Los defensores del fundador de WikiLeaks, a quien Ecuador le concedió asilo diplomático, dicen que Assange no cuenta con la debida protección de su país. Pero, ¿cómo le corresponde actuar el gobierno australiano en un caso así?
Para alguien en problemas, qué mejor que correr a casa. No es el caso de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks requerido en Suecia por supuestos delitos sexuales, quien ha dicho que su país –Australia– lo «abandonó» y que por ello buscó refugio en la embajada de Ecuador en Londres.
Mientras el gobierno australiano asegura que le sigue prestando ayuda consular a Assange, él y sus defensores arguyen que su país en realidad no lo ha defendido.
Días después de solicitar el 19 de junio asilo en la embajada ecuatoriana, aseguró que su país había hecho una «declaración efectiva de abandono» al negarse a intervenir en la extradición prevista.
Él siempre ha mantenido que sufre una «persecución» y ha desestimado los cargos de la Justicia sueca.
Cuando salió al balcón de la embajada al cumplir dos meses en la embajada, no habló de las acusaciones que pesan en su contra pero sí denunció lo que calificó como una «caza de brujas» estadounidense en su contra.
Y días antes, cuando el gobierno de Rafael Correa le había concedido el estatus de asilado, Ecuador emitió una declaración en la que aseguró que el país había «constatado» que Assange «se encuentra sin la debida protección y auxilio que debía recibir de parte del Estado del cual es ciudadano».
Assange ha acusado a la primera ministra, Julia Gillard, de usar «retórica falsa» y ha desestimado la postura australiana de que ha estado recibiendo asistencia consular.
El exjuez español Baltasar Garzón lidera el equipo legal de Assange.
Sus partidarios argumentan que desde un principio Australia ha sido territorio inhóspito para Assange.
Australia no sólo tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, país con el cual mantiene una estrecha relación, sino que a fines de 2010 el fiscal general del país dijo que la policía estaba investigando si las filtraciones de WikiLeaks habían violado la ley australiana y no descartó cancelar el pasaporte de Assange si se descubría que había cometido un crimen contra su país.
De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, un alto funcionario australiano le dijo a Assange que como él había jugado «por fuera de las reglas», lo iban a tratar de la misma forma.
En aquel entonces, el propio canciller Kevin Rudd, criticó la actitud de su gobierno hacia EE.UU., «haciendo todo lo posible por asistir en una investigación que claramente está dirigida a tenderle una trampa a un ciudadano australiano».
La primera ministra Gillard, con quien Rudd había perdido meses antes el liderazgo del partido laborista y por ende del gobierno, había «condenado absolutamente» las acciones de WikiLeaks y considerado que habían hecho algo «extremadamente irresponsable e ilegal».
Gillard disparó un intenso debate en Australia y fue acusada desde algunos sectores de no haberle dado a Assange la presunción de inocencia.
Con el correr de los días, Gillard debió clarificar su mensaje: lo ilegal era el robo de los cables diplomáticos estadounidenses y el rol de Assange, «extremadamente irresponsable», pero remarcó que el fundador de WikiLeaks recibiría asistencia consular.
Una investigación de la Policía Federal Australiana no pudo determinar que WikiLeaks hubiera violado alguna ley australiana al publicar los documentos secretos.
Legisladores australianos de izquierda pedían en ese entonces que el gobierno dejara de tratarlo como un criminal y protegiera sus derechos como ciudadano australiano.
Assange era muy crítico de la postura del gobierno australiano sobre la filtración de los cables. En un artículo de opinión en el diario The Australian, acusó a las autoridades de un «consentimiento vergonzoso» para con los estadounidenses y de poner los poderes del gobierno a la entera disposición de Estados Unidos.
En el artículo titulado «No maten al mensajero por revelar verdades incómodas», aseguró que la fiscalía estaba haciendo «todo lo posible para ayudar a una investigación estadounidense claramente dirigida a incriminar a ciudadanos australianos y enviarlos a Estados Unidos».
¿Extradición a EE.UU.? El equipo legal de Julian Assange teme que su defendido termine siendo extraditado a Estados Unidos. Pero, ¿hay algo que puede hacer Australia en este momento para evitarlo? De acuerdo a Charles Crawford, quien fue embajador británico en Sarajevo, Belgrado y Polonia entre 1996 y 2007, señala que aunque la defensa de Assange crea que el gobierno de su país debería estar haciendo todo lo posible para evitarlo, «eso sería una mala práctica diplomática, y molesta para otros gobiernos, de estar perdiendo el tiempo haciendo lobby sobre la base de situaciones puramente hipotéticas o de miedos extremos».
