Opinión: entre las medidas para detenerla, no podía faltar la frescura

“No los queremos más en el fútbol”. “Los vamos a perseguir y los vamos a erradicar de los estadios”.

Las declaraciones de Sergio Jadue, presidente de la Asociación de Fútbol Profesional, ANFP, sonaron bien luego de la batalla campal que se produjo en el Fiscal de Talca, vergonzoso e irritante colofón de otros incidentes que, por repetitivos, nos tienen hartos. Hartos de presenciarlos y de criticarlos en una prédica que, por estéril, parece no encontrar jamás respuesta ni destino.

Si hasta parece que escribir sobre esto es hacer el ridículo o perder el tiempo.

Porque, ¿cuántas veces hemos visto con asombro e indignación lo mismo, sin que ni el fútbol ni los poderes del Estado hagan lo que tienen que hacer, esto es, meter a la cárcel a aquellos que no trepidan en agredir, destruir lo que encuentran a su paso y, en el colmo de la audacia y la impudicia, enfrentarse a carabineros?

Muchas veces. De hecho, el escándalo de Talca vino a sumarse, en el lapso de escasos días, a hechos similares ocurridos en el estadio La Portada de La Serena, cuando hinchas de Coquimbo destruyeron instalaciones de un recinto inaugurado recién para la Copa América, y al enfrentamiento tipo carcelario –con cuchillos y cadenas- entre wanderinos y evertonianos en el Sausalito, antes incluso de que el partido comenzara.

Ante la gravedad de tales hechos, y como ocurre siempre, tanto las autoridades gubernamentales como las del fútbol reaccionaron con una dureza verbal que, desgraciadamente, nunca encuentra correlato en los hechos concretos.

Mientras José Roa, director de “Estadio Seguro”, en algo muy parecido al chiste del sofá de Don Otto, partió por anunciar que se suspendían los partidos entre Coquimbo y La Serena, en el “Sánchez Rumoroso”, y el de Rangers-Curicó, en Talca, “por no haber seguridad de que se pudieran desarrollar normalmente”, aclaró luego que Wanderers con Everton se enfrentarían únicamente con hinchas “caturros”, y que el encuentro entre Universidad de Chile y O´Higgins, en el Estadio Nacional, sólo tendría el pase si se cumplían con todas las exigencias destinadas a evitar desmanes.

Sergio Jadue, presidente de la ANFP, por su parte, en concurrida conferencia de prensa dio a conocer siete medidas en orden a impedir la repetición de los bochornosos acontecimientos de la última semana y que tienen al fútbol al borde del descalabro.

Algunas, por cierto, sólo parecen la versión alambicada de otras tentativas precedentes, como el Registro Nacional de Hinchas, que parece una copia algo mejorada del empadronamiento supuestamente realizado en años anteriores. Otras, como convocar a una “mesa de trabajo” en que estén convocados los tres poderes del Estado, más el fútbol, Ministerio Público y Carabineros, parece muy bien, siempre que no termine en la designación de una “Comisión”, que en este país están lo suficientemente desprestigiadas como para que no provoquen inmediatas burlas y el más descarnado de los escepticismos.

Donde Jadue, sin embargo, equivoca rotundamente el foco de su análisis, es cuando en la tercera de sus medidas para intentar detener la violencia, anuncia que el fútbol solicitará al Gobierno el regreso de Carabineros al interior de los estadios.

Y decimos que se pierde el foco porque, una vez más, el fútbol, que es un espectáculo de privados, intenta seguir usufructuando de los escasos recursos estatales pidiendo que sea la fuerza pública la que garantice una tranquilidad y una seguridad que es obligación de ellos proporcionar a sus clientes. Con ese mismo criterio, habría que destinar contingentes de carabineros en cines, recitales, discotecas y cualquier recinto que acoja público en cantidades.

Convengamos que fueron los sucesivos gobiernos los que mal acostumbraron a los clubes, hoy transformados en aplastante mayoría en Sociedades Anónimas Deportivas, cuando mostraron la mejor de las disposiciones para ayudarles generosamente en el financiamiento del negocio.

Primero, construyéndoles graciosamente estadios que sólo van a utilizar ellos, gastando miles de millones de pesos del erario nacional en circunstancias de que existe una aguda escasez de hospitales, escuelas medianamente decentes e incluso de cárceles para encerrar a una delincuencia que claramente nos tiene desbordados.

