La normativa, al que la oposición describe como «un golpe contra la legitimidad», le otorga amplios poderes al gobernante y establece que las decisiones del mandatario no pueden ser revocadas por ninguna autoridad, incluyendo el Poder Judicial.
Cuando en junio de 2012 Mohamed Mursi juró como quinto presidente de Egipto, muchos de los que participaron en las protestas de la revolución egipcia lo vieron como un salvador que podría mejorar un país que salía de tres décadas de gobierno de Hosni Mubarak, que abandonó el poder en febrero de 2011.
Menos de medio año después, Mursi ha desatado la furia de muchos egipcios al firmar un nuevo decreto constitucional que le otorga amplios poderes y sus opositores lo han acusado de querer ser el «nuevo faraón».
El decreto, al que la oposición describe como «un golpe contra la legitimidad», establece que las decisiones del mandatario no pueden ser revocadas por ninguna autoridad, incluyendo el Poder Judicial.
El mismo día en el que se conoció el decreto, las calles de la capital, El Cairo, se volvieron a llenar con protestas tanto de sus opositores, que se manifestaron al grito de «Mursi es Mubarak», como de sus partidarios que salieron a las calles a mostrarle su apoyo y justificaban que la decisión tiene la finalidad de proteger la revolución egipcia.
En El Cairo egipcio se produjeron choques entre la policía y los manifestantes que, según la agencia estatal Mena, dejaron al menos tres heridos.
«No es una elección sino una necesidad»
«Vine porque Mursi está excediendo todos los límites aceptables. Va contra los jueces, contra el pueblo. Quiere convertirse en una especie de Dios y no es Dios. Promete, promete, promete y no hace nada», le dijo un manifestante a la BBC en la plaza Tahrir de El Cairo.
«Nada ha cambiado salvo que los Hermanos Musulmanes están por todos los lados. (Mursi) no sobrevivirá a esto. O retrocede en lo que hizo o que se vaya de Egipto», exhortó.
Algunas de las principales figuras opositoras acusaron a Mursi en una rueda de prensa conjunta de «monopolizar las tres ramas del gobierno» y aseguran que con esta medida el presidente eliminará la independencia del poder judicial.
El Premio Nobel dela Paz, el opositor Mohamed El Baradei, escribió en su cuenta de la red social Twitter que Mursi se ha «autodenominado como el nuevo faraón». A su juicio, el decreto es «un fuerte golpe a la revolución que podría tener funestas consecuencias».
Pero para Gehad El Haddad, analista del Partido Islámico Libertad y Justicia que apoya al presidente, el decreto es una necesidad y no una opción. Además, para él no hay comparación posible entre Mursi y Mubarak.
«No se puede hacer una comparación entre un dictador autodesignado que estuvo 30 años en el poder y el primer civil elegido presidente en la historia de Egipto», opina el analista, que considera que a Mursi el pueblo le dio con su voto la confianza «para seguir adelante con la revolución».
Preocupación internacional
Las protestas obligaron este viernes al presidente a hacer una aparición pública ante sus seguidores en El Cairo en la que aseguró que gobierna para todos los egipcios y defendió que firmó el decreto en pro de la estabilidad del país.
Sin embargo, el sentimiento en Egipto es que el país está cada vez más dividido, según informa el corresponsal de la BBC en El Cairo, Jon Leyne, que dice tener la sensación de que este es el «principio de una nueva ola de turbulencias».
La decisión se produce en la misma semana en la que su papel de mediador en la tregua entre Israel y los palestinos le hizo ganarse grandes alabanzas, entre ellas la de Estados Unidos que elogió su pragmatismo.
Pero sólo dos días después, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, aseguró que el decreto firmado por Mursi había «generado preocupación» en la comunidad internacional, ya que la revolución egipcia «tenía el fin de asegurar que el poder no se concentraría en las manos de una sola persona o institución».
Nuland pidió «diálogo democrático» en Egipto para resolver los problemas constitucionales.
Las nuevas medidas
Todas las investigaciones sobre la muerte de manifestantes o el uso de violencia contra ellos serán realizadas de nuevo; los juicios de los acusados se volverán a celebrar.
Todas las declaraciones constitucionales, leyes y decretos realizados desde que Mursi asumió el poder no pueden ser apeladas o canceladas por ningún individuo o cuerpo político o gubernamental.
El fiscal será nombrado por el presidente por un periodo fijo de cuatro años y debe tener al menos 40 años.
La asamblea constituyente tiene dos meses adicionales para preparar una nueva constitución.
Ninguna autoridad judicial puede disolver la asamblea constituyente ola Cámara Alta del Parlamento (Consejo de la Shura).
El presidente está autorizado a tomar cualquier medida que considere apropiada para preservar la revolución, para preservar la unidad nacional o proteger la seguridad nacional.