La semana pasada el canciller australiano, Bob Carr, aseguró que Assange no corre peligro de ser extraditado a Estados Unidos si esto supone un juicio militar o enfrentarse a una posible pena de muerte.
Al mismo tiempo, su gobierno reconocía que la embajada australiana en Washington había puesto en marcha «planes de contingencia» en caso de que la extradición tuviera lugar.
El ministro aseguró que antes de que Ecuador le diera el asilo diplomático, funcionarios consulares australianos hablaron ocho veces con el personal de la embajada ecuatoriana, que a su vez le transmitía los mensajes a Assange.
Esto fue confirmado a BBC Mundo por funcionarios de la embajada, quienes reconocieron que «el propio Julian» había «desestimado» la asistencia. El fundador de WikiLeaks, intentó, a través de la embajada ecuatoriana, conseguir un pasaporte australiano, pero desde el consulado australiano dijeron que no podía hacerlo a través de otra personas sin que ésta tuviera un poder.
Carr aseguró que Australia sólo puede prestar a Assange ayuda consular, ya que el caso judicial está fuera de su jurisdicción.
Sin embargo, el líder de su equipo legal, el exjuez español Baltasar Garzón, criticó a las autoridades australianas por desestimar los pedidos de Assange para recibir asistencia diplomática.
«La respuesta fue enteramente negativa a cada una y a todas las peticiones. Aunque al señor Assange le hayan retirado el pasaporte y es un refugiado en la embajada ecuatoriana, él es un ciudadano de Australia y por tanto tiene todos sus derechos», aseguró.
En una carta hecha pública por defensores de Assange, el cónsul australiano en Londres, Ken Pascoe, aseguró al responder a sus abogados que los servicios consulares «en los casos en que los australianos están enfrentando procesos judiciales en el extranjero en general comprenden asistencia para su bienestar y los esfuerzos para asegurar que reciban el debido proceso legal».
Pascoe estableció, en la misiva fechada el 19 de julio, que su gobierno no puede representar a un ciudadano ni intervenir en los procedimientos legales extranjeros pero que continuaban ofreciendo asistencia consultar y que «continuarán vigilando de cerca su situación y abogando en su nombre para asegurarse de que se conceda un procedimiento justo y ajustado al debido proceso».
BBC Mundo se comunicó con la embajada australiana en Londres para conocer la postura del gobierno pero dijeron no estar autorizados a hablar sobre el caso.
El exabogado del gobierno británico y profesor universitario Carl Gardner, quien ha seguido de cerca el caso Assange, le dice a BBC Mundo que «lo normal en un caso como éste es no hacer nada. No creo que Australia tenga algún motivo para pensar que (Assange) está siendo maltratado. Sería diferente si, por ejemplo, estuviera siendo torturado, incomunidado, o maltratado de alguna manera».
Los defensores de Assange aseguran que ha sido abandonado por Australia.
Charles Crawford, quien fue embajador británico en Sarajevo, Belgrado y Polonia entre 1996 y 2007, hace hincapié en que ningún país puede «intervenir fácilmente ni correctamente en los procesos de otro país».
«Ruidosos intentos de alto perfil para hacerlo son normalmente ignorados y/o pueden empeorar las cosas para la persona involucrada. Además, un país debe considerar si intervenir para protestar en nombre de una persona, no sienta un precedente para intervenir en nombre de todos sus ciudadanos cuando se meten en problemas», le dice Crawford a BBC Mundo.
«Assange –agrega el exdiplomático– se encuentra en una situación jurídica compleja en Europa por sus propias acciones. Su comportamiento en el extranjero no es un problema del gobierno ni de los contribuyentes australianos. Sin embargo, tiene derecho a recibir un justo apoyo consular y por lo que sé lo está recibiendo».
Por su parte, Javier Roldán Barbero, catedrático de Derecho internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Granada, cuestiona el papel de las autoridades australianas.
«Australia ha desistido formalmente de hacerlo (de defender a Assange). Puede alegar una doctrina discutida que es la de «manos limpias» (clean hands), según la cual el Estado no tendría que proteger a su nacional cuando éste hubiera actuado incorrecta o ilegalmente».
«En todo caso, se trataría de una cuestión doméstica australiana que Garzón no podría reclamar en el plano internacional», agrega Roldán Barbero.
