Opinión
Guinda para la torta fue la carta que la UDI envió al Gobierno exigiendo “la salida del ministro Jackson idealmente en 48 horas” por haber “orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones y de estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores”, y llegando a condicionar el diálogo por un tema histórico como las pensiones, que requiere ser zanjado de una vez por todas.
El cambio generacional de la política tradicional y el punto de inflexión de los llamados 30 años, se dio durante el Gobierno de Piñera en el estallido social. El momento de la jubilación de muchos referentes de la Concertación y de los coroneles de la derecha llegó de manera forzosa. En ese momento y en parte por la embriaguez del contexto, se posicionó una oposición de la extrema izquierda que comenzó a abusar de las acusaciones constitucionales para desestabilizar al Gobierno, llegando incluso a ser acusado el propio Piñera. Los partidos de la tradicional Concertación, viéndose desconcertados ante el basureo a los 30 años por parte de esta nueva generación, agacharon el moño, hicieron una autocrítica, buscaron sumarse y asimilarse a esa nueva fuerza que los podría arrastrar nuevamente a La Moneda, ante las claras derrotas de sus candidatas en las primarias y primera vuelta. Pero eso tendría su costo… costo que estamos viendo.
Un sector de la socialdemocracia sabía que sumarse les iba a costar caro a la larga, o sea, “pan para hoy, hambre para mañana”, y el senador Fidel Espinoza es un representante de esta tesis. El parlamentario se ha mostrado distante del oficialismo para diferenciarse de ese sector del socialismo democrático que se quiso mimetizar tras el estallido social con esta izquierda. Espinoza, desde que asumió el Gobierno, se ha resistido a que esta nueva generación, que surge desde los movimientos estudiantiles, que ni siquiera vivieron las crueldades de la dictadura ni lucharon por la vuelta de la democracia, les quite la hegemonía de la izquierda y ha mostrado toda su dureza con el oficialismo tras el caso Convenios.
El senador realmente ha incomodado al Gobierno, que es la tarea que debería hacer una buena oposición, pero al frente también hay una nueva generación de la derecha dispersa que, al igual que el Frente Amplio cuando fue oposición, está aprendiendo a serlo y el camino que ha recorrido ha estado lleno de errores y descoordinaciones. El sector siempre se quejó de la cantidad de acusaciones constitucionales que presentó la anterior oposición cuando Chile Vamos fue Gobierno, y ahora ha presentado cuatro en menos de un año y medio. De hecho, ha utilizado esta herramienta como una suerte de Ley del Talión, del “ojo por ojo, diente por diente”, que tanto criticaron. Cabe recordar que hasta se desplegaban en redes sociales para apoyar a sus ministros involucrados en esa problemática.
Siguiendo con el tema de las acusaciones, sin dudas, la más penosa, fue la última contra el ministro Ávila, ya que las anteriores fueron propiciadas solo por Republicanos. Acusar al ministro de Educación fue un costo político y quemar un cartucho innecesariamente, por una autoridad que desde el propio Gobierno quisieron y quieren sacar. Sin embargo, la actual oposición se enredó entre sus dos almas, una que apunta a ganar espacio más en el centro como una derecha más progresista y la otra que proviene de un sector aún muy conservador, sobre todo en lo valórico. Como está de moda y el capital político lo tiene Republicanos, gran parte de la derecha (al igual como pasó con la centroizquierda en el estallido social) quiere mimetizarse con el bando que la lleva en este momento. ¡Resultado! se presentó igual la acusación… pero con dos grandes errores de amateurismo político.
El primero, no alinear bien a sus filas en un mensaje comunicacional sobre las razones tras la acusación, considerando el flaco favor que hicieron la Dra. Cordero, que tildó al ministro de “pervertido” y “asqueroso”, junto a la “brillante” intervención de la activista Marcela Aranda en la Comisión de Educación, quien dijo que el ministro “ha superado el límite de lo privado” por su “activismo LGBTIQ+”. Estas acciones cambiaron el “frame” de la acusación y la llevó a que pasara más por la orientación sexual del ministro que por el mérito del libelo.
El segundo error, que en gran parte es consecuencia del primero, fue creer, sin asegurar a través de negociaciones, que se contaba con todos los votos de parte de sectores de Chile Vamos, independientemente de que con esos votos tampoco alcanzaba para la destitución, lo que finalmente terminó en un fortalecimiento para un ministro del oficialismo que estaba en la UTI.
Después de ese chascarro y pese a que el caso Convenios seguía con bencina incrementando su fuego, vino el turno de Republicanos de sacar el tema de la agenda, con enmiendas identitarias propias del sector, como por ejemplo que los mayores de 75 años privados de libertad cumplan pena de cárcel domiciliaria. Sin embargo, aunque en muchas partes del mundo se realiza, acá tenemos el problema de que estamos en contexto de 50 años del golpe y aún hay exagentes del Estado que oscilan esa edad, como Álvaro Corbalán (71) y Miguel Krassnoff (77), que están cumpliendo penas de cárcel por violaciones a los derechos humanos tras el golpe, que se verían beneficiados con esa medida. En esa línea nuevamente se está dando la lógica maximalista de la fracasada Convención, de querer imponer una visión de un sector a un documento que solamente reglamenta la arquitectura de la política del Estado y sus poderes, en una suerte de revancha ideológica a como actuó la fracasada ex Convención Constitucional.
Guinda para la torta fue la carta que la UDI envió al Gobierno exigiendo “la salida del ministro Jackson idealmente en 48 horas” por haber “orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones y de estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores”, y llegando a condicionar el diálogo por un tema histórico como las pensiones, que requiere ser zanjado de una vez por todas. Ahí se debe hacer la diferencia entre ser oposición y ser obstruccionista, como si la salida de un ministro como Jackson, que ya está desgastado y que ya fue sacado antes de Segpres, fuese a ser la solución de los problemas que aquejan a los chilenos. Como respaldo a lo mal evaluado que está este actuar por parte de la ciudadanía, están las cifras de la encuesta CEP de la semana pasada en que justamente los partidos políticos y el Congreso se encuentran con el “farol rojo encendido”, al final de la tabla en cuanto a confianza ciudadana.
Es lógico que las oposiciones, sea cual sea su color político, están destinadas a fiscalizar y a ser piedras de tope de los distintos gobiernos de turno, sin embargo, parece que desde la derecha no tomaron nota de la pésima actuación que tuvieron quienes hoy nos gobiernan en ese sentido. Se arrepintieron de los retiros, asumieron que había terrorismo en la Macrozona Sur y entendieron que es casi imposible condonar el CAE.
Por lo mismo, más que ser meros negacionistas de la sal y el agua, la actual oposición debería utilizar armas como las acusaciones constitucionales no de una manera vengativa, sino que específicamente como un acto fiscalizatorio donde efectivamente existan antecedentes de que ciertos ministros violan la actual Constitución. El amateurismo con el cual actúa la derecha es más de lo mismo, y el discurso de una oposición “constructiva” de principios de Gobierno duró lo mismo que la excitación de tener una nueva Constitución para los sectores de izquierda.
