El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, se refirió a la aprobación de la idea de legislar la ley corta de isapres, a la espera del informe preparado por un Comité Técnico que busca dar viabilidad al cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema, sin provocar un colapso en el sistema. “Aquí se requiere una transición pactada y razonable, que evite la quiebra de las aseguradoras, que haga cumplir el fallo, que no interrumpa la atención de las personas, pero que además dibuje un escenario distinto”, señaló el parlamentario socialista.
Hoy, martes 10 de octubre, la Comisión de Salud de la Cámara Alta recibirá a los coordinadores del Comité Técnico, para posteriormente iniciar la etapa de ingreso de indicaciones y su votación en particular. Entre los objetivos generales de la ley corta están: el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Suprema, evitando el quiebre de las isapres; rebaja de los precios de los planes tras su entrada en vigencia; fortalecimiento de Fonasa y mayores facultades fiscalizadoras para la Superintendencia de Salud, entre otros temas.
“Esperamos que este esfuerzo dé frutos, para que durante octubre podamos sacar la ley corta del Senado, o a principios de noviembre, y darle una salida razonable a la expectativa ciudadana que espera que haya claridad, reglas nuevas y justicia para la gente a la que le deben dinero. Recordemos que aquí hay 600 mil contratos a los que deben pagar retroactivamente dineros cobrados de más, hay también rebajas en los precios de los planes producto de las tablas de factores y la prima del Auge que se cobró cerca de un cincuenta por ciento en exceso, según la Corte Suprema, por parte de muchas isapres”, señaló el senador Juan Luis Castro (PS).
Castro aseguró que las isapres no van a continuar bajo el modelo que hemos conocido hasta ahora. “Están agotadas, eso lo saben y lo aceptan. Van en proceso de reconvertirse a seguros complementarios con tarifas planas. Lo que importa es que en el intertanto –que debe ser un plazo de dos años– tengamos esta ley vigente y haya un puente hacia el futuro, que nadie sea expulsado, ojalá que no quiebre ninguna aseguradora, pero tengamos las reglas nuevas que nos van a acompañar hacia adelante”, puntualizó.
En ese sentido, agregó que “aquí se requiere una transición pactada y razonable, que evite la quiebra de las aseguradoras, que haga cumplir el fallo, que no interrumpa la atención de las personas, pero que además dibuje un escenario distinto. (…) En esa transición tiene que haber libertad de movilidad en el sistema, un Plan Universal de Salud lo más amplio posible, múltiples prestadores, pero al mismo tiempo una industria de isapres que vaya remodelándose hacia seguros complementarios”.
El parlamentario también se refirió al estudio de una eventual acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y las críticas hacia su conducción política ante la paralización de funcionarios del sector, después que se comunicara la desvinculación de seis mil trabajadores ligados a la alerta sanitaria por Covid-19.
“La ministra, teniendo las mejores condiciones, necesita más respaldo político, más complicidad de todos los sectores, que permita reabrir un escenario de diálogo que, desgraciadamente, no se ha dado en el último tiempo. Tener una interlocución más cercana con los legisladores para que, así, se evite un aislamiento”, sostuvo.
En esa línea, el legislador añadió que su “voz (de la titular del Minsal) ha sido insuficiente para permear las puertas de Hacienda y de La Moneda, que hasta ahora se muestran muy inflexibles en esta restricción presupuestaria actual. No solo es un despido gremial de gente sino que una afectación a las metas del propio Gobierno. El Presidente Boric ha sostenido que no tiene 50 mil millones de pesos para sostener este personal, pero, si la expansión del Presupuesto 2024 es de 1,2 billones de pesos, cómo no va a haber un pedacito para sostener al personal que hoy cumple labores esenciales”.