Segundo, permitiendo que, mediante la triquiñuela del “Fútbol Joven”, las Sociedades Anónimas Deportivas hicieran uso y abuso de recursos estatales a través de esos generoso donantes que, contribuyendo al financiamiento de las series menores de los clubes, hacían luego un sustancioso descuento en los impuestos que debían pagar. Y cuando, tras sucesivas denuncias de la prensa sobre la descarada martingala, el Estado pudo por fin advertir que le estaban hace rato metiendo el dedo en la boca e impidió que continuara la frescura, algunas Sociedades Anónimas Deportivas, entre ellas Everton, no hallaron nada mejor que vacunar al municipio viñamarino con idéntica treta.

El basta a esta incestuosa relación económica entre fútbol y Gobierno parece haberla dado el impreciso anuncio presidencial de la construcción de un nuevo “Juan Pinto Durán”. El resto de las disciplinas deportivas reaccionaron con justificada indignación y entonces, desde el gobierno mismo, tuvieron que surgir voces para aclarar que el Ejecutivo no va a poner un peso en la ejecución de una obra que el fútbol está en perfectas condiciones de acometer por sí solo, considerando los ingentes recursos que año a año recauda por público, “sponsors” y abonados al monopólico Canal del Fútbol, cuyo valor alcanza, según su última tasación, a cerca de mil millones de dólares.

El mismo Jadue debió salir en auxilio de la desafortunada expresión de la Presidente Bachelet para aclarar que, respecto de este punto, sólo se conversó sobre la entrega de algún terreno en comodato para la construcción del nuevo complejo deportivo destinado a albergar a las Selecciones Chilenas. Porque si algo hay cierto en todo esto, es que “Juan Pinto Durán”, construido en 1961, se quedó definitivamente en el pasado y terminó transformándose en una molestia incluso para los vecinos.

Pero pedir que Carabineros vuelva al interior de los estadios para seguir resguardando un negocio de privados suena a monumental frescura, señor Jadue.

De partida, porque significa destinar un contingente no escaso, que harta falta hace en las calles en días de verdadero carnaval delincuencial. En otras palabras, dejar aún más desguarnecida a esa gente decente que ha debido rodearse de cámaras y sistemas de alarmas en sectores más pudientes, y de rejas y alambres de púas en los sectores más populares, para intentar sentirse un poco más seguros, al precio de transformarse en presos en su propio hogar mientras los que debieran estar tras las rejas circulan libres por las calles, burlándose de nosotros, “los giles”.

No, señor Jadue. Inviertan ustedes mismos en seguridad, ya que hasta ahora sólo lo han hecho a regañadientes, mal, y apelando seguido a la trampa. Como Everton, que para el partido frente a Wanderers, en el Sausalito, tenía la exigencia de contar con 200 guardias, pero como a los regentes de ese club les dolió el bolsillo tan desmesurado desembolso, sólo contrataron a 65 tipos que fueron absolutamente desbordados por la multitud. El resultado ya se conoce: los patitos malos de ambos clubes se dieron un festín de agresiones con arma blanca y objetos contundentes.
Pero intentemos ser justos: no todos los dados se les pueden cargar a quienes dirigen nuestro fútbol.

Es una muy mala señal que, tras “la batalla del Sausalito”, sólo fueran detenidos ocho tipos en los alrededores del estadio. Y que sólo siete hayan caído tras los desmanes ocurridos en Talca. Mucho peor que, del total de esos quince delincuentes, sólo cuatro de ellos quedaran en prisión preventiva: tres en Viña del Mar y uno en Talca.
Los restantes, todos libres.

En suma, lo que puede verse es que no existe voluntad para terminar con este flagelo. Que las declaraciones altisonantes son sólo para la galería, y destinadas a quedar en el olvido hasta tanto no se produzca otra gresca de proporciones.

Tenemos el ejemplo claro de cómo Inglaterra extirpó el cáncer que significaban los “hooligans”. Medidas draconianas que, sin embargo, son las únicas posibles cuando se trata de ellos o de nosotros.

Partieron por identificar a los cabecillas de las barras, detenerlos, ficharlos y obligarlos a presentarse en la comisaría más cercana el día del partido de su club, para ponerlos tras las rejas desde la mañana y hasta la noche. Y si alguno quería pasarse de vivo y seguir los pasos de quienes eran sus líderes, colándose en un partido, de ser detenido por desórdenes o agresión arriesgaba de inmediato tres años de cárcel, de la cual no lo salvaba ni siquiera una apelación de la Reina Isabel II. Para qué decir si alguno de ellos osaba poner un pie en la cancha…
Pero estamos en Chile, donde todo se hace a medias y, con frecuencia, mal.

No sé cuántas ilusiones podemos hacernos de un país que, traumado por la permanente violación de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura, ha caído en el complejo de darle a la delincuencia un trato tan garantista que ha hecho olvidar que son los honestos, los honrados y los decentes, los únicos con autoridad moral para exigir que la justicia opere como debiera operar.