de las y los vecinos y las de distintas instituciones que han manifestado interés en desarrollar sus actividades en el lugar. El ministerio se encuentra estudiando distintas opciones. Desde Bienes Nacionales se privilegiará un uso que revitalice el barrio”, agrega la misiva.
La presidenta de la Junta de Vecinos de San Borja, Sonia Riquelme, indica que como organización quieren el espacio para usar dos edificios pequeños que forman parte de la iglesia, “a lo mejor como una oficina de la municipalidad, una sanidad, más la Junta de Vecinos, y para talleres para los vecinos. La idea es que se convierta en un lugar comunitario, porque nuestros vecinos son adultos mayores y el problema que tenemos es que, cuando tienen que ir a talleres o a gimnasia, tienen que ir a Avenida Matta Sur, y lo otro queda en Matucana. Todo está a trasmano, y los vecinos a los que les cuesta moverse no van para allá”.
Para determinar qué es lo que quiere la comunidad, Riquelme afirma que están realizando una encuesta puerta a puerta con la idea de alcanzar a 3 mil vecinos de los edificios que corresponden a la junta vecinal: “Ahí vamos a tener una idea bien certera de qué es lo que quieren los vecinos con esto”.
Hacia fines de este mes, pretenden tener cerrada la consulta, que en su momento les recomendó hacer el exseremi de Bienes Nacionales, Germán Pino. En la reunión, que ocurrió en enero de este año, “dijimos que esos edificios estaban en buenas condiciones, que era fundamental el cierre de la iglesia, porque ese espacio estaba lleno de delincuentes peligrosos. Y él nos prometió el cierre en febrero, pero salió ahora en marzo. Los vecinos están todos contentos, porque de ahí se bajaban al parque y hacían unas megafiestas en la noche”, comenta la presidenta de la Junta de Vecinos.
“Pero llegó el nuevo seremi de Bienes Nacionales: le mandamos una carta para que nos recibiera, para explicarle de nuevo qué es lo que los vecinos querían con el espacio y todavía no nos contesta”.
Hoy, frente a la iglesia hay un cartel que indica el inicio de obras para enrejar el perímetro: licitación que este año abrió el ministerio tutor del espacio. En tanto, la propuesta de volver a habilitar el inmueble como iglesia también es parte de los deseos de la comunidad, pero –según Riquelme– es una de las últimas opciones a barajar, por el alto costo de la reparación. Lo que quiera la comunidad se verá, entonces, reflejado en la consulta: por mientras, dice, “nosotros seguimos insistiendo”.
