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Según un documento de la Subsecretaría de Minería, Pérez de Arce, exmilitante histórico del PS, es el principal responsable de la crisis sin precedentes que vive la Empresa Nacional de Minería. El texto se nutre de información pública y conocida, pero esconde una trama de incorporaciones y recontrataciones de personas ligadas a partidos políticos, que recuerda a las viejas prácticas de los años 90.
A las 12:08 horas del 27 de julio quedó registrado, en el computador de un funcionario de la Subsecretaría de Minería, el texto con una minuta de 15 puntos, que detalla el pésimo momento financiero que atraviesa la Empresa Nacional de Minería (Enami).
“Actualmente ENAMI está en su peor crisis financiera. No se ha conocido peores números en toda su administración. La rigidez de su estructura, una mala gestión y sus obligaciones económicas han generado problemas de gobernanza financiera severos”, dice el documento.
La minuta –según confirmaron en la subsecretaría– fue redactada por un asesor del gabinete del subsecretario Willy Kracht (CS). Sin embargo, enfatizaron que se trataría de una evaluación preliminar, pero no por ello menos cierta. De hecho, las conclusiones sobre la situación de la Enami coinciden con un informe publicado por el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) semanas antes, basado en los estados financieros públicos de la compañía y publicado el 6 de julio.
El análisis hecho por el think tank ligado a la UDI concluye que la Enami, a fines de 2021, tenía un patrimonio de US$ 464 millones y actualmente, al 31 de marzo de 2023, esa cantidad bajó a US$ 240 millones. Vale decir que en 15 meses la Empresa Nacional de Minería perdió el 48% de su patrimonio.
“La empresa ha tenido dificultades para mostrar que tiene espalda para enfrentar dicha deuda. Ha tenido problemas para acceder a créditos, no sólo a tener tasas de interés aceptables sino que al mismo hecho de poder acceder a un crédito”, afirma el documento.
Pero la diferencia entre las conclusiones de LyD y el documento escrito en la repartición de Gobierno es que este último apunta directamente al vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce (ex PS), como uno de los principales responsables de la situación en la empresa.
En el texto se consigna lo siguiente: “El Vicepresidente Ejecutivo actual de ENAMI ha liderado la empresa en tres gestiones anteriores. La crisis actual no es indiferente a su gestión”. Y en otro apartado advierte que “la vicepresidencia Ejecutiva de la empresa no entrega toda la información a Cochilco (ente técnico gubernamental encargado de velar por el buen desempeño de la minería chilena y parte del directorio de ENAMI), ni al Ministerio de Minería, en tiempo y forma”.
El miércoles de la semana pasada, en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados, el señalado vicepresidente ejecutivo de la compañía estatal, Jaime Pérez de Arce (PS), rebatió el informe de LyD. Señaló que tenía errores “lamentables”. Sin embargo, reconoció el dato duro sobre la pérdida de patrimonio. “La pérdida está prácticamente explicada por variables exógenas tales como el precio del cobre por US$ 190 millones, menores dividendos de TECK [minera Quebrada Blanca] US$ 9 millones, el incremento significativo de las tasas de interés que significó mayores costos financieros de US$ 21 millones. Lo anterior, sumado a las malas decisiones de la Administración anterior que impactaron negativamente en US$ MM 37, nos llevan a la situación financiera de ENAMI en la actualidad”, explicó Pérez de Arce.
El actual vicepresidente ejecutivo ha estado en tres ocasiones anteriores ocupando el mismo cargo: durante el Gobierno de Ricardo Lagos y los dos de Michelle Bachelet. Por eso, no es extraño que en 16 años haya acumulado poder. Desde 1990 comenzó en el sector público en el directorio de Correos de Chile y fue subsecretario de Educación de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En el PS perteneció a la tendencia de los “terceristas”, como el exministro Ricardo Solari o el exsenador Ricardo Núñez. Fue detenido por la CNI en los años 80 y relegado a la Región del Maule. En 2020 renunció al partido y ocupó distintos puestos en Codelco durante el Gobierno de Piñera, llegando a la vicepresidencia de Recursos Humanos.
