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Tres miembros del Colegio de Profesores regional iniciaron la medida, que podría afectar el inicio de clases programado para el martes. “Pero hay que ser claro, esa decisión se toma por la Asamblea y esto está en desarrollo”, advirtió el presidente de la entidad.
Las clases de los establecimientos públicos en la región de Atacama, que comienzan el próximo martes, están en riesgo, luego que este viernes parte de la directiva del Colegio de Profesores de Atacama iniciara una huelga de hambre.
La medida se enmarca en disputa con el Ministerio de Educación por las malas condiciones de las escuelas dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), y que causaron el año pasado una movilización de más de dos meses.
La huelga se lleva a cabo en las dependencias del Colegio de Profesores en Copiapó y es llevada a cabo por Pablo Santibáñez, presidente comunal de Caldera, Yariela Ardiles, secretaria de la sección regional, y Carlos Rodríguez, presidente del directorio regional.
Según explicó este último a El Mostrador, el objetivo es que las autoridades, en primer lugar, cumplan lo que se comprometieron en el año 2023 a realizar, en las distintas escuelas y liceos, que son las obras de mediano plazo, que quedaron perfectamente identificadas y de acuerdo a la información que entregaron las autoridades, financiadas, y que se iban a desarrollar en el tiempo de enero y febrero. “Esto no se realizó y tiene que cumplirse”, manifestó.
“Ahora, hay una segunda instancia donde las autoridades dicen que los colegios están habilitados y eso tiene que ver con la mantención natural que se le hace a cualquier establecimiento educacional a lo largo del país, cuando viene marzo. Entonces aquí hay un compromiso incumplido que nos había llenado de expectativa de tener un normal año escolar 2024, pero seguimos en esta situación de incumplimiento”, lamentó.
Respecto a los compromisos incluidos, Rodríguez pidió a las autoridades decir “cuándo lo van a hacer, a través de qué acciones, financiamiento, fechas, plazos y responsables. No podríamos aceptar o naturalizar que los compromisos de nuestras autoridades públicas no se cumplan”.
Rodriguez puso como ejemplo que a última hora las autoridades intentan habilitar el alcantarillado de la Escuela de Desarrollo Artístico de Caldera, que como otros tiene “problemas serios en sus instalaciones”. “Son esas obras que deberían haberse realizado con todo el tiempo y no fueron realizadas, sencillamente”.
Consultado sobre si hubo alguna explicación, respondió que “no está la explicación, y por eso es lo que nosotros esperamos de las autoridades. Efectivamente, lo que no se hizo ya quedó allí, pero eso no significa que el problema desaparece por el solo hecho de no hacerlo. Tienen que decirnos cuándo, entregando certeza, la garantía de que eso va a ser, pero como yo les planteaba, en forma más acotada”.
En ese contexto, el dirigente señaló de cinco puntos pendientes, entre otros la elaboración del Plan de Recuperación de la Educación Pública en Atacama, y el ordenamiento jurídico, administrativo y financiero del SLEP. También “la actualización de saberes o recuperación de saberes, porque acá tenemos instalado un rezago propio de este abandono”.
“Nuestra preocupación en hacer bien nuestro trabajo, pero con este incumplimiento, con este desorden, que, o sea, nosotros dicen, mira, hay una cantidad de plata para invertir, pero no la vemos, y hay una cantidad de dinero también perdido. Un ejemplo, el SLEP Atacama ya parte su funcionamiento afectado en su presupuesto por 30% por deudas de arrastre”.
Finalmente, en cómo afectará la huelga de hambre el inicio de clases, programado para el martes, el dirigente dijo “están todas las condiciones para movilizarse, para pararse y todo eso, pero cualquier decisión la tomaremos en conjunto con todas las unidades educativas que corresponden al SLEP Atacama”.
Añadió que en la región son 79 establecimientos bajo la administración del SLEP Atacama, de los cuales una cuarentena “están con esta situación en su infraestructura en obra de mediano alcance”. En conjunto, este SLEP atiende sobre 30.000 estudiantes, “o sea, estamos hablando de miles de estudiantes que afectaría una situación de paralización”.
“Pero hay que ser claro, esa decisión se toma por la Asamblea y esto está en desarrollo. O sea, aquí hay una huelga de hambre para tratar de no llegar a una paralización y las autoridades tomen control de la situación y nos digan claramente qué es lo que hay que hacer”, concluyó.
