PAÍS
¿Qué se propone y qué se está discutiendo al respecto? Te lo contamos en Cápsulas Constituyentes, una colaboración de Tenemos que Hablar de Chile, plataforma colaborativa de participación y diálogo ciudadano, y El Mostrador.
La propuesta constitucional señala en el artículo 1 que el Estado de Chile es Social y Democrático de derecho, reconoce derechos y libertades fundamentales, establece deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales.
En el capítulo II se regulan estos derechos, señalando, por ejemplo, que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona y las familias tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos; que el Estado tendrá el deber preferente de garantizar la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas; se establece la propiedad de las personas sobre sus cotizaciones y ahorros previsionales, y el acceso a prestaciones básicas y uniformes, a través de instituciones públicas o privadas –como las AFP.
Se incluye el derecho a la vivienda adecuada, estableciendo que el propietario de la vivienda principal estará exento del pago de toda contribución e impuesto territorial.
Además, la propuesta considera el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación, así como la libertad sindical, la que incluye el derecho a sindicalizarse, a la huelga en el marco de la negociación colectiva y a constituir sindicatos.
En conversación con Tenemos que Hablar de Chile, Magdalena Vergara, Directora de Estudios de Idea País, destaca aspectos que considera positivos de la propuesta, como la incorporación de normativas que permiten una modernización del Estado: “Esta que era una de las grandes demandas de la ciudadanía respecto de dar mayores seguridades por parte del Estado, lo que a su vez va de la mano con otros aspectos que a mi juicio son muy necesarios. Avanzar hacia un estado social exige más al Estado, y por lo mismo necesitamos un Estado que sea más eficiente y eficaz a la hora de administrar los recursos”.
“Son una arquitectura, un diseño que nos permite establecer deberes concretos, respetando ciertas libertades. Mecanismos jurídicos para desplegar el rol del Estado, pero defendiendo también a una sociedad libre, crecedora y que se pueda desplegar para contribuir, con prestadores públicos y privados, la satisfacción de los derechos sociales”, añade, el ex comisionado experto por la UDI, Máximo Pavez, sobre los aspectos claves de la propuesta.
En la otra vereda, Tomás Leighton, Director Ejecutivo de Rumbo Colectivo, criticó la propuesta. “En particular, lo que hace la propuesta es mantener la idea de que los servicios básicos de la población dependan del bolsillo de quien los puede pagar, como ocurre hoy día con la salud y las pensiones. Y esto va a pasar en parte porque por un lado, no se prohíbe el lucro con los derechos sociales, y por otro lado, porque pone lo público y lo privado al mismo nivel, lo que genera que se pueda asegurar la continuidad del negocio de las AFP y las Isapres de alguna manera, lo que la Constitución del ochenta permite o habilita, que es la existencia de estas instituciones privadas que lucran con la salud o con las pensiones de la población. Hoy día se asegura sus condiciones de existencia hacia el futuro”.
Al respecto, la ex consejera del Frente Amplio, María Pardo, opinó que la propuesta no cumple: “Hay derechos que más bien son la consagración a nivel constitucional de un modelo de negocios, de las AFP, de las Isapres; en esta constitución no hay mecanismos para proteger a los trabajadores, sino más bien se les quitan derechos. Me parece que es una propuesta peligrosa y que finalmente no cumple con el objetivo más importante de un Estado social que es mejorar las condiciones de vida de las personas”.
Para más información revisa nuestro resumen de la propuesta en tenemosquehablardechile.cl y escucha Tenemos que Hablar, el podcast que realizamos en colaboración con radio Pauta.
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