En este sentido, Pérez de Arce se defendió de otras dos conclusiones que contiene el informe de Libertad y Desarrollo sobre el gasto de personal, que –según este documento– aumentó en un 144%. “Presenta las cosas de manera totalmente distorsionada. (…) el informe no aclara que ese aumento corresponde en más de un 120% al impacto del pago de negociación colectiva”, sostuvo, asegurando que “el resto del porcentaje (24%) se divide entre el efecto del IPC, y un 4% de incentivos legales”.
Más allá de las cifras, el aterrizaje de Pérez de Arce sí incluye a gente cercana y que colaboró con él en previas administraciones. Aunque renunció al Partido Socialista en 2020, sigue conectado a la colectividad en que militó desde los 14 años. Algunas personas cercanas a él están en el equipo de gerencia de la Enami; otros, en jefaturas o puestos estratégicos. Entre ellos, Arturo Reyes, socialista y quien fuera gerente de Recursos Humanos en administraciones anteriores. Ahora, está entre la lista de asesores de Pérez de Arce, un cargo nuevo en el listado de personal. Al igual que Héctor Soto, también PS, contratado en la Gerencia de Fomento, pero que trabaja como asesor en un Plan Estratégico que el directorio no ha aprobado.
Uno de los gerentes desvinculados en el período anterior es Gonzalo Vergara, simpatizante PS, quien regresó a la empresa con un equipo de cinco personas, todas despedidas en la administración previa, la misma que ha servido a Pérez de Arce para explicar la situación actual de la compañía, la que es pública pero no está en el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
Otra ejecutiva de Enami que ingresó el 2022 es Viviana Ireland (PS), exintendenta de Atacama. Con ella, llegaron sin concurso a cargos nuevos, recién creados, Luis Araya e Isadora Jorratt, coordinadora de Innovación, hija del dirigente Jorge Jorratt Wigand, socialista contemporáneo de Pérez de Arce, vinculado al sector minero y que ocupó un lugar en el directorio de Enami en el segundo mandato de Bachelet.
En la Comisión de Minería de la Cámara, Pérez de Arce defendió la recontratación de dos personas vinculadas al organigrama de ventas. Pedro Pablo Lavín, subgerente comercial de Mercado Futuro, y Sandra Bertoglio, subgerenta comercial. Pérez de Arce aseguró que se trata de experimentados y antiguos ejecutivos que trabajan en la empresa desde los años 80. Lo que omitió fue el pago de indemnizaciones millonarias ($850 millones en total) y el hecho de que hayan salido en medio de irregularidades detectadas por una auditoría de Price Waterhouse a fines de 2022.
Más arriba en el organigrama hay otros ejecutivos recontratados: Iván Fortín, ya jubilado pero de regreso como gerente comercial, y Gianvictor Cuneo, en el estratégico puesto de la Gerencia de Recursos Humanos y Comunicaciones de Enami.
Cuneo es militante socialista. Postuló al Comité Central en las últimas elecciones del partido, en mayo de 2022, y no fue elegido. Durante la administración anterior de Pérez de Arce y hasta 2019, trabajó como jefe de Relaciones Laborales. En marzo de 2022, antes de su cargo actual y de que Pérez de Arce asumiera la vicepresidencia ejecutiva, en abril del año pasado, Cuneo era el jefe de gabinete del subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera. El subsecretario Herrera trabajó en Enami. Concretamente, a cargo del proyecto de modernización de la Fundición Hernán Videla Lira. Junto a Cuneo, han vuelto tres personas que hoy trabajan en su equipo y que fueron desvinculadas en la administración que encabezó Enrique Valdivieso.
Bajo el mando de Gianvictor Cuneo en la gerencia de Recursos Humanos y Comunicaciones, trabaja Paula Iriarte, dirigente sindical, que ocupa un cargo nuevo. Analista de Capacitación, fue ascendida en tres niveles (grados), a pesar de que una circular de la propia Vicepresidencia Ejecutiva prohibía el aumento de remuneraciones, debido a la situación financiera de la empresa. También se aumentó la remuneración de Waldo Antoine, en el cargo nuevo de jefe de Capacitación, bajo el mando de Cuneo.
