El exsenador de Renovación Nacional y presidente de dicha colectividad se refirió a la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado de Chile se pronuncie sobre el caso de su hijo Martín Larrín, quien fue absuelto de cualquier responsabilidad penal en tres instancias judiciales. tras el atropello, con resultado de muerte, a Hernán Canales.
Polémico. El ex-senador de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, consideró que él y su familia son los grandes perjudicados ante la solicitud de la familia de Hernán Canales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado de Chile corrija el caso que involucra a su hijo Martín.
El también presidente de RN fue consultado por el caso en el programa Mesa Central de Canal 13, donde puso el foco en el cuestionamiento sobre quién financia la acción judicial, «porque ir a la Corte Internacional cuesta dinero, ¿Quién está detrás de eso?», preguntó Larraín.
Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió la postura al Gobierno de Chile por la absolución de Martín Larraín en el atropello con resultado de muerte a Hernán Canales la madrugada del 18 de septiembre del año 2013.
“Los grandes perjudicados con la forma que el Estado manejó el accidente de mi hijo, fue mi familia. Porque tuvo que enfrentarse a una Fiscalía que estaba completamente salida de madre, con unos señores que quisieron hacerse famosos en un cuarto de hora; que fueron censurados por el tribunal que absolvió”, indicó el exsenador.
Bajo esa premisa, Larraín reiteró que su hijo fue absuelto en tres instancias y que el último tribunal también acusó a la Fiscalía de “montar una persecución judicial”.
“El tribunal que absolvió a Martín, tras tres instancias todas confirmatorias, acusó a la Fiscalía de montar una persecución judicial, de falsear las pruebas sometidas al tribunal y esconder evidencia determinante. La Fiscalía debió ser destituida al 100%, ahí sí que hay responsabilidad del Estado y no pasó nada”, enfatizó Larraín.
La familia de Hernán Canales elevó el caso a la CIDH en 2015, luego que la causa fuese vista por todas las instancias posibles en Chile, siendo la petición al gobierno el primer paso del organismo internacional para su revisión.