El rango de influencia de Pérez de Arce no llega solo a las gerencias, también –como en el caso de Paula Iriarte– a los sindicatos. Como analista de remuneraciones fue contratado sin concurso, en 2016, Cristián Guzmán, hijo de la dirigente sindical Nora Miranda, cercana a Pérez de Arce. En una situación similar está Eduardo de la Barrera, contratado en 2023, hijo del dirigente sindical del mismo nombre, en la fundición en Paipote. Se desempeña como ingeniero de Control Preventivo y dentro de sus funciones está auditar a su cuñado, Rodrigo Navarrete, superintendente de Abastecimiento. Finalmente, Danny Sepúlveda, experto en Prevención de Riesgos, quien es hijo del dirigente sindical de Enami Jorge Sepúlveda.
Un nuevo proyecto para modernizar la fundición de cobre en Paipote es la llave para salir de la crisis financiera, según explicó Pérez de Arce en la Cámara. Afirmó que en su administración anterior se diseñó dicho proyecto, que debía construirse en 2020 y que habría estabilizado –señaló– la situación económica de la empresa estatal. Precisamente, a partir de este tema técnico, se abrió un problema político. El subsecretario de Minería, Willy Kracht, miembro del directorio de Enami, en representación de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ha cuestionado el proyecto de Pérez de Arce para la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira (HVL). Kracht pidió atender las recomendaciones de Cochilco y trabajar en mejoras para la señalada iniciativa.
En este sentido, la minuta preliminar de la subsecretaría reafirma lo que Kracht ha intentado explicar a través de la prensa desde comienzos de julio, pero que especialmente los políticos de la zona han entendido como la intención del subsecretario de cerrar la fundición.
“ENAMI presentó a COCHILCO antecedentes para su evaluación de preinversión de la modernización de la Fundición HVL, como lo exige la normativa, a fines de 2022. Sin embargo, la evaluación arrojó valores negativos (-137 millones de dólares), esto es, para una inversión del orden de alrededor de 1.100 millones de dólares, al cabo de 25 años no se recupera el total de la inversión, perdiéndose un total de 137 millones de dólares. En definitiva, el proyecto como está planteado es una mala inversión y un mal negocio para el Estado (desde la perspectiva económica)”, detalla la minuta, que además consigna los pasos posteriores a haber recibido estos resultados.
“Preocupados por los números que arrojó la revisión de Cochilco, la ministra de Minería y el subsecretario se reunieron con autoridades de Cochilco el día 12 de junio para revisar en detalle los análisis realizados, luego de lo cual Cochilco les remitió, el día 13 de junio por correo electrónico, una minuta en que ‘sugiere que el directorio evalúe la contratación de una revisión independiente sobre los antecedentes de respaldo del estudio pre-inversional presentado por la Administración de ENAMI a la evaluación conjunta de Mideso-Cochilco’”, añade el documento.
La fundición, para los conocedores de la empresa, es el origen de la guerrilla entre Pérez de Arce y el subsecretario Willy Kracht, la que por cierto no ha sido directa. Ni Kracht se ha expresado en malos términos contra Pérez de Arce o viceversa.
Quien sí se puso el traje de combate fue Marcelo Rocha, abogado, fiscal de la Enami. A fines de junio, Rocha publicó en El Mercurio las razones de su renuncia al directorio (cargo que ejercía ad honorem), el que dejó lanzando una fuerte crítica al subsecretario por, supuestamente, “obstaculizar” la entrada de la Empresa Nacional de Minería en el negocio del litio. Antes –también por la prensa–, Rocha había acusado a Kracht de “filtrar” un supuesto voto de censura en el directorio contra Pérez de Arce. El subsecretario solo explicó que estaba molesto por una entrevista en que el vicepresidente ejecutivo explicaba la Estrategia Nacional del Litio “sin preguntarle a nadie”, afirma una fuente desde el directorio de la empresa estatal.
La misma fuente afirma que el origen de esta pugna entre el subsecretario y Pérez de Arce, además de las diferencias técnicas por el proyecto de la Fundición HVL, está en el hecho de quién tomará el control de la empresa para llevarla a la entrada del negocio del litio. Pérez de Arce tiene de su parte a la plana ejecutiva y Kracht encuentra apoyo en el directorio, donde se repiten nombres del reducido sector privado del negocio minero, en el que el actual subsecretario trabajó como investigador de Cesco, ente técnico privado de alto prestigio y por el que han pasado varios ejecutivos del sector, como Osvaldo Urzúa, exejecutivo de BHP y actual director de Enami en representación de Corfo.
Marcelo Rocha –el fiscal de Enami– y Willy Kracht eran cercanos. Ambos militan en Convergencia Social (CS). Rocha trabajó en la campaña presidencial de Boric en temas mineros, junto a otros exsocialistas, como el propio Pérez de Arce y el actual subsecretario. Prueba de la buena relación entre ambos es que Rocha se fue en las primeras semanas del Gobierno a trabajar con Kracht en su gabinete. Pero el subsecretario lo dejó ir como fiscal de Enami, donde se convirtió en el brazo derecho de Jaime Pérez de Arce.
De hecho, cuando Rocha cuestionó duramente en la prensa al subsecretario, en rigor de más alto rango que él, la ministra Marcela Hernando se comunicó con Pérez de Arce para pedirle que sacara a Rocha de su puesto de fiscal. Conocedores de la conversación afirman que el vicepresidente ejecutivo se negó a removerlo, afirmando que era una “persona de su confianza”. Rocha asumió como fiscal de Enami en 2022, aun cuando mantuvo su cargo como consejero en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) en representación de la Asociación de Mineros de Tocopilla, el que dejó en abril de 2023
La minuta de la Subsecretaría de Minería, escrita el 27 de julio, aparece un día después de una entrevista en El Mercurio a la ministra Marcela Hernando, donde defiende la gestión de Pérez de Arce, asegurando que los problemas de Enami son en un 80% estructurales. Además, precisa que el proyecto de fundición sobre el que Kracht expresó reparos ya está avanzando a una etapa “pre inversional”, luego de superar las observaciones de Cochilco. Estas definiciones, en lenguaje político, significaron una quitada de piso al subsecretario, que sorprendió a quienes han seguido el conflicto desde dentro. Pero a la vez se puede entender como otra expresión de poder de Pérez de Arce. Al menos tres personas cercanas a la ministra Hernando están contratadas en Enami. Partiendo por el gerente de Administración y Finanzas, Enrique Bastías, que entró en 2022 y antes fue director administrativo del Hospital de Antofagasta, cuando Hernando era diputada. Bajo esta gerencia trabaja el contralor de la empresa, Richard Guerra, quien tuvo el mismo cargo en el señalado Hospital de Antofagasta.
También tiene un puesto en la empresa pública Luis Hernán Díaz, exjefe de gabinete de Marcela Hernando cuando era diputada. Entró este año a Enami como ingeniero de Control Preventivo, en un cargo que depende de Administración y Finanzas. Un caso similar al del periodista José Valdivia, que trabaja en el área de comunicaciones de Enami y fue jefe de gabinete de la ministra cuando recién asumió el actual Gobierno.
En este mapa, la relación de fuerzas para el subsecretario Kracht aparece más debilitada. Aunque tiene el apoyo del directorio, donde valoran su posición técnica y, en cambio, hay resquemor sobre la continuidad del fiscal Rocha, por cuanto se arrogó la representación de Enami para anunciar una querella en contra de Kracht por filtrar el supuesto voto de censura contra Pérez de Arce.
También existe preocupación en el directorio por las diferencias de trato con algunas empresas. Es el caso de la eléctrica Acciona, que decidió poner fin al contrato de suministro con Enami, un servicio crítico, luego de verificar la deuda de 77 facturas. Al interior del directorio sorprende que a otras compañías, como Minera Cruz –que controla la explotación de la mina Panulcillo, que alimenta el Complejo Delta de Enami en Ovalle–, se les paga puntualmente antes del 5 de cada mes.
Otro asunto que preocupa en la mesa directiva es el episodio de una supuesta irregularidad con Translog, empresa de transportes que tuvo problemas con Enami por la pérdida de un camión con ánodos de cobre sin garantía ni seguro de carga, tras lo cual Pérez de Arce habría autorizado el pago de facturas y recontratación del servicio mediante un correo directo a la fiscalía interna, que encabeza Rocha.
El fiscal sigue en guerra con Kracht. En efecto, la semana pasada presentó un recurso contra el subsecretario en el Tribunal Supremo de Convergencia Social, acusándolo de “conspiración” para sacar a Pérez de Arce, relatando que Kracht le habría pedido armar un caso en contra del vicepresidente ejecutivo para destituirlo. Consultados en la Subsecretaría de Minería, aseguran que Kracht no ha sido notificado. Igualmente, ayer en la Cámara el diputado Álvaro Carter planteó la posibilidad de citarlo para que explique este episodio.
